Es una evidencia que el Gobierno de Canarias anda desgañitado, vociferando contra el Gobierno del PSOE, para que se firmen y se transfieran cuanto antes los convenios para las obras públicas en Canarias. Y tiene muchas razones para reclamarlo.
Lo que ocurre es que estos convenios estaban acordados con el PP desde 2017, además de los contenidos en el recurso que se ganó ante los tribunales de Justicia. Y nunca, en más de un año, se oyó clamor alguno por parte de Coalición Canaria, increpando y demandando al entonces presidente Rajoy.
Este cambio de actitud vociferante obedece a varias razones: la primera es que a Coalición Canaria no le ha sentado muy bien la moción de censura contra el partido más corrupto de la Unión Europea y, por ello, aún siguen los coalicioneros nostálgicos de aquellos tiempos en que gobernaban las derechas de Rajoy y Rivera, con el apoyo de PNV, CC y NC a la hora de votar aquellos presupuestos antisociales.
Otra razón, fundamental, es que llevamos una década con escasa inversión pública y con inmisericordes recortes sociales. Y el gran empresariado, amigo de Coalición Canaria, arregostado a la inveterada costumbre de los sobrecostes, ha recibido poco encargo de obras públicas, y lleva tiempo demandándolo, pues en ello les va el negocio.
Y, finalmente, otra importante razón es que nos encontramos a escasos ocho meses de unas elecciones europeas, autonómicas y municipales. Y ya Coalición Canaria y su socio gomero de la ASG han sufrido un primer revés con la más que posible reforma del sistema electoral canario que, aunque insuficiente, significa un pequeño avance respecto al actual, el que con cinco mil votos en una isla puedes obtener tres diputados y con cincuenta mil en todo el archipiélago puedes quedar fuera del Parlamento canario.
Por eso, el Gobierno de Clavijo, en caída libre, necesita urgentemente algún proyecto de una carretera o un túnel, ante cuya maqueta fotografiarse, o alguna cinta que cortar delante de un terreno donde se construirá otro puerto innecesario, como el de Fonsalía.
Y ahí está el peligro: en los primeros nueve meses del año, y con datos de septiembre, el Gobierno de Canarias apenas ha ejecutado un 7.3% del presupuesto de inversiones en Obras Públicas y Transportes, fundamentalmente en carreteras.
De los 238 millones de euros, el Gobierno de Clavijo y Pablo Rodríguez tan sólo ha podido certificar 17,35 millones. Y están en el último -esperamos que esta vez sí- año de legislatura, después de 27 años ininterrumpidos en el Gobierno de Canarias.
No es de fiar un gobierno que no planifica con tiempo suficiente las obras, que funciona a base de ocurrencias, como el improvisado bono residente canario para la isla de Tenerife.
No es de fiar un gobierno que gastó ingentes cantidades de euros en los puertos de Arinaga y Granadilla, prometiendo miles de empleos, y actualmente se encuentran en estado de abandono.
No es de fiar un gobierno que entierra millones de euros en puertos, sin rentabilidad social ni económica alguna, como el de Tazacorte o Garachico. Y que además amenaza con seguir ampliándolos.
No es de fiar un gobierno que comenzó la legislatura aprobando la Ley del Suelo para favorecer la especulación, más aún si cabe, en nuestro territorio. Y que, posiblemente, en el último suspiro de los cuatro años de mandato, apruebe la Ley de Servicios Sociales. Primero, los negocios de unos pocos, olvidando las necesidades e intereses de la mayoría social.
Por tanto, no es de fiar un gobierno que piense sólo en unas pocas personas, que se enriquecen a costa de la obra pública, y deje en la cuneta a cientos de miles de personas que se encuentran en Canarias en situación de extrema pobreza y exclusión social.
Seguramente, por eso les molesta tanto Podemos y Unidos Podemos, y nos tachan de populistas, porque somos capaces de hacer mirar al PSOE hacia la izquierda y acordar para los próximos Presupuestos para 2019 que el Salario Mínimo Interprofesional suba hasta los 900 euros, que las pensiones se actualicen conforme al IPC, que los autónomos paguen su cuota en función de los ingresos o que se universalice la educación infantil 0-3 años.
Ahí esperamos el voto de la diputada Oramas.
Esa medida y el resto de las 50 páginas acordadas, sí que benefician a la mayoría social en Canarias; tal vez no las apoyen, porque sus padrinos y beneficiados de la obra pública vayan a tener que pagar más al erario público. Y eso está "muy feo".
Los que hemos venido a la política para cambiarla en beneficio de la mayoría social vamos a continuar por esa senda, trabajando por la defensa de lo público, que en definitiva son nuestros derechos.
Somos gente de fiar.
Por Manuel Marrero Morales, Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Canarias
