"Es una muy mala noticia, además de injusta". Así se ha manifestado el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, después de conocer que la Audiencia Provincial de Las Palmas ha desestimado el recurso de Inalsa con respecto a la UTE Edam Janubio, obligándole a pagar casi 9 millones de euros.
Con su recurso, la empresa pública de aguas pedía que no se ejecutara [ el laudo arbitral dictado hace más de cuatro años->7511] por la Cámara de Comercio de Las Palmas, que determinó que Inalsa debía abonar esa cifra en concepto de indemnización, después de haber anulado el contrato para la construcción de la desaladora del sur. Sin embargo, la Audiencia ha dado por bueno ese laudo, y ordena su cumplimiento.
Al respecto, San Ginés ha señalado que los servicios jurídicos ya están analizando este hecho. Y es que, ha precisado, "no podemos compartir que haya que pagar casi diez millones de euros por unas obras que no se hicieron".
En este sentido, el presidente del Cabildo ha apuntado que desde Inalsa, el Consorcio Insular de Aguas y desde el propio Cabildo "se continuará agotando la vía jurídica para tratar de evitar que se cometa un atropello a las arcas públicas, por un contrato" que, a su juicio, "nunca debió firmarse".
Desde la institución también han remitido una nota de prensa afirmando que "el auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas no tiene ningún efecto virtual por cuanto el laudo ya se encuentra en ejecución y la deuda que se intenta minorar siempre ha figurado entre los acreedores principales de la empresa". Además, el Cabildo agrega que en relación con dicho laudo, "queda pendiente por resolver un recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional".
Otra sentencia en contra
Tras conocerse esta noticia, el Cabildo también ha hecho público que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas ha dictado una sentencia, con fecha 10 de diciembre de 2010, en la que rechaza la demanda del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote y la solicitud de los Administradores concursales de INALSA en la que pedía la nulidad de pleno derecho del contrato celebrado entre INALSA y la UTE EDAM-JANUBIO, demanda que interpuso el Consejo por considerar que dicho contrato vulneraba las normas comunitarias de publicidad -tal y como dictaminó en su día el Consejo Consultivo de Canarias- y por ser contrario al Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote, al Plan Hidrológico Insular de Lanzarote y al Reglamento de Dominio Público Hidráulico, tal y como ya habían reconocido mediante sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas.
En la sentencia, se señala que si bien "el Tribunal aprecia la existencia de serias dudas de Derecho sobre las consecuencias civiles de las irregularidades administrativas en la formación y en el contenido del contrato", sin embargo entiende que no son de la suficiente entidad para proceder a la nulidad del mismo y, en consecuencia, a rebajar el crédito que la UTE ostenta frente a INALSA. La sentencia no impone las costas a ninguna de las partes, dadas las serias dudas de derecho en la validez del contrato.
Además, hay que destacar que en relación con dicho contrato está pendiente de resolución un recurso contencioso administrativo presentado ante el Tribunal número 1 de Las Palmas que resolverá o no su nulidad.
