Los estados más ricos del mundo ha adoptado un acuerdo "histórico" en Canarias para salvaguardar la privacidad en el acceso a los datos personales en poder de entidades del sector privado, que pasa por establecer límites al acceso a los mismos así como fijar mecanismos de reparación, e incluso compensación, en caso de daños.
El acuerdo es "histórico", ya que es el primero adoptado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en esta materia y supone un importante compromiso político por parte de los 38 países que lo integran. Así lo ha definido el secretario general de esta organización, Mathias Cormann, en la última sesión de la Conferencia ministerial de la OCDE que se celebra en Maspalomas, donde se ha firmado esta declaración.
En este acuerdo, se ha buscado reforzar la confianza entre países a la hora de transferir datos conscientes de que éstos son fundamentales para la transformación digital de la economía mundial y que su uso debe hacerse salvaguardando los derechos y libertades de los individuos.
En esta declaración se han fijado una serie de principios -siete en total- que pasan por que el acceso de los gobiernos a los datos tengan fines legítimos y que no sirvan "nunca" para reprimir o socavar las críticas o para poner en desventaja a ciertos grupos en base a características como la edad, discapacidad, orientación sexual o afiliación política o religiosa, entre otras.
La obligatoriedad de tener un marco jurídico claro y transparente, en el que se incluyan límites como que los datos sean usados por personal autorizado; que se establezcan mecanismos de supervisión eficaz para garantizar un uso debido de éstos, así como establecer mecanismos de reparación en caso de daños son algunas de los puntos de esta declaración.
El acuerdo contempla una reparación efectiva en caso de que se haya vulnerado el marco legal nacional y que contempla la cancelación del acceso a los datos, eliminar los datos retenidos o a los que se han accedidos indebidamente y compensaciones por los daños sufridos.
Expertos de varios países trabajaron dos años en el borrador
Esta declaración es fruto de un trabajo "arduo" de dos años, ha afirmado el secretario de la OCDE: "Puede parecer algo de índole técnico pero el acceso de los gobiernos a datos personales es uno de los puntos más candentes para los países".
La declaración ha sido elaborada por grupo de expertos de diversos países en materia de protección de datos, seguridad nacional y orden público.
El proyecto surgió de la creciente preocupación por la falta de principios comunes en ámbitos sensibles como son la seguridad nacional y el orden público, una carencia que podría conducir a restricciones indebidas de los flujos de datos.
La declaración complementa las Directrices de la OCDE sobre privacidad, que se actualizaron por última vez en 2013 y que constituye uno de los logros más importantes de la Organización, que se remontan a 1980 y que constituyen la base de las normas sobre privacidad de muchos países.
