04/jun./2020

CINCO ACUSADOS HABRÍAN RECIBIDO 863.674 EN SOBORNOS DE URBASER Y FCC

El fiscal pide 4,5 millones en multas y penas de hasta 19 años de cárcel en la pieza de Unión de Isabel Déniz

El escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción en una de las piezas centrales de Unión sostiene que cinco de los acusados recibieron 863.674 en sobornos de Urbaser y FCC. Pide las mayores penas para Rafael Arrocha, Isabel Déniz, Dimas Martín y Felipe Fernández Camero…

Isabel Déniz y Felipe Fernández Camero, durante su etapa como alcaldesa y secretario de Arrecife.
Isabel Déniz y Felipe Fernández Camero, durante su etapa como alcaldesa y secretario de Arrecife.
El fiscal pide 4,5 millones en multas y penas de hasta 19 años de cárcel en la pieza de Unión de Isabel Déniz

Más de 4,5 millones de euros en multas y penas de prisión de hasta 19 años y medio de cárcel. Eso es lo que pide el Ministerio Fiscal en una de las principales piezas del caso Unión, surgida de la Operación Jable y centrada en la etapa de María Isabel Déniz en la Alcaldía de Arrecife. El escrito de acusación ha corrido a cargo del fiscal Anticorrupción Luis del Río y se ha presentado esta semana ante el Juzgado Número 5 de Arrecife. Así, tras haberse recibido también los escritos de calificación de la acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento como perjudicado, y las acusaciones populares, esta pieza está lista para que se ordene la apertura de juicio oral.

Además de pedir multas millonarias e importantes penas de prisión (la mayor para el que era jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha), la Fiscalía también solicita que sean decomisados 863.674 euros que presuntamente recibieron cinco de los acusados (Isabel Déniz, Dimas Martín, Rafael Arrocha, Felipe Fernández Camero y Miguel Ángel Leal) en sobornos de Urbaser y Fomento Construcciones y Contratas. El fiscal considera que estas dos empresas recibieron contratos de forma fraudulenta, que además después se fueron disparando en el precio, a cambio del pago de comisiones ilegales. Y todo ello "a costa del erario público", ya que el "criterio decisivo" para las adjudicaciones era "el abono de las dádivas solicitadas", y no que las empresas "ofreciesen las mejores condiciones para la Corporación municipal".

En total, el fiscal Anticorrupción formula acusación contra 17 políticos, funcionarios y directivos de estas dos empresas, además de reclamar sumas económicas a las parejas de Isabel Déniz y Dimas Martín, como partícipes a título lucrativo. Esto es lo que solicita para cada uno de ellos:

 

Funcionarios


RAFAEL ARROCHA:

Como jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, intervenía en la adjudicación de contratos y en las revisiones de precios. A su vez, tenía una empresa privada con la que realizaba proyectos para las empresas que contrataba el Ayuntamiento, que dependían de su visto bueno, y de las que recibió cientos de miles de euros. Tanto en su caso como en el del resto de los acusados, la mayor parte de la multa que se solicita corresponde al doble o al triple de las "dádivas" que presuntamente recibieron.

Petición de prisión: 19 años y 6 meses.

Petición de inhabilitación: 62 años.

Petición de multa: 1.124.812 euros.

Decomiso de los sobornos: El fiscal pide que le sean decomisados 518.156 euros que presuntamente recibió de Urbaser, tanto con facturas que le cargaba a través de su empresa como con pagos que reclamaba en metálico y con regalos. Entre ellos, un Ipaq H370 valorado en 636 euros, un reloj Seiko de 830 euros, otro Dupont de 475 euros, un mechero de 240 euros y una cámara fotográfica valorada en 420 euros. Además, la Fiscalía reclama que se decomisen otros 30.000 euros que le pagó FCC.

 

FELIPE FERNÁNDEZ CAMERO:

Como secretario del Ayuntamiento de Arrecife, era el responsable del asesoramiento legal de la Corporación y formaba parte de la mesa de contratación. Entre otras cosas, según el fiscal, Camero era el responsable de “custodiar” los documentos y ayudó a dar el ‘cambiazo’ en la primera oferta que presentó Tecmed (después absorbida por Urbaser) al concurso de recogida de basura, para que pudiera ganar la adjudicación. A cambio, recibió presuntos sobornos de la empresa.

Petición de prisión: 11 años y 6 meses.

Petición de inhabilitación: 18 años.

Petición de multa: 38.183 euros.

Decomiso de los sobornos: El fiscal pide que le sean decomisados 8.591 euros que presuntamente recibió de Urbaser, en forma de regalos. Por un lado, señala un viaje a Kenia para él y su pareja, que realizaron junto a Isabel Déniz y su marido, y que fue abonado por Tecmed. A esto, la Fiscalía suma “diversos regalos” que Camero recibió de esta empresa, entre los que se ha podido documentar un bolígrafo Mont Blanc valorado en 765 euros.

