El Gobierno de Canarias ha trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica una propuesta de interpretación jurídica que, según el Ejecutivo autonómico, permitiría ampliar los plazos de ejecución de los fondos europeos extraordinarios vinculados a la Estrategia de Energía Sostenible y evitaría perder "más de 200 millones de euros".
La iniciativa, según ha trasladado este martes en una nota la Consejería de Transición Ecológica y Energía, plantea considerar cumplidos los objetivos europeos antes del 30 de junio de 2026 mediante la concesión de las ayudas, tal como establecen los reglamentos comunitarios, vinculando el cumplimiento del programa al compromiso jurídico del gasto antes de esa fecha y no exclusivamente a la finalización material de los proyectos.
El objetivo principal es ampliar los plazos de ejecución de los fondos NEXT extraordinarios vinculados a la Estrategia de Energía Sostenible, con el objetivo de evitar la pérdida de inversiones ya comprometidas en el archipiélago.
De este modo, el dinero ejecutado hasta junio de 2026 podría financiarse con fondos 'Next Generation', mientras que el resto de proyectos continuaría su ejecución y justificación hasta 2028 a través de otros instrumentos europeos con mayor margen temporal.
Para ello, el Ejecutivo regional solicita al Gobierno de España adaptar el real decreto que regula estos fondos.
El director general de Energía, Alberto Hernández, ha señalado que la propuesta ofrece “una vía clara” para permitir la ampliación de plazos sin incumplir la normativa europea y ha defendido que, desde el punto de vista jurídico y técnico, es viable dar por cumplidos los hitos mediante la concesión de las ayudas.
Ha añadido que esta interpretación ya se ha aplicado en otras convocatorias europeas y responde a la petición de beneficiarios que requieren más tiempo para culminar proyectos energéticos complejos.
La propuesta contempla que Canarias pueda justificar en plazo el objetivo europeo fijado para el programa (85 megavatios de potencia renovable instalada) antes del 30 de junio de 2026, devolviendo las cantidades no concedidas.
Al mismo tiempo, permitiría dar continuidad a inversiones en marcha que, según la Consejería, cuadruplican la potencia inicialmente prevista.
El Ejecutivo autonómico ha recordado asimismo que en las últimas semanas han solicitado al Ministerio flexibilizar los plazos ante las dificultades para ejecutar en un periodo reducido proyectos que requieren autorizaciones administrativas, obra e instalación de infraestructuras.
Además, el Gobierno canario ha defendido usar el mismo criterio de ampliación hasta 2028 que el propio Ministerio ha aplicado a la estrategia gestionada a nivel estatal, según han argumentado.
La petición, añade la nota, cuenta con el respaldo del sector energético del archipiélago, así como de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la Federación Canaria de Islas (FECAI), que han trasladado la necesidad de ampliar los plazos para garantizar la ejecución íntegra de las inversiones estratégicas sin perder financiación europea.
