El nuevo abogado de Dimas Martín, Manuel González Peeters, ha enviado un escrito al Juzgado que instruye el caso "Unión" explicando por qué su defendido se negó a declarar la pasada semana y adelantando que pedirá comparecer "tan pronto sea posible", una vez que salga de prisión y pueda "estudiar personalmente" el sumario de la causa.
En el escrito, fechado el pasado viernes 19 de abril, el letrado asegura que al líder histórico del PIL ya se le ha concedido el tercer grado penitenciario, dentro de la condena que cumple actualmente por malversación de fondos públicos y otros delitos en el caso del complejo agroindustrial de Teguise. De confirmarse este beneficio penitenciario, Dimas podría ir a prisión solo a dormir y pasar los días en libertad.
"Tan presto sea efectivo tercer grado y ello comporte recuperar la libertad aún limitada, no dude el Juzgado que aplicará (Dimas Martín) cuantas horas sea menester al estudio del sumario y, en consecuencia, pedir declarar tan presto sea posible", señala el nuevo abogado de Dimas, que también defiende al ex socio de Inaki Urdangarín, Diego Torres.
En su escrito, el letrado hace referencia a las dificultades que ha tenido Dimas Martín para leer el sumario de la causa. "En cuanto a la oportunidad de facilitar a mi representado soporte papel del digital facilitado, cierto es que existe restricción en la cárcel, por lo que aunque se han acometido los esfuerzos pertinentes, no ha sido posible dar traslado en soporte papel de ello, lo que meritará cierto tiempo en cuanto al estudio del sumario y, de ahí, la oportunidad de prestar declaración, cual es el interés de mi dicho defendido", insiste.
A continuación, el abogado admite que Dimas Martín disfrutó la pasada semana de un permiso penitenciario de seis días, por lo que pudo ir al Juzgado "por sus propios medios", aunque agrega que "después del tiempo que lleva en prisión, razones humanitarias conducen a pensar que no tenía más remedio que aplicar energías a tratar de recuperarse de la situación que sufre", y no a leer el sumario. Sin embargo, sostiene que ahora sí podrá hacerlo, al haber conseguido el tercer grado.
Dos precedentes en semilibertad
De confirmarse la afirmación que realiza el abogado de Dimas, ésta sería la tercera ocasión en que Dimas Martín recibe el tercer grado mientras cumple condena por la causa del complejo. La primera, en diciembre de 2007, fue cuando llevaba sólo un año en prisión (pese a que la condena era de ocho), pero la Fiscalía presentó un recurso y la Audiencia Provincial anuló este beneficio penitenciario.
Pocos meses después, Instituciones Penitenciarias devolvió la semilibertad a Dimas Martín, pero la Audiencia anuló una vez más el tercer grado, tras el recurso presentado por el fiscal. Así, en mayo de 2009 Dimas regresó a Tahíche, y poco después estalló la Operación "Unión". Esta causa, en la que el líder histórico del PIL es el principal imputado, puso además de relieve los beneficios de los que disfrutaba dentro de la cárcel, su estrecha relación con el que entonces era el director del centro y las actividades presuntamente delictivas que siguió orquestando desde la prisión. Tras estallar esa operación, Dimas fue trasladado a otra cárcel de Tenerife, donde continúa actualmente.
Pendiente de pagar 2,4 millones de euros
En el auto de la Audiencia que anuló el último tercer grado obtenido por Dimas Martín, se señalaba que había existido "precipitación por parte de la Administración y del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria a la hora de clasificar en tercer grado de tratamiento penitenciario al interno". Por un lado, porque la rapidez con la que se otorgó en su día este beneficio, cuando aún no se había cumplido un porcentaje significativo de la condena. Por otro, porque Dimas no ha "satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito".
Al respecto, la Audiencia recordaba que la sentencia del Complejo Agroindustrial condenaba también a Dimas Martín a reintegrar 2,4 millones de euros, para restituir los fondos malversados durante su gestión. Sin embargo, al menos hasta ese momento sólo había abonado 6.000 euros, lo que el auto consideraba "un porcentaje ridículo".
Además, antes incluso de que el caso "Unión" pusiera sobre la mesa el presunto patrimonio oculto de Dimas Martín, la Audiencia Provincial ya señalaba entonces que en el marco de la ejecución de la sentencia del complejo, se habían detectado "varias fincas catastradas a nombre del interno, cuyo embargo no pudo finalmente concretarse al estar en el Registro de la Propiedad inscritas a nombres de terceros".