 

Políticos


MARÍA ISABEL DÉNIZ:

Como alcaldesa de Arrecife, intervino en las adjudicaciones a Urbaser y a FCC y en las posteriores revisiones de precios y ampliaciones de contratos. A cambio, según el fiscal, exigió importantes sumas de dinero en metálico y dinero a ambas empresas.

Petición de prisión: 13 años.

Petición de inhabilitación: 52 años.

Petición de multa: 363.355 euros.

Decomiso de los sobornos: El fiscal pide que le sean decomisados 158.253 euros que presuntamente recibió de Urbaser en regalos y pagos en metálico y 16.674 euros de Fomento Construcciones y Contratas. En el caso de FCC, está documentado que pagó un viaje a Marrakech del que disfrutó Isabel Déniz junto ocho miembros de su familia. En cuanto a Urbaser, el fiscal sostiene que entregó a la alcaldesa unos 80.000 euros en efectivo en distintos pagos. Además, sufragó un viaje a Kenia en el que participaron Isabel Déniz, Felipe Fernández Camero y sus respectivas parejas. También constan regalos como mueble de salón de 1.202 euros, un Rolex valorado en 4.750 euros, un bolso Loewe de 418 euros y entradas para la Ópera en el Teatro Real de 574 euros. A esto, el fiscal añade que Urbaser le pagó una empleada doméstica para su casa durante “al menos” dos meses.

 

DIMAS MARTÍN:

El fiscal considera que tenía “poderes omnímodos” en su partido y que “se concertó” con la alcaldesa, que entonces militaba en el PIL, “para obtener fondos de forma ilícita”. Concretamente, los hechos por los que se le acusa en esta pieza están relacionados con la trama de Urbaser. En su caso, la Fiscalía aplica el agravante de reincidencia para aumentar las penas que solicita.

Petición de prisión: 13 años.

Petición de inhabilitación: 52 años.

Petición de multa: 281.244 euros.

Decomiso de los sobornos: El fiscal pide que le sean decomisados 72.000 euros que habría recibido de Urbaser, con distintos pagos de cantidades en metálico.

 

MATÍAS CURBELO:

Era la mano derecha de Dimas Martín y, tras su detención, reconoció los hechos y colaboró con la investigación, aportando incluso documentos. Por eso, el fiscal rebaja la pena que solicita para él, al considerar como atenuante muy cualificado su confesión y su colaboración.

Petición de prisión: 6 meses.

Petición de inhabilitación: 2 años.

Petición de multa: 15.000 euros.

 

MIGUEL ÁNGEL LEAL:

Era el secretario del PSOE en Arrecife, que en ese momento gobernaba junto al PIL en el Ayuntamiento. Su mujer era teniente alcalde del Consistorio. En su confesión, Matías Curbelo declaró haberle entregado uno de los sobres que recibió de Urbaser con comisiones ilegales.

Petición de prisión: 3 años.

Petición de inhabilitación: 10 años.

Petición de multa: 60.000 euros.

Decomiso de los sobornos: El fiscal pide que le sean decomisados 60.000 euros que presuntamente recibió en metálico de Urbaser, a cambio del ‘amaño’ en la adjudicación del contrato.

 

Directivos de Urbaser


SANTIAGO ALONSO:

Era directivo y apoderado primero de Tecmed y luego de Urbaser en Madrid. Según el fiscal, intervino directamente o a través del gerente en Lanzarote en el pago de todas las comisiones ilegales.

Petición de prisión: 10 años y 2 meses.

Petición de inhabilitación: 5 años.

Petición de multa: 603.600 euros.

 

MANUEL ANDRÉS MARTÍNEZ:

Era directivo y apoderado primero de Tecmed y luego de Urbaser en Madrid y, según el fiscal, intervino directamente o a través del gerente en Lanzarote en el pago de todas las comisiones ilegales.

Petición de prisión: 10 años y 2 meses.

Petición de inhabilitación: 5 años.

Petición de multa: 603.600 euros.

 

FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ LLERANDI:

Representaba a Tecmed en las obras de construcción de naves que se adjudicaron a esta empresa, de forma fraudulenta, junto con el servicio de recogida de basura. Según el fiscal, intervino en el pago de sobornos a Rafael Arrocha.

Petición de prisión: 6 años y 8 meses.

Petición de inhabilitación: 4 años.

Petición de multa: 420.606 euros.

 

STEPHAN JEAN ANTOINE BALVERDE:

Fue el encargado de elaborar la oferta de Tecmed para el concurso de recogida de basura. Cuando la empresa fue advertida de forma fraudulenta de que la suya no era la más ventajosa, el ingeniero redactó una segunda oferta que, según el fiscal, cambiaron de forma ilegal por la oferta inicial, con la participación de Arrocha y Camero.

Petición de prisión: 8 años y 2 meses.

Petición de inhabilitación: 5 años.

Petición de multa: 603.600 euros.

