Gobierno canario, empresarios y sindicatos han pactado este martes un frente común para reclamar al Estado que permita a Canarias flexibilizar la regla de gasto y dedicar los fondos extra a reforzar su presupuesto del próximo año.
Así lo ha acordado el Consejo Asesor del Presidente convocado con urgencia para debatir la propuesta que el Ministerio de Hacienda puso la semana pasada sobre la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Durante el encuentro, Clavijo ha informado a los representantes de las principales organizaciones empresariales y sindicales del archipiélago sobre el perjuicio que causará a Canarias la fórmula de distribución de entregas a cuenta de 2024 aprobada por el Consejo de Ministros, ya que "penaliza a las comunidades autónomas cumplidoras como Canarias que no podrá dedicar los 340 millones de euros extra a sus servicios esenciales".
De cara a la negociación con el Estado, ha agradecido a empresarios y sindicatos su apoyo, porque “tendremos más posibilidades de éxito si demostramos unidad”. En este sentido, tanto el presidente como el vicepresidente Manuel Domínguez han hecho un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que se sumen a este frente común. “Canarias tiene que tener una voz fuerte ante Madrid para reclamar lo que es justo y nos corresponde”, indicaron.
El Gobierno ha trasladado al Consejo Asesor que la aplicación de la regla de gasto impuesta por el Estado prohíbe a la Comunidad Autónoma destinar a gastos adicionales o a minoración de ingresos los casi 340 millones de euros que recibirá el próximo año por encima de lo presupuestado. Esta norma obliga a dedicar íntegramente los recursos extra a reducir el nivel de deuda pública.
Fue aprobada por el Consejo de Ministros el martes de la semana pasada pese al rechazo de la gran mayoría de las comunidades autónomas, incluida Canarias que votó en contra de la propuesta de Hacienda en el CPFF.
Comunidad cumplidora
El Consejo Asesor del Presidente considera que el “café para todos” impuesto por el Estado con la aplicación estricta de la regla de gasto es especialmente injusto con Canarias, una de las comunidades “más cumplidoras” con las normas de control del gasto público, según subrayaron tras el encuentro los representantes empresariales y sindicales.
De hecho, con datos del tercer trimestre de este año, la deuda de Canarias asciende al 13,2% de su PIB, casi nueve puntos por debajo de la media de las comunidades (22,3) y a escasas décimas de las tres con menor nivel de endeudamiento del país (Navarra 13,1%, Madrid 13% y País Vasco 12,7%). El archipiélago es además la región española con menor deuda por habitante: 3.070 frente a los 6.776 euros que asciende la media de las comunidades.
A la vista de estos datos, el Gobierno autonómico ha solicitado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que flexibilice su posición y permita que comunidades autónomas “cumplidoras” como Canarias puedan tener una excepción en la aplicación de la regla de gasto. Gobierno, empresario y sindicatos coinciden en que “con las necesidades que tenemos en desempleo, Educación, Sanidad o Asuntos Sociales no podemos destinar el dinero extra a pagar deuda”.
El Consejo Asesor del Presidente también ha respaldado la posición del Ejecutivo autonómico de cara a la negociación de la condonación de la deuda a las comunidades. Empresarios y sindicatos apoyan al Gobierno en que la quita se aplique “sobre la base del principio de equidad”, de manera que Canarias salga “tan beneficiada como las demás comunidades”.
Asimismo, los agentes económicos y sociales coinciden con el presidente Clavijo en que la condonación de la deuda debe venir acompañada de una reforma del Sistema de Financiación Autonómica “que resuelva los defectos detectados en el actual modelo” y que respete las singularidades de Canarias dejando fuera los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) y atendiendo al criterio de población ajustada.
