El Gobierno de Canarias y la totalidad de las fuerzas políticas con representación en el Parlamento (PSC, CC y PP) estuvieron este miércoles de acuerdo en que la única solución para proteger la isla de Alegranza, y el conjunto del Archipiélago Chinijo, pasa por su adquisición por parte del Estado a través de la expropiación y su consecuente indemnización a los propietarios.
Así lo expresaron tanto el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, como los portavoces José Miguel González (CC), Manuel Fajardo (PSC) y Miguel Jorge (PP) durante la comparecencia del primero para explicar las consecuencias de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) favorables a los propietarios del islote.
Como se recordará, a Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC dictó el pasado mes de enero la segunda sentencia que restablece los derechos de uso a los propietarios de Alegranza, después de que el Gobierno regional pusiera en marcha un Plan Rector de Uso y Gestión "totalmente abusivo".
Esa era la segunda vez que el TSJC otorgaba la razón a la familia Jordán Martinón, y acordaba la anulación de las determinaciones del PRUG en la zona de titularidad privada en el 92 por ciento del islote, aunque el Ejecutivo regional ha recurrido ante el Tribunal Supremo.
"Expropiación completa"
Berriel, durante su comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente, ha asegurado que "la Ley de Costas, aplicada en su literalidad, obliga al Estado a la completa expropiación de todos los islotes, que deben ser de dominio público", aunque hasta conseguir esa situación ha considerado necesaria una "aproximación con los propietarios para llegar a una compatibilidad de usos con la perspectiva siempre de que estos suelos sean patrimonio público" en el futuro.
El nacionalista José Miguel González estuvo de acuerdo en que la solución pasa por "adquirir Alegranza" y recordó que cuando se incide legalmente en el territorio hay que tener siempre presente la posible indemnización a los propietarios legales del mismo.
Por su parte, el portavoz del PP, que fue quien pidió la comparecencia de Berriel para que explicara la situación de Alegranza tras las sentencias, ha recordado que "es bueno que explore todos los caminos para llegar a un acuerdo de los propietarios, aunque más vale un mal acuerdo que un buen pleito".
Además, reflexionó sobre el hecho de que "hay que tener mucho cuidado y estar pendientes para recordar que todas las normas legales están abocadas al derecho de indemnización a los propietarios".
"Evitar disfunciones"
Precisamente, el socialista Fajardo se sumó a esta tesis al afirmar que "para evitar disfunciones, siempre es bueno dictaminar las normas que afectan a la privacidad por consenso con los propietarios", ya que tanto Alegranza, como en su momento la Moratoria, son ejemplos de "lo que puede suceder cuando entra en colisión la protección de suelo con el derecho a la propiedad privada reconocida por la Constitución".
La segunda sentencia notificada en enero, y que recoge los argumentos de la dictada seis meses antes, afirma que "la arbitraria restricción vulnera la normativa del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias, que prevé la limitación de la propiedad en función de la protección del suelo, el agua, el aire, la flora y la fauna", pero nunca en función del propietario.
En concreto, el TSJC aseguraba que "resulta difícilmente comprensible la diferenciación de usos que se ha hecho, no en función de los valores del suelo, sino por el contrario de la titularidad dominical de cada uno de ellos".
ACN Press
