A medida que se aproxima la cita con las urnas, una percepción desasosegante se abre paso en el ánimo colectivo. No se trata del habitual ruido electoral, caracterizado por el intercambio de reproches vacíos y consignas de consumo rápido. Es algo más denso, una corriente de fondo que parece alterar la temperatura misma de nuestra convivencia. Las tinieblas, bajo la forma de una propuesta política radical y reaccionaria, ya no solo asoman en el horizonte normativo como una hipótesis de laboratorio, sino que amenazan con ocupar el centro neurálgico del Estado.
El fenómeno obliga a un ejercicio de lucidez que supere el mero lamento y analice las implicaciones materiales de este giro y las razones de nuestra propia intemperie.
Para calibrar la hondura del abismo que se divisa, conviene desnudarse de prejuicios y desglosar con rigor los dos modelos de sociedad que se miden en esta encrucijada. La propuesta de la extrema derecha no representa una simple alternancia de gobierno, sino una impugnación de los consensos fundacionales sobre los que se ha edificado la modernidad de este país.
En el orden económico, el proyecto reaccionario camina sobre una dualidad peligrosa. Por un lado, se abandera una desregulación fiscal agresiva, prometiendo rebajas impositivas que, bajo el señuelo del alivio general, desarman en realidad la capacidad redistributiva del Estado y benefician de manera desproporcionada a las rentas más altas. Por otro lado, esta asfixia de los ingresos públicos se traduce inevitablemente en el desmantelamiento de los servicios esenciales. La introducción de dinámicas de mercado en la sanidad y la educación (fórmulas como el cheque escolar o la externalización de servicios) no busca la eficiencia, sino la segregación. Transforma los derechos ciudadanos en bienes de consumo accesibles solo para quien pueda pagarlos, resquebrajando el pacto de solidaridad intergeneracional. Frente a ello, el modelo de resistencia, aunque timorato, sostiene la necesidad de un Estado interventor que regule los excesos del mercado, garantice el poder adquisitivo de las pensiones y utilice la fiscalidad progresiva como el único dique de contención frente a la desigualdad estructural.
El retroceso es aún más severo cuando se examina la arquitectura social y los derechos civiles. El programa de la derecha radical sitúa la batalla cultural como su principal vector de movilización. Lo que se propone no es una mera reforma legislativa, sino la demolición de los pilares de la igualdad: la derogación de las leyes contra la violencia de género, el cuestionamiento de los derechos conquistados por el colectivo LGTBIQ+ y el borrado deliberado de la memoria democrática. Este modelo busca imponer una homogeneidad identitaria excluyente, donde la inmigración es criminalizada y utilizada como chivo expiatorio de las ansiedades contemporáneas, devolviendo al país a una concepción monolítica y autoritaria de la convivencia. En la acera opuesta, el proyecto progresista defiende una sociedad abierta, pluralista y laica, donde la ampliación de los derechos civiles (como la eutanasia o la protección de la salud reproductiva) se entiende como un indicador del progreso humano y la madurez democrática.
Finalmente, la estructura territorial del Estado se enfrenta a un choque de trenes institucional. La extrema derecha aboga por un centralismo decimonónico que plantea la recentralización de competencias cruciales como la Educación y la Sanidad, e incluso llega a sugerir la ilegalización de formaciones políticas de corte regionalista o independentista. Esta visión punitiva ignora la rica complejidad de nuestra realidad plurinacional y dinamita el Estado de las Autonomías, un modelo que, con todas sus imperfecciones, ha permitido vertebrar el territorio desde el respeto a su diversidad. El mantenimiento de este marco, defendido por las fuerzas que hoy sostienen la cogobernanza, se presenta como la única vía transitable si se quiere evitar una fractura social de consecuencias impredecibles.
Sin embargo, un análisis de calidad que pretenda ser honesto no puede detenerse en la denuncia del adversario. Sería una ceguera imperdonable, un ejercicio de autocomplacencia estéril, atribuir el crecimiento de estas corrientes regresivas únicamente a la manipulación mediática o a la maldad intrínseca de sus votantes. El avance de las tinieblas es, en gran medida, el resultado de los vacíos dejados por quienes tenían la obligación de ser la luz.
El PSOE y los diferentes espacios de la izquierda transformadora arrastran una responsabilidad ineludible en la gestación de esta crisis. Durante años de gestión institucional, la izquierda gobernante se ha deslizado con excesiva frecuencia hacia una suerte de tecnocracia desconectada del suelo que pisan las clases populares. Se ha hecho mucha política de gestos y discursos grandilocuentes mientras la cotidianidad de las mayorías seguía marcada por la incertidumbre. La incapacidad para abordar de raíz el problema sangrante de la vivienda, la tolerancia ante una precariedad laboral endémica que condena a los jóvenes a un eterno presente sin mañana, y la asfixiante burocracia que convierte el acceso a las ayudas sociales en una carrera de obstáculos humillante, han ido minando la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.
La izquierda ha descuidado la pedagogía política y ha sustituido la construcción de un horizonte de certezas materiales por un lenguaje críptico, más atento a las disputas internas de partido que al dolor social de los hogares que no logran cuadrar el presupuesto familiar. Cuando la política institucional se percibe como un teatro de élites incapaz de mitigar el desamparo material, la rabia y el miedo legítimos de la gente quedan disponibles. Es en ese suelo de la frustración donde la extrema derecha siembra sus promesas de orden falso, seguridad comunitaria y nostalgia de un pasado mítico. Las tinieblas avanzan porque la alternativa se volvió previsible, gris y, por momentos, cobarde.
No estamos ante un destino fatal e irreversible, sino ante un momento de decisión histórica. Las fuerzas de la reacción avanzan precisamente porque se alimentan de la apatía y el desencanto. La concienciación ciudadana no puede nacer del miedo ciego a lo que viene, sino de la exigencia rigurosa de lo que nos debemos. Es hora de activar la memoria material y entender que la democracia es una construcción frágil que requiere ser defendida y dotada de contenido real cada día.
Las tinieblas no poseen una consistencia propia. No son un cuerpo sólido que progresa por la fuerza de su propia naturaleza, sino por la sombra proyectada que ocupa el espacio allí donde la luz ha renunciado a brillar. Activar la conciencia colectiva exige comprender que la penumbra solo retrocede cuando la política vuelve a encender la llama de la certeza material y el respeto mutuo, recordándonos que el futuro no se padece, se conquista.
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