ASÍ LO HA ANUNCIADO EL CABILDO, TRAS LAS REUNIONES DE ESTE LUNES

La Comisión Europea abre una investigación sobre las prospecciones de Repsol en Canarias

Así lo ha anunciado el Cabildo, después de que el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea se reuniera durante cuatro horas con técnicos de Canarias y eurodiputados...

4 de noviembre de 2014 (11:10 CET)
La Comisión Europea abre una investigación sobre las prospecciones de Repsol en Canarias
La Comisión Europea abre una investigación sobre las prospecciones de Repsol en Canarias

La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea iniciará "una exhaustiva investigación sobre las autorizaciones otorgadas a Repsol por el Gobierno de España para efectuar prospecciones en Canarias". Así lo ha anunciado el Cabildo de Lanzarote, tras las reuniones que el director general de Medio Ambiente, Kart Falkenberg, mantuvo este lunes con tres técnicos, seis eurodiputados y representantes de colectivos ciudadanos que expusieron los motivos más destacados para reclamar la paralización urgente de las prospecciones en Canarias. 

Los dos encuentros, que se prolongaron durante cuatro horas, tienen orígenes diferentes pero han confluido en el tiempo por decisión de las autoridades europeas, al tratarse de la misma temática, ya que en ambos casos se ha reivindicado la intervención de la Comisión Europea para investigar tanto la legalidad de las autorizaciones como las operaciones que la petrolera prevé efectuar frente a las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

El primer encuentro tuvo lugar entre el director general de Medio Ambiente con el responsable de la Oficina de Acción Global del Cabildo de Lanzarote (OAG), Ezequiel Navío, quien realizó una exposición enumerando los más destacados motivos que justifican la intervención de Europa para detener las catas de Repsol. En esta reunión estuvieron presentes eurodiputados de tres de los cuatro grandes Grupos políticos de la eurocámara involucrados activamente contra las prospecciones (Socialdemócratas, Demócratas Liberales, Izquierda Unitaria, y Los Verdes), como Pablo Echenique (Podemos), Juan Fernando López Aguilar (Partido Socialista Obrero Español), Marina Albiol y Ángela Vallina (Izquierda Unida) y Ernest Urtasun (Iniciativa per Catalunya Verds), quienes intervinieron para reclamar al director general la intervención de la Comisión Europea en este asunto.

 

Riesgos de derrame e impactos sobre la biodiversidad


El segundo encuentro con el alto cargo de la Comisión Europea estuvo protagonizado por el profesor universitario de Conservación Marina de la Universidad de Alaska, Richard Steiner, y la bióloga marina de la Universidad de La Laguna y experta en cetáceos Natacha Aguilar, quienes documentaron las probabilidades de riesgo de derrames y los impactos sobre la biodiversidad, respectivamente. A este encuentro asistieron Elena Solís y Pedro Hernández, asesores del Cabildo de Fuerteventura y peticionarios de la denuncia ante el Comité de Peticiones, quienes incidieron en las diferencias de criterio que el Estado español aplica para suspender o autorizar prospecciones petrolíferas en aguas de las diferentes comunidades autónomas. 

El Cabildo de Lanzarote entregó al director general un informe detallado con la totalidad de las argumentaciones y más de 60 documentos técnicos para documentar los criterios contrarios a las catas, documento que Falkernberg se ha comprometido a estudiar de forma urgente. Por parte de Richard Steiner, Natacha Aguilar y Pedro Hernández se aportaron documentos sobre los impactos y los índices de riesgo para su evaluación por parte de la Comisión.

Según señalan desde el Cabildo, el director general de Medio Ambiente mostró "su preocupación" por este asunto y aceptó la petición de la OAG de designar un equipo de trabajo que evalúe "de inmediato y de forma prioritaria" la documentación aportada. Durante los encuentros con Falkernberg se expusieron las amenazas de las operaciones petrolíferas sobre los intereses más vitales para la población de las islas, como la posible afección al acceso del agua potable, los impactos sobre el turismo y las pesquerías, los daños a una biodiversidad que es reconocida como única en el ámbito de la Unión Europea, y las diferentes normativas comunitarias que España puede haber vulnerado para dar luz verde a la petrolera.

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