El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que se movilizarán 6.000 millones de euros en forma de avales y préstamos a promotores públicos y privados, para impulsar la construcción de 43.000 viviendas destinadas a alquiler social o asequible, por al menos 50 años.
El anuncio se produjo en el marco de los acuerdos suscritos por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, por parte de sus titulares, Isabel Rodríguez y Carlos Cuerpo.
Los 6.000 millones se dividen en dos líneas de inversiones, una de 4.000 millones en préstamos para promotores públicos y privados, procedentes de la Adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR); y, en segundo lugar, una línea dotada con 2.000 millones que avalará hasta el 50% de estos préstamos, impulsada por el Gobierno de España y gestionada a través del ICO.
Sánchez también ha renovado su compromiso de investidura de incrementar el parque público en 180.000 viviendas, tras asegurar que a día de hoy hay más de 80.000 de ellas en diferentes fases de desarrollo.
"La legislatura de la vivienda"
El presidente del Gobierno, que ha hecho hincapié en que quiere convertir este mandato en la “legislatura de la vivienda”, ha destacado la importancia de este impacto inversor para evitar que la vivienda se convierta en un cuello de botella que lleve a la restricción del crecimiento económico y la creación de empleo.
Asimismo ha subrayado que el suyo es un gobierno “absolutamente convencido de la colaboración público-privada” y ha sostenido que esta financiación va a “permitir a promotores públicos y privados acceder a recursos financieros en cantidad y calidad suficiente”.
Ha reclamado además que la construcción de estas viviendas se haga con criterios de eficiencia energética que anticipen a España en el objetivo de neutralidad climática 2030, para que el país siga siendo un referente europeo en transición energética.
Los proyectos financiados han de cumplir con unos requisitos climáticos en los cuales los edificios construidos deben alcanzar un consumo de menos del 20% de energía primaria que el establecido para edificios de consumo de energía casi nulo según directrices las nacionales; y, los rehabilitados, deben reducir, al menos, un 30% de la energía primaria no renovable.
