Intersindical Canaria (IC) y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias han registrado un escrito de denuncia ante instituciones del Estado y de las islas en el que alertan de la "grave vulneración" del derecho a la salud en los centros penitenciarios del archipiélago.
El escrito, que cuenta también con el respaldo del Grupo de Trabajo sobre Salud Mental en Prisión de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, las tres organizaciones aseguran que se trata de una "emergencia humanitaria y jurídica", tal y como reflejan los informes de la Fiscalía Superior de Canarias y del Defensor del Pueblo, según han informado este lunes en un comunicado conjunto remitido por la Federación de Salud de IC.
Los impulsores de esta denuncia señalan que en centros como Las Palmas II (Gran Canaria) y Tenerife II, el déficit de personal médico ha llegado a superar el 70% de las plazas, por lo que existen módulos sin supervisión facultativa presencial.
La falta de médicos presenciales provoca situaciones que consideran "inaceptables", como la atención por videollamada para patologías complejas, la imposibilidad de realizar seguimientos de enfermedades crónicas —como diabetes, VIH o hepatitis— y una gestión de la salud mental basada casi exclusivamente en la contención farmacológica ante la ausencia de psiquiatras, han señalado las tres organizaciones.
"Las cárceles se están convirtiendo en polvorines", ha recalcado estas organizaciones, que recuerdan que "la privación de libertad no puede suponer la privación de la salud pública, tal y como garantizan la Constitución Española y la Ley General Penitenciaria".
Por todo ello, exigen de forma "inmediata" la transferencia de la sanidad penitenciaria al Servicio Canario de Salud, pendiente desde hace más de dos décadas según la Ley 16/2003, y una financiación finalista del Estado que permita la equiparación salarial de los profesionales de prisiones con Atención Primaria, por entender que es una condición imprescindible para cubrir las plazas vacantes.
Reclaman un plan estratégico de salud mental
Además, reclaman un Plan Estratégico de Salud Mental Intramuros, con equipos multidisciplinares permanentes que trabajen en red con los servicios de salud mental de zona y la modernización tecnológica y de infraestructuras, especialmente en Santa Cruz de La Palma y Tenerife II, con sistemas avanzados de telemedicina coordinados con los hospitales de referencia.
Paralelamente, solicitan la creación de una mesa de seguimiento permanente, con participación de la administración, trabajadores y observadores de derechos humanos, para auditar mensualmente las ratios asistenciales y los tiempos de espera.
Las organizaciones firmantes del escrito han recalcado que el cumplimiento de una pena "no puede convertirse en una condena de muerte por desatención del Estado".
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