La petrolera Repsol ha concluido ya las labores de sellado del pozo Sandía frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. A falta de recoger algunos materiales, la compañía ha confirmado que "está previsto que el barco se vaya" este fin de semana. Desde el Ministerio de Industria aseguran que todavía no han recibido "comunicación oficial" por parte de la compañía acerca de su abandono de las prospecciones. Una vez hecha esa comunicación, asegura Industria, la petrolera estaría incumpliendo su obligación con el Ministerio de perforar dos pozos y se expondría a una "posible multa".
La pasada semana Repsol aseguró que no "volverá a perforar en aguas canarias", tras el fracaso del sondeo realizado en el pozo Sandía, en el que asegura que solo se encontró gas, y ni con calidad ni volumen suficientes para su extracción. Esto fue motivo de júbilo para buena parte de la sociedad civil canaria que se había opuesto a las prospecciones petrolíferas. Sin embargo, podría no serlo tanto para el Gobierno.
El Real Decreto 547/2012, que convalida los Permisos de Investigación de Canarias a la petrolera, establece la "obligación a Repsol de realizar entre marzo de 2012 y marzo de 2016 dos pozos exploratorios y una inversión mínima de 20 millones de euros", explican fuentes de Industria. El Ministerio recalca que la multinacional "ha invertido un importe sobradamente superior" a ese mínimo, pero "lo que no ha cumplido es la obligación de perforar dos sondeos" y en esta última cuestión reside la posibilidad de que se le imponga una multa.
Esto, sin embargo, no se produciría hasta que Repsol comunique oficialmente que no va a perforar en un segundo pozo o en caso de que esos permisos se extingan en marzo de 2016 sin que la compañía haya realizado una segunda exploración. "Cuando Repsol comunique oficialmente que renuncia al segundo sondeo, será cuando se abra un expediente que determinará la cuantía de una posible multa", afirman fuentes del Ministerio de Industria. El portavoz de la compañía, por su parte, ha reiterado a La Voz que "Repsol no tiene nada que añadir" sobre esta posible multa. La petrolera se niega también a pronunciarse sobre si renunciará o no a los permisos y sobre cúando comunicará al Ministerio que ha concluido con las labores de prospección.
Por otro lado, el subsecretario de Industria, Enrique Hernández Bento, afirmó la pasada semana que la multinacional podría traspasar las prospecciones a otro punto de España en el que tuviese permiso de exploración. Sin embargo, desde el Ministerio de Industria han explicado a La Voz que esa posibilidad no se ajustaría a este caso, ya que lo que puede transferir son las "obligaciones de inversión".
Según la Ley de Hidrocarburos, ese traslado puede producirse cuando una compañía no ha alcanzado el mínimo que se había comprometido a invertir en sus tareas de exploración. Es, en cierto modo, una posibilidad ofrecida por el reglamento para acometer en otro lugar la inversión pactada y evitar una posible sanción. Desde Industria aclaran que "este no es el caso" de los sondeos en Canarias, al haberse superado el mínimo de 20 millones de euros de inversión. Por eso, el "incumplimiento" no es económico, sino por no haber realizado el segundo pozo.
Al obtener los permisos de exploración, Repsol depositó dos garantías: un seguro de responsabilidad civil para hacer frente a posibles daños a personas o bienes durante el desarrollo de los sondeos y una garantía financiera destinada exclusivamente a cubrir posibles daños medioambientales. Ambas suman un total de 60 millones de euros, que Repsol recuperaría al renunciar a los permisos o al terminar la vigencia de los mismos. Y eso, siempre que no deba descontarse una posible sanción.
