La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de casación presentado por los propietarios del Islote del Francés, donde se ubicaba la antigua fábrica de La Rocar, en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que dictaminó que estos terrenos son de uso público sin necesidad de ser expropiados, en contra de la pretención de la propiedad.
El fallo judicial del TSJC, de febrero de 2024, puso fin a una larga controversia judicial, en la que la empresa Inversiones Islote del Francés SL amenazaba con lograr una indemnización de 200 millones de euros si el Ayuntamiento de Arrecife mantenía esos terrenos con su uso público.
Inversiones Islote del Francés SL recurrió la sentencia del TSJC, después de que el tribunal canario rechazara el recurso contencioso administrativo interpuesto contra el Acuerdo de la Comisión de Valoraciones de Canarias, que rechazó fijar un justiprecio por el Islote del Francés.
El Supremo apoya su decisión en "la falta de fundamentación" del recurso de casación presentado por la mercantil. Así pues, el Alto Tribunal ha condenado a la empresa a pagar las costas procesales, que fija en 1.000 euros más el IVA, en favor de la parte recurrida.
El Ayuntamiento de Arrecife ha celebrado esta decisión judicial. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Arrecife, Maciot Cabrera (CC), ha mostrado su satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo de inadmitir a trámite este recurso.
“Esta resolución judicial respalda la firmeza con la que hemos defendido el planeamiento de Arrecife y pone fin a décadas de litigios sobre el futuro de este espacio estratégico. Se acabó la incertidumbre: el Islote podrá ser de uso público y no se va a pagar una indemnización millonaria. Hoy Arrecife puede mirar al futuro con más seguridad jurídica y con un urbanismo al servicio de la ciudadanía”, ha resaltado el concejal.
En este sentido, Cabrera ha recordado que “de haber prosperado el recurso, el Ayuntamiento habría enfrentado una posible reclamación de más de 200 millones de euros en concepto de indemnización por expropiación del suelo, circunstancia que no se dará porque la Justicia ha vuelto a respaldar una vez más la postura que hemos defendido desde el Ayuntamiento en defensa del interés público”, ha concluido.