La alcaldesa de Arrecife, Ástrid Pérez, ha firmado este miércoles un decreto autorizado el pago de más de 277.000 euros el abogado Felipe Fernández Camero, que actualmente está a la espera de juicio acusado de malversar fondos públicos del Ayuntamiento. El pago autorizado corresponde a los "honorarios" de Camero por haber sido el abogado del Ayuntamiento en el pleito de Ginory, en el que el Consistorio fue condenado a abonar una indemnización millonaria a los dueños de ese solar.
Además de lo cuestionada que ha sido su intervención en ese procedimiento, el anterior grupo de gobierno calificó de "manifiestamente improcedente y absolutamente desproporcionada la cantidad reclamada" por Camero, ya que este pleito se le asignó en el año 2011 con un "contrato menor", a través de un decreto firmado por el entonces alcalde, Cándido Reguera. Y aunque en ese decreto de adjudicación directa no se especificaban los honorarios que recibiría, los contratos menores implican que el importe no podía superar los 18.000 euros. Sin embargo, el abogado y ex secretario de Arrecife va a terminar cobrando del Consistorio 277.523 euros más intereses.
Desde el actual grupo de gobierno explican que el pago se ha ordenado para cumplir un requerimiento del Juzgado, que a finales de diciembre se volvió a dirigir al Ayuntamiento para instarle a abonar los honorarios de este pleito a Camero, dándole un nuevo plazo para presentar alegaciones. Sin embargo, siguen sin esclarecerse todas las "circunstancias irregulares" que llevaron a esta decisión firme del Juzgado.
Notificaciones del Juzgado que no llegaron a la alcaldesa
Fue la anterior alcaldesa, Eva de Anta, quien poco antes de dejar el cargo advirtió de esas "circunstancias irregulares". En primer lugar, Fernández Camero ni siquiera solicitó el pago al Ayuntamiento, sino que se dirigió directamente al Juzgado donde se había tramitado el pleito de Ginory, presentando una reclamación como si el cliente ?es decir, el Consistorio- le estuviera negando el pago. Así, entre otras cosas, evitó que la factura pasara por Intervención de Arrecife para ser fiscalizada.
Después, el Juzgado se dirigió al Ayuntamiento notificándole esa reclamación y dándole la oportunidad de presentar alegaciones, pero esa notificación nunca llegó a la entonces alcaldesa. Así, el Ayuntamiento no respondió ni impugnó esa reclamación de cantidad de Camero, que pasó a hacerse firme.
Además, la factura que presentó en el Juzgado tampoco estaba a su nombre sino a nombre de su empresa, Adelfas 24 S.L., lo que supondría otra irregularidad más, ya que el contrato menor se le adjudicó a Felipe Fernández Camero como persona física, por lo que no puede reclamar un pago una entidad jurídica con la que el Consistorio no tiene vínculo alguno.
Omisiones en la defensa del Ayuntamiento
El contrato por el que reclama este pago se remonta al año 2011, cuando se inició la recta final de este litigio, que ha terminado suponiendo una de las mayores losas económicas a las que se enfrenta el Ayuntamiento de Arrecife, dado que supondrá el abono de más de 30 millones de euros a los demandantes. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias puso de relieve las graves omisiones en las que incurrió la defensa del Consistorio, que terminaron perjudicando gravemente sus intereses.
"El acuerdo del Jurado de expropiación fijando el justiprecio no fue recurrido por la Corporación municipal, como tampoco lo fue la sentencia que declaró el mismo ajustado a derecho, ni tampoco ha sido objeto de procedimiento de revisión alguno y por ello es un acto firme y consentido", señaló el TSJC en una sentencia dictada en julio de 2016. A esto hay que sumar que en este contencioso con los dueños del solar no se llegó a discutir la titularidad del suelo, cuando este punto ha sido clave en otros pleitos que ha ganado el Consistorio frente a otros promotores, que reclamaban indemnizaciones millonarias por parcelas de las que después no pudieron acreditar ser los dueños.
En el caso del solar de Ginory, además, hay informes que señalan que buena parte de ese suelo sería en realidad de dominio público, porque se trata de terreno ganado al mar, donde hasta hace años lo que había era una lámina de agua. Sin embargo, al no haber planteado esto en el pleito ni haber recurrido tampoco la tasación, el Ayuntamiento debe pagar más de 20 millones de euros por el suelo y otros diez millones en concepto de intereses.
Apartado como secretario por una incompatibilidad "muy grave"
Felipe Fernández Camero fue secretario del Ayuntamiento de Arrecife hasta que tuvo que dejar el cargo tras ser inhabilitado en el año 2004 por una falta muy grave, por ostentar cargos en empresas incompatibles con el puesto de secretario municipal, y por otra falta grave, por haber seguido ejerciendo como abogado privado sin obtener la compatibilidad del Pleno.
No obstante, la entonces alcaldesa, María Isabel Déniz, volvió a contratarle tiempo después como asesor del Ayuntamiento, y también se le han encargado pleitos en calidad de abogado, siendo el más controvertido por su resultado éste del solar de Ginory.
Actualmente, Fernández Camero está a la espera de dos juicios, en los que está acusado de malversación de fondos públicos tanto del Ayuntamiento de Arrecife como del Ayuntamiento de Yaiza, para el que también trabajó como abogado y supuesto asesor bajo la Alcaldía de José Francisco Reyes, mientras a su vez era contratado por los empresarios que recibieron licencias ilegales a cambio de sobornos, tal como consideró acreditado el caso Yate.
