Cuatro "servicios esenciales" del Cabildo en materia de atención social se habían venido prestando de forma "irregular", con pagos cada año de sumas millonarias por parte de la Corporación sin que existiera siquiera un contrato. Así lo ha desvelado este martes la actual presidenta, María Dolores Corujo, que ha anunciado el acuerdo adoptado este lunes en el Consejo de Gobierno para iniciar una revisión de oficio de esas adjudicaciones realizadas bajo el mandato de Pedro San Ginés, que solo contaban con un "contrato verbal", pese a que están "prohibidos taxativamente" en las administraciones públicas.
Al respecto, Corujo ha leído informes de los servicios jurídicos del Cabildo sobre cada uno de esos cuatro contratos verbales, que concluyen que son "nulos de pleno derecho", por lo que se debe iniciar el procedimiento para anularlos, sacando después el servicio a concurso. Solo por uno de ellos, la Corporación llegó a pagar más de 4 millones de euros en 2017 y más de dos millones en 2019.
Los cuatro servicios afectados, gestionados por distintas asociaciones y entidades -Adislan, AFA, Iscan Servicios Integrales y la Fundación Respuesta Social Siglo XXI-, son el albergue de menores extranjeros no acompañados de La Santa, el servicio de atención a la discapacidad, el servicio de transporte adaptado para el traslado de mayores y dependientes a Centros de Día y diversos servicios de atención a mayores y enfermos de alzheimer. No obstante, la presidencia ha subrayado que no son los únicos que han encontrado en esta situación.
"Un estilo de gobernar donde la voluntad del cargo prevalece sobre la norma"
"Los asuntos de los que he dado cuenta no constituyen ninguna excepción y existen más situaciones análogas en las que el Cabildo afronta el pago de diferentes servicios sin los oportunos contratos en vigor. Esta situación, más allá de la anormalidad que supone, es indicativa de un estilo de gobernar, de una manera de gestionar en la que la voluntad del cargo prevalece sobre la norma", ha señalado la presidencia en la rueda de prensa que ha ofrecido para dar a conocer los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno.
"Nos hemos encontrado con un Cabildo en el que los procedimientos administrativos adolecen de una fragilidad injustificable, con circuitos de tramitación inadecuados y con carencia de informes que revelan una absoluta despreocupación por la calidad de los procedimientos", ha cuestionado Corujo en referencia a la gestión de su antecesor en el cargo, Pedro San Ginés.
"La calidad de los procedimientos nos permitía, en otras épocas, ganar todos los contenciosos que interponía el Cabildo o que le eran interpuestos. Hoy, a este Cabildo se le ha perdido el respeto y pierde procedimientos casi antes de entrar a los juzgados. Esta falta de control, lamentablemente, tiene su reflejo en situaciones de extraordinaria importancia", ha subrayado la presidenta.
Contratos vencidos desde 2013
En su comparecencia, Corujo ha explicado que a los pocos meses de acceder a la Presidencia comenzó a recibir propuestas de decretos para afrontar el pago de los costes generados por la prestación de estos servicios, que le obligaban a levantar reparos de Intervención, precisamente por la ausencia de contratos o porque éstos habían vencido hacía años.
En el caso del contrato de gestión del Centro de Estancia Diurna de Mayores Las Cabreras, suscrito con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, había vencido en julio del año 2013 y se intentó renovar en 2014, pero un recurso que perdió la Corporación suspendió la tramitación y desde entonces se mantuvo el servicio "sin ningún tipo de cobertura legal". Además, Corujo ha explicado que en la misma situación se encuentran otros servicios que presta esta asociación, como la atención a las personas mayores de la Residencia Dr. Domingo de Guzmán, el Centro de Estancia Diurna para mayores La Graciosa y el Servicio de Promoción de la Autonomía.
De convenios y subvenciones al pago de facturas
En cuanto a la Asociación de Personas con Discapacidad de Lanzarote (Adislan), que es "la otra gran prestadora de servicios asistenciales por cuenta del Cabildo", hasta 2018 venía trabajando a través de convenios y subvenciones, "a pesar de los reiterados avisos sobre la necesidad de sacar a licitación los servicios prestados por la mencionada ONG", según ha subrayado Corujo, que ha explicado que solo en 2017, esta asociación recibió subvenciones por un importe de 4.023.800 euros por diferentes proyectos.
Finalmente, desde 2019 se cambió el sistema y empezó a cobrar los servicios prestados mediante el abono de facturas, pero sin firmar ningún contrato. Durante ese año, Adislan recibió un total de 2.047.913,92 euros, en base a un supuesto contrato verbal que los servicios jurídicos del Cabildo también concluyen que es nulo de pleno derecho.
En el caso de esta ONG, se encarga de la atención a las personas con discapacidad de la Residencia de Necesidad Tercera Persona, Residencia de discapacidad intelectual y Centro de día necesitad de tercera persona, Centro de día discapacidad intelectual (centro ocupacional) y Hogares funcionales.
Contratos sin regularizar
Respecto a la concesión del transporte adaptado que da servicio a las personas usuarias del Hospital de Día de Geriatría del Hospital Insular de Lanzarote y del Centro de Estancia Diurna Las Cabreras, a cargo de Iscan Servicios Integrales, la presidenta ha señalado que "la prórroga prevista en este contrato venció el pasado mes de marzo sin que, por parte del Servicio, se iniciaran en tiempo los trámites necesarios para la nueva adjudicación".
"Llegado el vencimiento se optó por decretar la continuidad del servicio, para no generar un perjuicio irreparable a los usuarios, pero esta continuidad adolecía de un vicio: no haber iniciado en los tres meses anteriores al vencimiento el procedimiento de licitación", ha añadido, precisando que también se iniciará el procedimiento para declarar su nulidad y sacar el servicio a concurso.
Por último, la gestión del albergue habilitado en La Santa para la acogida de Menores Extranjeros No Acompañados en abril de 2019 fue adjudicada de forma directa a la Fundación Social Siglo XXI por la vía de emergencia. Sin embargo, los informes solicitados por el actual grupo de gobierno apuntan que más allá de la situación de emergencia que existía en ese momento, tras la adjudicación que debía haber incoado "a la mayor brevedad posible el oportuno expediente" para "regularizar la situación".
"La atención a las personas beneficiarias está garantizada"
En su comparecencia, María Dolores Corujo ha subrayado que más allá de los procedimientos que van a iniciarse, "la atención a las personas beneficiarias de estos servicios está garantizada y en ningún caso este procedimiento de regularización supondrá la suspensión total o parcial de los servicios". Para ello, el Consejo de Gobierno Insular ha adoptado la decisión de declarar "la urgente necesidad de la continuidad de la prestación de los servicios" mientras se tramitan los expedientes.
Además, la presidenta ha querido alabar la labor desarrollada en particular por AFAL y Adislan, "como colaboradoras imprescindibles de este Cabildo en la atención a las personas más vulnerables". "No tengo más que palabras de agradecimiento por la labor que han desempeñado y lamento los inconvenientes que esta situación pueda provocarles", ha precisado, apuntando que no son los responsables de una situación generada por el anterior gobierno.
"Lamentablemente, la situación que acabo de describirles no es excepcional en el sentido de que no se trata de una situación única", ha insistido además la presidenta, adelantando que próximamente darán a conocer la situación de "varios contratos suscritos" por el Cabildo que se encuentran "en el mismo caso".
