El grupo de gobierno de Haría acaba de sufrir su segundo varapalo judicial en la misma semana en el pleito de La Cueva, que ha supuesto además una nueva condena al Ayuntamiento a pagar las costas. En un auto fechado este 27 de abril, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 5 de Las Palmas ha rechazado la petición del Consistorio de anular los acuerdos que alcanzó con el Cabildo, recordándole además que fue “hacedor” y “coautor” de los mismos.
En su resolución, el magistrado concluye que el convenio definitivo aprobado el pasado mes de noviembre no pretendía “eludir la ejecución de la sentencia” de 2015, sino “justamente lo contrario”. Además, sostiene que lo planteado ahora por el Consistorio ante el Juzgado, pidiendo anular tanto el convenio firmado en su día entre Pedro San Ginés y Marci Acuña como la posterior adenda, “es tanto como afirmar que el Ayuntamiento de Haría pretendió sabotearse a sí mismo con el fin de no implementar un fallo judicial que le favorecía”, y que dio la razón al Consistorio frente al Cabildo bajo la presidencia de San Ginés.
Esa adenda (que lo que hacía era recoger expresamente la indemnización, que se había omitido en el primer acuerdo bajo el gobierno de CC), se negoció ya con el PSOE en la Alcaldía. Y aunque fue el detonante de la moción de censura en Haría, se aprobó gracias al voto favorable de uno de los concejales de CC que sigue en el nuevo grupo de gobierno junto a la Plataforma Municipal de José Torres Stinga, y gracias a la abstención de otros tres ediles del partido nacionalista, entre ellos la actual alcaldesa. Sin embargo, ahora pedían al Juzgado que anulara no solo esa adenda, sino también el convenio inicial firmado por sus compañeros de partido, alegando que con él se pretendía eludir el cumplimiento de la sentencia.
El juez aclara por qué no homologó el convenio
“El objeto de este incidente cuenta con un importante componente subjetivo”, subraya el Juzgado, que es quien dictó la sentencia de La Cueva y quien debe velar por su ejecución, para evitar que exista una “desviación de poder”, tal como recuerda en su auto. En el caso del convenio inicial -que se aprobó sin informes de técnicos municipales de Haría y que el interventor advirtió después que era “lesivo” para el Ayuntamiento-, ni el Cabildo ni el Consistorio, gobernados entonces por CC, lo presentaron ante el Juzgado para su homologación. En cuanto a la adenda, tras su firma sí fue elevada al Juzgado, aunque éste rechazó homologarla.
Sin embargo, en este nuevo auto, el mismo juez aclara que no lo rechazó porque viera “una voluntad intencionada de subvertir los pronunciamientos judiciales”. El motivo, tal como vuelve a recordar, fue que entendía que no se cumplía “el tenor literal del fallo”, ya que se fijaba por fin la cuantía económica de la indemnización, pero no se recogían también los intereses. Y eso, subraya que “no puede equipararse” a un supuesto intento de eludir el cumplimiento del fallo, como el interventor advirtió que sí ocurría con el primer convenio.
Además, el auto recuerda que esa decisión aún no es firme, ya que fue recurrida por el Cabildo, por lo que ese convenio sigue en vigor hasta que haya un pronunciamiento definitivo. Sin embargo, mientras se resolvía esto, el actual grupo de gobierno del Ayuntamiento abrió otro frente pidiendo directamente que tanto el convenio como la adenda fueran anulados, que es lo que ahora acaba de rechazarse. Además, paralelamente solicitó la ejecución de la sentencia, aunque eso también ha sido rechazado en otro auto que se conoció el pasado martes, y que también cuestiona la actitud errática del Ayuntamiento. “Va en contra de sus propios razonamientos”, señalaba el Juzgado. Y es que el Consistorio pidió por un lado que se anulara el convenio, señalando que eso debía resolverse “con carácter previo a la determinación exacta de la cuantía indemnizatoria”, pero al mismo tiempo pidió que se determinara ya esa cifra en vía judicial.
"No van precisamente a agilizar la resolución del conflicto"
“Es entendible las urgencias de dicha Corporación por obtener las cantidades a las que tiene derecho, cuestión distinta es si la apertura de múltiples piezas y la interposicion de un nuevo recurso contencioso-administrativo que ha sido repartido a este Juzgado van a, precisamente, agilizar la resolución del conflicto existe entre las partes”, subrayaba el Juzgado, advirtiendo que estos nuevos frentes judiciales seguirán retrasando el pago del dinero que fue reconocido en una sentencia desde 2015.
Ahora, ambos intentos del nuevo grupo de gobierno ya han sido rechazados, imponiendo además el pago de las costas al Ayuntamiento, aunque contra esas resoluciones también cabe aún recurso. Mientras tanto, lo que se sigue dirimiendo es si se homologa el convenio corregido que se aprobó hace unos meses. De momento, lo que subraya el Juzgado es que no “violentaba” el sentido de la sentencia y que por tanto no procede declarar su nulidad.
En cuanto a los intereses de la indemnización, desde el Cabildo plantean en su recurso que no se “dejaron de considerar” en el acuerdo y que fueron compensados “con parte del principal, dado que se producía una discrepancia a la hora de fijar la fecha exacta en la que la Cueva, en cumplimiento de la sentencia, fue puesta a disposición del Ayuntamiento".
