La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias elabora el primer decreto autonómico que regulará los vertidos desde tierra al mar en el archipiélago, una herramienta normativa que permitirá reforzar, entre otros fines, la protección de los ecosistemas marinos.
El decreto persigue también simplificar y agilizar los procedimientos administrativos y dotar de "mayor seguridad jurídica" a administraciones, empresas y ciudadanía, según ha informado la Consejería este miércoles en un comunicado, en el que detalla que el documento se encuentra en la fase de consulta pública.
El proceso de participación de la ciudadanía, entidades y organizaciones interesadas estará abierto hasta el próximo 30 de junio a través del portal de participación del Gobierno de Canarias.
La elaboración de este decreto responde a la necesidad de dar solución a una problemática que Canarias arrastra desde hace años por no contar con un marco normativo propio que permita afrontar con mayores garantías la gestión de los vertidos al mar.
Hasta ahora, el archipiélago disponía únicamente de normativa estatal general y de documentos orientativos sin carácter vinculante, una situación que generaba dificultades administrativas y una falta de homogeneidad en los procedimientos.
El director general de Calidad Ambiental, Ángel Montañés, ha señalado que esta iniciativa forma parte de la hoja de ruta que la Consejería ha puesto en marcha para avanzar en la protección efectiva del medio marino.
"Canarias lleva demasiado tiempo conviviendo con una realidad que requiere soluciones decididas y planificación. Nuestro objetivo es claro: queremos que nuestras costas y nuestros entornos marinos gocen de buena salud y dispongan de las herramientas necesarias para garantizar su conservación y recuperación", ha explicado.
Montañés ha recordado que el pasado año la Consejería presentó la actualización del censo de vertidos de Canarias, un trabajo que permitió disponer de una radiografía actualizada de la situación existente en el archipiélago.
Según el director general de Calidad Ambiental, la futura norma permitirá contar por primera vez con un procedimiento autonómico específico para la solicitud, tramitación y concesión de autorizaciones de vertido, definiendo de manera homogénea los límites de emisión, los mecanismos de control y seguimiento y las condiciones que deberán cumplir las autorizaciones.
Entre los principales objetivos del decreto figura la creación de un procedimiento autonómico para la concesión de autorizaciones de vertido, el canon de vertido y la regulación de su contenido y condiciones de control, entre otros.
El establecimiento de valores máximos homogéneos para todo el archipiélago, la creación de un registro público de autorizaciones y la integración de estos procedimientos con las concesiones vinculadas al dominio público marítimo-terrestre son otros de los fines de este decreto.
Asimismo, la norma pretende regular los plazos y condiciones de revisión, renovación, caducidad y extinción de las autorizaciones, establecer un régimen transitorio para adaptar las existentes y contribuir a simplificar tanto los procedimientos de autorización como las labores de seguimiento e inspección.
Añadir La Voz de Lanzarote como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
