El Parlamento de Canarias aprobó hoy la nueva Ley Canaria de la Ciencia, una norma que establece el marco jurídico para reforzar el sistema canario de investigación, desarrollo e innovación y avanzar hacia un modelo más estable, coordinado y preparado para responder a los grandes retos sociales, económicos y tecnológicos del Archipiélago.
La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, destacó que la aprobación de la Ley supone "un paso histórico para Canarias y el resultado de un trabajo colectivo que comenzó hace muchos meses, escuchando a las universidades, a los organismos de investigación, a las empresas innovadoras y al conjunto del ecosistema científico". Según afirmó, "esta ley nace del diálogo y del consenso, con el objetivo de dotar a Canarias de un instrumento útil que permita consolidar la ciencia y la innovación como una política estratégica para el futuro de nuestras islas".
La norma culmina un proceso iniciado por el Gobierno de Canarias con la elaboración del anteproyecto, que fue sometido a información pública y al correspondiente proceso de participación con los principales agentes del sistema canario de I+D+i. Tras incorporar las aportaciones recibidas y obtener los informes favorables preceptivos, incluido el del Consejo Consultivo de Canarias, el texto inició su tramitación parlamentaria como proyecto de ley, donde fue objeto de debate, comparecencias, presentación de enmiendas y trabajo en comisión hasta su aprobación definitiva por el legislativo canario.
Con esta ley, Canarias contará con un nuevo marco normativo propio que permitirá planificar de forma más eficaz las políticas públicas de investigación e innovación, reforzar la coordinación entre los distintos agentes del sistema y avanzar hacia una financiación más estable y previsible de la actividad científica.
El nuevo texto incorpora, además, medidas dirigidas a impulsar la carrera investigadora, favorecer la atracción y retención de talento, mejorar la transferencia del conocimiento hacia el tejido productivo y simplificar los procedimientos administrativos vinculados a la gestión de proyectos de I+D+i, una de las principales demandas trasladadas por el sector durante los últimos años. Asimismo, fortalece la gobernanza del sistema y reconoce el papel estratégico de universidades, organismos públicos de investigación, centros tecnológicos, empresas innovadoras y resto de entidades que integran el ecosistema canario de ciencia e innovación.
Para la consejera, uno de los principales avances de la nueva norma reside precisamente en que "no solo reconoce el valor de quienes investigan, sino que crea mejores condiciones para que puedan desarrollar su trabajo". En este sentido, señaló que la Ley "contribuirá a reducir cargas administrativas, ofrecer una mayor estabilidad al sistema y favorecer una colaboración más estrecha entre todos los agentes que generan conocimiento e innovación en Canarias".
Machín subrayó que disponer de esta ley "permitirá afrontar con mayores garantías desafíos estratégicos para Canarias como la diversificación económica, la transformación digital, la sostenibilidad, la transición energética o la mejora de la salud y la calidad de vida de la ciudadanía, situando el conocimiento como uno de los principales motores de desarrollo del Archipiélago".
Tras su aprobación parlamentaria, comenzará la implantación progresiva de los instrumentos previstos en la norma para desarrollar el nuevo modelo de gobernanza, planificación y coordinación del sistema canario de ciencia, tecnología e innovación.
La consejera concluyó asegurando que "la aprobación de esta ley no representa el final de un proceso legislativo, sino el comienzo de una nueva etapa para la ciencia en Canarias. A partir de ahora, el reto es convertir este marco normativo en oportunidades reales para las personas investigadoras, las empresas innovadoras, las universidades y, en definitiva, para el conjunto de la sociedad canaria".
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