Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha reclamado al Gobierno de Canarias una actuación inmediata para poner fin a la situación de extrema gravedad que se vive en el centro de atención a la discapacidad ADISLAN. La diputada Natalia Santana ha denunciado públicamente en la Comisión de Bienestar Social del Parlamento de Canarias y ante la consejera del ramo, María Candelaria Delgado, el deterioro de las condiciones en algunos de sus servicios, especialmente en el Hogar Funcional, donde se han detectado problemas muy serios de salubridad.
Según ha señalado Santana, las instalaciones presentan una preocupante falta de limpieza, así como la presencia de plagas de chinches y ratas, lo que compromete directamente la salud y el bienestar de las personas usuarias. A esta situación se suma la denuncia de que la alimentación es insuficiente, afectando incluso a personas que necesitan medicarse y no están recibiendo la ingesta adecuada, lo que puede tener consecuencias graves para su salud. “Estamos hablando de un servicio esencial que atiende a personas en situación de vulnerabilidad, y lo que estamos viendo es absolutamente inaceptable”, afirmó.
En este sentido, la diputada ha señalado directamente la responsabilidad del consejero del Cabildo de Lanzarote de Bienestar Social, Marciano Acuña, como máximo responsable de garantizar la calidad del servicio y la protección de los usuarios y usuarias. Santana recordó que ADISLAN forma parte del convenio social con el Cabildo de Lanzarote y está financiado con fondos públicos, lo que, a su juicio, “obliga a una supervisión rigurosa y constante que claramente no se está produciendo”. Asimismo, la diputada ha solicitado a la consejera la organización de una visita al centro de ADISLAN con el fin de comprobar de primera mano la situación denunciada.
Asimismo, NC-BC ha querido trasladar su apoyo a los trabajadores y trabajadoras de ADISLAN, destacando el “esfuerzo sobrehumano” que realizan diariamente para sostener el servicio pese a las pésimas condiciones en las que desarrollan su labor. En este sentido, también se ha denunciado la falta de personal suficiente, lo que está obligando a profesionales como los integradores e integradoras sociales a asumir tareas que no les corresponden o para las que no están preparados, con el consiguiente riesgo para la calidad de la atención. Además, se ha señalado que las infraestructuras no están adecuadamente preparadas, llegando a soportar tanto usuarios como trabajadores temperaturas superiores a los 40 grados en verano, lo que agrava aún más la situación y afecta directamente a la salud y al bienestar de todas las personas implicadas.
La formación también ha denunciado las represalias que sufre la plantilla por parte de la gerencia del centro. “Se está intentando silenciar cualquier tipo de disconformidad, llegando incluso a coartar derechos fundamentales como la libertad sindical”, aseguró Santana. En este contexto, denunció el despido de una trabajadora que tenía previsto presentarse como delegada sindical, lo que, según indicó, “supone un intento claro de impedir que los trabajadores y trabajadoras puedan organizarse y defender sus derechos”.
Con todo, NC-BC exige una investigación urgente de los hechos, la adopción inmediata de medidas correctoras y la depuración de responsabilidades. “No se puede permitir que un servicio financiado con dinero público funcione en estas condiciones ni que se vulneren derechos laborales básicos. Es una cuestión de dignidad y de responsabilidad institucional”, concluyó Santana.
