16/Jun/2019

TAMBIÉN LE RECLAMA MÁS DE 600.000 EUROS DE MULTA Y RESPONSABILIDAD CIVIL

La Fiscalía pide 15 años de cárcel para Juan Francisco Rosa en el caso Stratvs

Reclama que el empresario pague más de 600.000 de euros entre la multa y la responsabilidad civil, para indemnizar a los propietarios del suelo. Además, pide que sean decomisados los "productos e ingresos" derivados de la explotación de Stratvs...

La Fiscalía pide 15 años de cárcel para Juan Francisco Rosa en el caso Stratvs

El empresario Juan Francisco Rosa podría enfrentarse a 15 de años de prisión por casi una decena de delitos relacionados con la construcción y la puesta en funcionamiento del “macrocomplejo” Stratvs. Ésa es la pena que pide para él la Fiscalía de Medio Ambiente, que este martes ha presentado el escrito de acusación contra 16 de las 17 personas señaladas por la juez Silvia Muñoz en el auto en el que el pasado 13 de marzo dio por concluida la instrucción de la causa.

Además, la Fiscalía también formula acusación contra la sociedad BTL Lanzarote, titular de la bodega, a la que le reclama una multa de 108.000 euros, así como la suspensión de su actividad durante dos años. Esta cifra se suma a la que tendría que abonar Juan Francisco Rosa en caso de ser condenado. El fiscal Ignacio Stampa pide para él una multa de 267.000 euros, así como el pago de unos 350.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

De esa cantidad deberá responder “conjunta y solidariamente” el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana. El fiscal pide que entre los dos indemnicen a cuatro de los “legítimos propietarios” del suelo donde se levantó Stratvs, que son los que se han personado como acusación particular en la causa. En total, la Fiscalía pide que les indemnice con 309.863 euros “por el valor de la parte alícuota correspondiente al espacio legítimamente usurpado y edificado, según tasación pericial”.

 

Rofe "sustraído" y "destrucción de la vivienda"


Además, Rosa y Armas deberían pagar a cada uno 14.810 euros por el volumen de rofe “sustraído” durante la excavación para realizar la bodega y 943 euros “por la destrucción material de la vivienda” que existía en la finca, y que tenía valor etnográfico. Esta cifra supone la dieciochoava parte del valor estimado del daño, ya que en total la finca tiene 18 dueños.

Entre los delitos que se imputan a Rosa se incluyen los de usurpación de bien inmueble y hurto de bienes de valor histórico, ya que ni siquiera era el dueño del suelo donde se levantó Stratvs, así como delitos contra la ordenación del territorio, el patrimonio histórico y el medio ambiente, estafa y tráfico de influencias.

Además, la Fiscalía pide que sean decomisados "todos los efectos, productos e ingresos que se hayan obtenido" con la construcción y explotación de Stratvs, y que se condene a Juan Francisco Rosa a seis años de inhabilitación para el ejercicio de “cualquier profesión relacionada con la construcción y la promoción inmobiliaria y/o urbanística”.

 

Diez años de prisión para el arquitecto


En el extenso escrito de acusación, hecho público por la Fiscalía General del Estado, la segunda mayor pena se solicita para el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana, que a su vez era propietario de una parte de la finca donde se levantó Stratvs. Para él, el fiscal pide 10 años de prisión, su inhabilitación como arquitecto durante 4 años y una multa de 72.000 euros, por delitos falsedad documental, delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, un delito contra el patrimonio histórico y otro de usurpación.

El fiscal reclama también penas de cárcel e inhabilitación para 8 políticos y técnicos del Ayuntamiento de Yaiza y del Cabildo de Lanzarote, y penas de multa e inhabilitación para los otros cuatro acusados. Además, solicita la demolición del “macrocomplejo Stratvs”, así como la clausura definitiva de la actividad. También reclama que se declaren nulas todas las licencias y permisos que recibió, que carecían “de todo amparo legal” y sólo “tenían por objeto satisfacer los intereses de Juan Francisco Rosa Marrero, en detrimento del resto de ciudadanos de la isla”.

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