19/Mar/2019

LA CANTIDAD ASCIENDE A 465.270 EUROS, PERO HAY QUE SUMAR INTERESES DESDE 2008

El Ayuntamiento de Tías, condenado a pagar más de 700.000 euros por unas expropiaciones de la etapa de Cruz Saavedra

La sentencia era firme desde 2016 y ahora se ha fijado el importe que deberá abonar el Consistorio. El TSJC concluye que se ocupó un terreno privado sin ningún tipo de “cobertura” ni expediente

El Ayuntamiento de Tías, condenado a pagar más de 700.000 euros por unas expropiaciones de la etapa de Cruz Saavedra

El Ayuntamiento de Tías deberá hacer frente a una nueva indemnización a una empresa por la apertura de una calle en Puerto del Carmen en terrenos privados. La ocupación de esos terrenos tuvo lugar en el año 2008, bajo la etapa del exalcalde socialista José Juan Cruz Saavedra, y se realizó sin expediente ni cobertura legal.

Así lo concluyó ya el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en una sentencia firme dictada en junio de 2016, en la que reconocía a la empresa que era titular de los terrenos el derecho a ser indemnizada. Ahora, un nuevo fallo ha fijado el importe que deberá abonar el Consistorio, que asciende a 465.270,94 euros más los intereses legales desde el 31 de octubre del 2008, lo que según fuentes municipales elevaría esta suma a más de 700.000 euros.

La nueva sentencia está fechada el pasado 1 de marzo y rechaza un recurso del Consistorio contra el importe que se había fijado en un auto anterior, ya en fase de ejecución de sentencia. Así, ésa será la cifra definitiva que deberá pagar el Ayuntamiento a la empresa Rerommen Lanzarote, S.L. por la ocupación ilegal de 6.241,36 metros cuadrados en la zona norte de Puerto del Carmen, para realizar un tramo de la Rambla Islas Canarias.

 

El Ayuntamiento no respondió a las reclamaciones


La sentencia señalaba que antes de acudir a los tribunales, la empresa había presentado reclamaciones ante el Ayuntamiento, que “omitió cualquier respuesta a sus peticiones”, dejándole en una situación de “indefensión”. Por eso, ante la falta de respuesta, en 2011 inició este pleito, aún bajo la Alcaldía de Cruz Saavedra. 

El TSJC también subrayaba en su fallo que durante el procedimiento, el Consistorio aportó documentación sobre otros terrenos que nada tenían que ver con los que eran objeto de este pleito. “Queda acreditado que la documentación remitida por el Ayuntamiento, a modo de ampliación del expediente, se refiere a otras fincas y otros titulares, tal y como ratificó/aclaró el perito de parte en la vista, lo que confirma la ausencia de cobertura en acto administrativo alguno de la ocupación para la ejecución de la vía pública”, señalaba la sentencia.

Además, también hacía referencia al informe del ingeniero técnico de Obras Públicas del propio Ayuntamiento en relación a esos terrenos. “Este documento, en forma de juicio de valor (informe) tiene una especial eficacia probatoria por ser emitido por técnico municipal que reconoce, abiertamente, el trazado y ejecución de la carretera por la propiedad privada, sin expediente de ocupación alguno”, señalaba el fallo.

De mismo modo, también el secretario municipal emitió un certificado en el que confirmaba la “ausencia de expediente individualizado alguno en relación a la ocupación de las parcelas catastrales” del demandante, ratificando así que habían sido ocupadas sin ningún tipo de cobertura legal. 

 

Otra indemnización anterior de 4 millones


Esta indemnización firme se une a otra del 2011, donde el TSJC condenó al Ayuntamiento de Tías a pagar más de 4 millones de euros por la expropiación de dos solares en La Tiñosa. Esto hizo que el Ayuntamiento no pudiera aprobar ese año sus presupuestos, al estar impugnada su vigencia por la ausencia de esas partidas indemnizatorias.

En el informe que emitió el Interventor Municipal, aún con Cruz Saavedra como alcalde, dijo que el Ayuntamiento de Tías no podía hacer frente a esa sentencia “al no tener liquidez” y superar los niveles de endeudamiento máximo en las administraciones públicas en España. Ese informe de Intervención también revelaba que el entonces alcalde había ocultado la sentencia, porque el responsable de su fiscalización “la desconocía”.

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