La futura ley canaria para el alquiler vacacional ha recogido el papel de los Ayuntamientos en el control de las viviendas vacacionales que no cumplan con la normativa.
Una vez se apruebe la nueva norma, y en un plazo máximo de tres meses, el Cabildo de Lanzarote tendrá que remitir a los ayuntamientos un listado de las viviendas vacacionales inscritas para que los consistorios se encarguen de verificar el cumplimiento de la ley.
Luego los ayuntamientos conejeros tendrán otros tres meses desde la recepción del listado para verificar el incumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley de actividades clasificadas. La finalidad es que estas viviendas vacacionales se adapten al cumplimiento de dicha ley.
Además, deberán confirmar que los alojamientos turísticos estén dados de alta a través de la presentación de la comunicación previa, que debe ser presentada ante el Cabildo de Lanzarote antes de comenzar la actividad, para que este lo notifique al Gobierno canario.
De no cumplir con la normativa, las viviendas vacacionales no podrán continuar explotando el inmueble vacacional. Los ayuntamientos tendrán que notificar el incumplimiento al Cabildo y también al órgano del Gobierno de Canarias competente en la materia de inspección y sanción turística. A lo que se sumarán las responsabilidades penales, civiles o administrativas que correspondan.
La resolución de la administración pública obligará al propietario a devolver la vivienda al momento previo de su uso como turística, tendrá que reponer su uso residencial y no podrá instar a un nuevo procedimiento en tres años.
Además, el anteproyecto de Ley de Uso Turístico de las Viviendas, publicada por el Gobierno de Canarias este miércoles, recoge como "infraviviendas" las tiendas de campaña, coches o cabañas. También recrudece los requisitos para dar de alta una vivienda vacacional y traza una nueva normativa para el alquiler turístico en comunidades de vecinos.
