La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV) denuncia que Coalición Canaria y Partido Popular se proponen aprobar la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda el próximo 12 de noviembre “sin miramientos, erradicando a miles de familias con vivienda vacacional del panorama turístico”.
En una nota a los medios, destacan que el Gobierno canario se propone aprobar la Ley “contra la única asociación canaria que representa al sector, la sociedad, la patronal empresarial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los profesionales, prácticamente todos los sectores que se alimentan de la actividad, los partidos de la oposición y por supuesto, las miles y miles de familias canarias que se dedican a la vivienda vacacional”.
ASCAV denuncia que el Gobierno regional ha decidido emplear el “modo de pasar el rodillo, cueste lo que cueste y cuanto antes con el propósito que el coste político en las próximas elecciones no sea tan elevado. Como si fuera a caer en el olvido, de quién es la responsabilidad de sentenciar y erradicar definitivamente a las familias canarias y residentes que disponen de una vivienda vacacional”.
“Sin miramientos ni contemplaciones, sin escuchar ni atender las advertencias sobre las tremendas consecuencias, toca cuanto antes causar una hecatombe expulsando a la sociedad del turismo”, abunda.
ASCAV considera que la nueva ley tiene un significado “claro y transparente: El turismo no es de todos, sino sólo de unos pocos que sin duda empobrecerán aún más los bolsillos de los canarios. La sociedad deberá conformarse con participar en el turismo como empleado de los exclusivos dueños del turismo, que reclaman su mano de obra”.
La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional se pregunta “qué pasará con todos los emprendedores que se dedican a gestionar e intermediar dichas viviendas vacacionales, las empresas de limpiezas, de mantenimiento y un largo etc”. Y sentencia: “No les importa lo más mínimo”.
ASCAV niega que las viviendas vacacionales vayan a volver al mercado de alquiler tradicional “como presume el Gobierno regional”.
“Nada más lejos de la realidad, puesto que el 67% se encuentra en zonas turísticas y complejos de apartamentos residencializados y tampoco se pueden alquilar. Y el resto de viviendas vacacionales se cerrarán o venderán en su mayoría por la falta de seguridad jurídica de alquiler residencial”, completan.
“La consecuencia será que miles de familias tendrán que vender sus casas al mejor postor, es decir, a extranjeros. Perderán su patrimonio que han preservado durante décadas gracias a la vivienda vacacional”, abundan.
"La excusa perfecta: Actividad Clasificada"
ASCAV considera que “la excusa perfecta será que la culpa es de los ayuntamientos por no otorgar la Actividad Clasificada a las viviendas vacacionales”.
“Lo que no dirán es que las viviendas vacacionales no pueden cumplir con la Ley de Actividades Clasificadas porque ni siquiera están contempladas. La Ley se aprobó en el año 2011 y el Decreto de vivienda vacacional en el año 2015 y contemplaba el uso residencial de las viviendas. Por tanto, el uso turístico para los Ayuntamientos queda exclusivamente reservado para los complejos turísticos”, explican.
ASCAV recuerda que “desde el minuto mostraron su preocupación a la consejera Jessica de León” a la que transmitieron que llevaban “seis años reclamando la modificación de dicha Ley para poder cumplir”.
“Este Gobierno, de aprobarse la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda, pasará a la historia como el responsable de erradicar y empobrecer a miles de familias canarias, expulsándolas de participar en el turismo”, sentencia.
ASCAV añade que además, “el resto de la sociedad, verá imposible viajar por Canarias por no poder pagarse un alojamiento a su alcance”.
