Doris Borrego, presidenta de Ascav (Asociación Canaria del Alquiler Vacacional) y de de Fapavat (Federación de Asociaciones de Propietarios de Alquileres Vacacionales y Temporales), ha respondido con otra misiva pública a la carta abierta que le dirigió Jorge Marichal, presidente de Ashotel y de CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos),
Marichal había asegurado que "no estamos en contra" del alquiler vacacional, "solo pedimos que se aplique la misma normativa". En su opinión, la vivienda vacacional "debe tener el mismo rigor administrativo que otros sectores y actividades".
Por su parte, Borrego, hizo en su carta un llamamiento al diálogo al defender que existen más puntos en común que diferencias entre el alojamiento hotelero y la vivienda vacacional de pequeños propietarios.
La presidenta de ASCAV insiste en la necesidad de consensos para evitar la división en un sector estratégico como el turístico y reclama seguridad jurídica para los propietarios particulares.
Borrego había solicitado diferenciar entre pequeños propietarios y grandes operadores en la regulación del alquiler turístico para evitar a los pequeños propietarios trámites propios de actividad clasificada.
La también presidenta de FAVAPAT recordó que La VV no es actividad económica si la explotan sus propietarios y no prestan servicios propios de hostelería según la Agencia Tributaria y ejemplificó que "si un pensionista se da de alta en actividad económica pierde su pensión".
Carta abierta de la presidenta de Ascav y Fapavat al presidente de Ashotel y CEHAT
Estimado Sr. Marichal:
Muchas gracias por su carta abierta, que me permite aclarar, una vez más, que la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), como la Federación de Asociaciones de Propietarios de Alquileres Vacacionales y Temporales (Fapavat), que también presido, defiende a los propietarios particulares de viviendas vacacionales y a los gestores e intermediadores que prestan servicios a estas viviendas.
No defendemos en ningún caso a los grandes fondos de inversión, grandes tenedores o incluso a parte de sus asociados hoteleros que también se dedican a la vivienda vacacional, explotando complejos o edificios completos. Esa modalidad que hoy en día incluso ha conseguido desplazar con estrictas normativas de ordenación municipal al modelo tradicional en manos del pequeño propietario. Véase el ejemplo de Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria o recientemente Madrid.
Siguiendo sus palabras, como presidente de Ashotel y también como presidente de CEHAT, también ha denunciado en muchas ocasiones que detrás del modelo de vivienda vacacional se “ocultan” los grandes players que hacen la competencia a su sector, pero con normativas laxas.
De esto hemos hablado en varias ocasiones y permítame expresar mi impresión, que al menos en este punto estamos de acuerdo, que no es lo mismo y que es importante separar por definición y normativas los dos modelos de viviendas vacacionales. Por ello llevamos luchando ya más de seis años.
Es cierto, y le doy la razón, que las viviendas vacacionales que defiendo son “ubicuas” y que siempre lo han sido, no sólo en Canarias, permitiendo el desarrollo económico de muchos pueblos, además de evitar en muchos casos la despoblación en medianías. Ofreciendo oportunidades a muchos jóvenes emprendedores para crear empresas que nos prestan servicios, o algo que para Ascav es especialmente importante: apoyar el emprendimiento canario de aplicaciones y desarrollo I + D.
En definitiva, es objetivo de Ascav impulsar la economía local y servir de lanzadera a empresas canarias hacia fuera, algo a lo que espero no pondrá objeción. Además, se puede votar en contra de las viviendas vacacionales en comunidades de propietarios, en caso de que los vecinos así lo decidan.
Y lo esencial, que es nuestra reivindicación principal en estos momentos, de declarar inocua la vivienda vacacional (VV) de propietarios particulares inscritos en el Registro Turístico antes de la entrada en vigor de la Ley 6/2025, es por el siguiente motivo:
La VV no es actividad económica si la explotan sus propietarios y no prestan servicios propios de hostelería según la Agencia Tributaria, que es la Administración que determina lo que es actividad económica o no, no el Gobierno de Canarias. Por lo que, si en el trámite de clasificación de actividad el Ayuntamiento requiere a un propietario el alta en actividades económicas, tal y como exige la Ley de actividades clasificadas de 2011 (antes de que existiera la VV en 2015), evidentemente quedan fuera todos los pequeños propietarios de Canarias, que son más del 80% de los registros turísticos de la Comunidad.
Y hemos puesto siempre el ejemplo de un pensionista que si se da de alta en actividad económica pierde su pensión, o de cualquier otro propietario que sin prestar servicios tendría que verse obligado a pagar el régimen de autónomos y cumplir con obligaciones que no establece para ellos la Agencia Tributaria.
Evidentemente, clasificar municipalmente una actividad que no es tal para Hacienda, que es quien lo determina, genera inseguridad jurídica y perjuicios a una ciudadanía que está dispuesta a cumplir pero que no sabe cómo hacerlo. En segundo lugar, nuestro uso preceptivo hasta la fecha de aprobación de la nueva ley 6/2025 del 12 de diciembre de 2025, ha sido el residencial para poder inscribirnos como VV (según el Decreto 113/2015), porque si el uso de nuestros inmuebles fuera turístico, no podríamos habernos inscritos como VV y estaríamos sometidos a otra normativa (la Ley 7/1995 de ordenación de turismo de Canarias).
Sobra decir que no pedimos la inocuidad para los edificios o complejos completos de viviendas vacacionales
“No todo vale”
Por supuesto, no todo vale en el sector de la vivienda vacacional y nunca nos hemos opuesto a cumplir regulaciones, siempre y cuando sean cumplibles. Evidentemente tiene que haber límites. Pero de ahí a acabar con la práctica totalidad de los propietarios particulares y las empresas que prestan servicios existe una gran diferencia.
Con respecto a que somos causa de la falta de viviendas, le invito a que demuestre que las más de 1.300 VV ilegalizadas en Lanzarote acaben con la escasez de vivienda residencial. Sólo la seguridad jurídica para los propietarios de viviendas va a abrir las 211.000 vacías para uso residencial y hacer posible unos precios razonables de alquiler.
Sr. Marichal, como ya le he comentado en múltiples ocasiones, estoy plenamente convencida que nos une más de lo que nos separa y le tiendo una vez más la mano para dialogar y llegar a consensos. No tiene sentido que un sector tan sumamente importante como es el turístico esté tan dividido, cuando la unión es la que hace la fuerza.