 

JACINTO ÁLVAREZ:

Era el gerente de Tecmed y luego de Urbaser en Lanzarote. Según el fiscal, tras su detención “colaboró activamente con los miembros de la UCO”, entre otras cosas entregando las libretas donde fue anotando durante años los presuntos sobornos que pagó en nombre de la empresa a cargos públicos y funcionarios, así como la comunicación con sus superiores jerárquicos en Madrid. “Esta colaboración ha sido esencial para descubrir las actividades realizadas por esta trama y las diversas personas que participaron”, señala la Fiscalía, que ha aplicado esta circunstancia como atenuante muy cualificada al solicitar las penas.

Petición de prisión: 1 año y 9 meses.

Petición de inhabilitación: 1 año y 5 meses.

Petición de multa: 150.900 euros

 

Directivos de FCC


ENRIQUE ASTORGA GONZÁLEZ:

Como directivo de Fomento Construcciones y Contratas, firmó el pagaré con el que se abonó el viaje que Isabel Déniz realizó a Marrakech junto a su marido, su hija, sus tres hermanos y las parejas de éstos. En total, la empresa pagó 16.674 por ese viaje.

Petición de prisión: 4 años.

Petición de inhabilitación: 10 años.

Petición de multa: 111.744 euros.

 

ENRIQUE JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN:

Es el otro directivo de FCC que firmaba el pagaré con el que se pagó el viaje de Isabel Déniz y su familia a Marrakech, coincidiendo con la adjudicación de la obra del pabellón de deportes de Argana. Ese contrato se adjudicó por 8,7 millones de euros, ya que Fomento ofertó una rebaja del 7,7 por ciento con respecto al presupuesto base de licitación. Sin embargo, justo después de contratar la obra a FCC, el Ayuntamiento aprobó un modificado del proyecto, aumentando el importe en un 7,2 por ciento. Además, dos meses más tarde le adjudicaron sin concurso público unas "obras complementarias" en el pabellón por valor de 1,3 millones de euros.

Petición de prisión: 4 años.

Petición de inhabilitación: 10 años.

Petición de multa: 111.744 euros.

 

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MANUEL JESÚS ISIDRO SPÍNOLA:

Además de ser técnico de Actividades Clasificadas del Cabildo, Spínola era socio del jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha, en varias empresas. A través de esas sociedades, ambos eran contratados y realizaban proyectos para empresas que luego dependían de su visto bueno para firmar contratos con la administración. La Fiscalía pide para él multa e inhabilitación, pero no penas de prisión.

Petición de inhabilitación: 3 años

Petición de multa: 7.500 euros

 

JULIO ROMERO:

Era el tercer socio de Arrocha y Manuel Jesús Spínola en varias empresas. Según el fiscal, a través de ellas “captaban numerosos clientes que contrataban sus servicios” para elaborar proyectos, “convencidos” de que así “obtendrían con seguridad el informe favorable de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife y del Departamento de Actividades Clasificadas del Cabildo de Lanzarote”. La Fiscalía pide para él multa e inhabilitación.

Petición de inhabilitación: 7 meses.

Petición de multa: 7.500 euros.

 

DANIEL HERNÁNDEZ CARABALLO:

Intervino como autónomo en las empresas de Rafael Arrocha y Manuel Spínola y sirvió, según el fiscal, para “disimular”. El escrito sostiene que ambos técnicos eran “conscientes de la patente ilegalidad que suponía obtener ingresos por realizar proyectos a empresas” de los que luego iban a tener que informar desde sus respectivos cargos en el Cabildo y en el Ayuntamiento de Arrecife. Por eso, crearon un “entramado societario” y, además, contaron con otros ingenieros, como Daniel Hernández, que firmaban los proyectos y tenían cuentas a su nombre donde se movía dinero de las empresas. 

Petición de inhabilitación: 6 meses.

Petición de multa: 7.500 euros.

 

RAFAEL ANTONIO CORUJO GIL:

Es el otro ingeniero que trabajó en las empresas de Arrocha y Spínola, firmando proyectos y teniendo a su nombre cuentas que manejaban los otros acusados. Según el fiscal, tanto Corujo Gil como Hernández Caraballo eran “conscientes” de la situación.

Petición de inhabilitación: 6 meses.

Petición de multa: de 7.500 euros.

 

Partícipes a título lucrativo


JOSÉ DOMINGO ABREUT: Según el fiscal, el marido de Isabel Déniz se benefició de 325.484 euros obtenidos ilegalmente por su esposa. Por eso, aunque no considera acreditado que conociera la procedencia ilícita del dinero, sí solicita que responda de esa cantidad.

 

ELENA MARTÍN: El fiscal pide que la mujer de Dimas Martín responda como partícipe a título lucrativo de la cantidad de 14.812 euros, de los que se benefició personalmente y que proceden, según la acusación, de comisiones ilegales recibidas por el líder histórico del PIL.

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