Coalición Canaria ha sufrido este lunes su primer revés tras quedar en minoría en el grupo de gobierno del Cabildo, al no lograr aprobar la modificación del Plan Especial de La Geria. Aunque el documento fue aprobado definitivamente el pasado mes de julio, el grupo de gobierno había impulsado una modificación para ampliar la superficie construida que se autoriza a las bodegas. Sin embargo, CC no ha logrado la mayoría necesaria para sacarla adelante.
Durante la votación, Alternativa Ciudadana se ha pronunciado en contra y el resto de los grupos, incluido el PSOE, se han abstenido. En ese momento del Pleno, el socialista Joaquín Caraballo ya había abandonado la sesión. Caraballo sólo ha estado presente en la votación de los presupuestos, a los que ha dado su voto favorable pese al mandato de su partido, presentando después su renuncia como consejero.
Así, la propuesta de modificación del Plan de La Geria sólo ha recibido los votos favorables de Coalición Canaria, que eran insuficientes para aprobar este punto. Para dar luz verde a esta modificación, según se ha puesto de relieve durante el Pleno, se necesitaba que fuera aprobado por mayoría absoluta (la mitad más uno), y sólo ha logrado el voto de 9 de los 23 consejeros (21 presentes en la sesión).
"Había dudas sobre este tema y el jefe a Oficina Técnica dijo que sí, que seguramente hace falta mayoría absoluta", ha explicado Ástrid Pérez. Por su parte, desde el grupo de gobierno también han confirmado a La Voz que había "una duda jurídica", pero finalmente han confirmado que los votos no eran suficientes para dar la modificación por aprobada.
La oposición denuncia "falta de información"
"Estamos a favor de que se mejore el sector vitivinícola pero, desde luego, conociendo toda la información", ha afirmado el consejero Ramón Bermúdez, para explicar la abstención del PIL. "En los últimos días hemos sabido por los medios de comunicación que ese plan aprobado por la Cotmac ha sido recurrido y queremos saber en qué términos y qué artículos han sido recurridos, porque a lo mejor estamos modificando algo que está denunciado en los tribunales", ha agregado.
Así, Bermúdez ha insistido en que su grupo no tiene "toda la información" y ha denunciado que es algo a lo que les tiene "muy acostumbrados este gobierno". "El Cabildo debe tener conocimiento de esos recursos y no se nos ha puesto al día", ha lamentado.
Por su parte, la consejera del PP Ástrid Pérez ha reprochado al grupo de gobierno su falta de "diálogo" y de "consenso" y ha reclamado un cambio de actitud si CC pretende volver a llevar a Pleno esta modificación. "Ellos sabrán ahora qué hacen y cómo gobiernan en minoría. Tendrán que saber qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Si han conseguido enemistarse con todo el mundo, no sé cómo van a plantear esto. Desde luego, con imposiciones no, van a tener que empezar a negociar con los partidos en la oposición", ha advertido.
"Usar las instituciones para dar cobertura legal a prácticas delictivas"
Por su parte, Alternativa Ciudadana, que ha votado en contra, ya había cuestionado públicamente esta modificación, afirmando que lo que pretende es "dar cabida legal a las bodegas con problemas urbanísticos". Esta propuesta, "disfrazada de medida vital para la supervivencia del sector, no es otra cosa que un intento más, por parte de determinados sectores empresariales de la isla que no respetan la legalidad urbanística, de utilizar las instituciones públicas para dar legitimidad y cobertura legal a sus prácticas delictivas", advirtieron en su día desde AC, cuando se empezó a tramitar esta modificación.
Entre otras cosas, el partido criticaba que se pretendiera "permitir la altura máxima de dos plantas o una altura de 7,50 metros, pese a que en la redacción actual del Plan se permite la construcción de una sola planta o 5 metros de altura, mucho más acorde con el medio y su arquitectura".
Lo "lamentable de esta situación", según Alternativa Ciudadana, "es que las instituciones públicas asuman el papel de ser garantes y defensores de este tipo de situaciones, más aún cuando éstas se encuentran en manos de la Justicia", como sucede en el caso Stratvs. Por eso, defiende que "si tales delitos se han llevado a cabo, estos deben ser condenados bajo el principio de igualdad por el cual se juzga a todos los ciudadanos, sin necesidad de que el Cabildo medie y promueva la legalización de aquellos actos que para cualquier ciudadano son punibles".
