El Cabildo de Lanzarote ha contratado un informe jurídico externo para dirimir si la transmisión de las setenta viviendas de Valterra (Arrecife) a sus legítimos propietarios se ajusta a la ley y si estos deben o no pagar por ellas.
En una resolución a la que ha accedido La Voz, se recoge que el consejero de Vivienda, Miguel Ángel Jiménez (Coalición Canaria), pidió al área que contratara un informe externo sobre el expediente que recogió la transmisión de las 70 viviendas del barrio arrecifeño.
Cabe recordar que el Instituto Social de La Marina construyó en el barrio de Valterra 200 viviendas en 1955, en un suelo cedido por el Cabildo de Lanzarote y con la participación de distintas conserveras para que fueran utilizadas como viviendas de protección oficial y luego cedidas a los empleados. De estas, 130 llegaron a traspasarse, pero las últimas setenta quedaron atascadas después de que tres empresas conserveras reclamaran su propiedad.
Tras varios trámites interadministrativos, la primera institución insular se hizo con esas viviendas desde el 8 de mayo de 2023, cuando el anterior grupo de Gobierno, dirigido por Dolores Corujo (PSOE), aceptó la donación por parte del Instituto Social de La Marina. Entonces, la responsable socialista informó de que se iniciarían los trámites para poder transmitir estos inmuebles "a sus legítimos propietarios" e inscribirlos a su nombre en el Registro de la Propiedad de Arrecife.
Aquel mayo, hubo un cambio de Gobierno insular, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort (CC), asumió la presidencia y la Consejería de Vivienda recayó en manos de Miguel Ángel Jiménez. En diciembre de 2024, tras un año y medio de espera y "por la falta de respuesta del Cabildo", los vecinos de Valterra afectados por esta situación contrataron asesoramiento jurídico y denunciaron la falta de respuesta de la institución insular.
En marzo de 2025, murió una vecina de Valterra sin poder legalizar su hogar. La Junta Directiva de la Asociación Mesa Negociadora acusó a Oswaldo Betancort de "desidia" y señaló entonces la "incompetencia" del consejero.
Un informe de necesidad
Más de tres años después de la transmisión de los inmuebles al Cabildo, el 14 de mayo de 2026, el Área de Vivienda insular emitió un informe de necesidad que avalaba la contratación externa de un jurista "de reconocido prestigio y dilatada experiencia profesional" para determinar si es legal que el Cabildo transmita "a título gratuito" la propiedad o si es conforme a derecho que lo haga a "título oneroso", a cambio "del valor de adquisición" como precio para transmitirlas.
En el marco de esta contratación ese informe jurídico urgente ha sido adjudicado por un contrato menor al abogado Emilio Jiménez Aparicio, que ha sido abogado del Estado durante cuarenta años, veinte de ellos en el Tribunal Supremo.
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