El expresidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha comparecido este miércoles ante los medios para dar su versión de cómo adquirió su vivienda, que pertenecía al suegro de Ignacio Calatayud, Felipe Fernández Camero, y que forma parte de la investigación abierta contra él por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y cohecho, entre otros.
Según San Ginés, el precio de compraventa lo pactaron en 2011 y fue de 360.000 euros, “por encima incluso de su valor catastral, que en 2012 era de 222 000 euros, según los propios informes de la UCO". Respecto a cómo afrontó el pago a la sociedad de Camero, ha asegurado que lo hizo "con fondos propios, disponibles o formalmente adeudados, entre diciembre de ese año y febrero de 2020”. Y parte de este dinero, ha declarado que lo entregó "en efectivo". Concretamente, 95.000 euros abonados en mano.
"Cuando se pacta el precio en 2011, se acuerda con la propiedad de entonces que realizaría una entrega a cuenta en efectivo de 60.000 euros, y así lo hice tras hacer las consultas legales pertinentes y comprobar que no existía ninguna prohibición o impedimento legal para realizar pagos en efectivo”, ha asegurado.
"Al vencimiento de este primer contrato, y en sucesivas ocasiones, renegociamos las condiciones de pago, pero nunca el precio de la vivienda, por la que terminé pagando el precio acordado, esto es, los 360.000 euros inicialmente acordados, aunque tuve que endeudarme para ello”, ha añadido.
Tres entregas de dinero en mano
Siempre según su propia versión, en 2011 hizo una primera entrega en mano de 60.000 euros, en 2015 otra de 15.000 euros y en 2018 una más de 20.000 euros, todo ello en efectivo. Los otros 265.000 euros, de los que sí hay constancia documental, los entregó mediante transferencias bancarias.
"Todos los pagos realizados en efectivo, y por supuesto el resto, son lícitos y proceden de fondos propios”, ha defendido el expresidente, que asegura que la pasada semana explicó ante el juez instructor las "fechas exactas y entidad bancaria de la que tienen origen los préstamos y pagos".
Al respecto, ha señalado que 85.000 euros procedían de "de devoluciones en efectivo" de su hermano Leando San Ginés, "por préstamos que le había realizado desde sus cuentas bancarias y, por tanto, 100% comprobables". Los otros 10.000, sostiene que los retiró de su cuenta corriente en la entidad Bankia.
Respecto a los préstamos a su hermano, ha señalado que le hizo hasta 10 entre 2010 y 2018 -mientras pagaba su nueva casa-, por importe total de 274.000 euros. Para ello afirma que "amplió" un crédito hipotecario anterior y que solicitó dos préstamos personales.
"El cien por cien de estas diez operaciones por importe de 274.000 euros, fueron íntegramente destinadas a salvar la delicada situación económica de Grúas San Ginés. Jamás recibí un céntimo de euro de Grúas San Ginés que no fuera mío, sino todo lo contrario. Y lo hice porque de esa empresa vivían mi hermano y mi cuñada, además de mis tres sobrinas, que eran empleadas de la compañía familiar”, ha defendido.
Una vivienda sin registrar
Sobre los motivos para no registrar la compra de la vivienda -que sigue figurando a nombre de Adelfas 24 SL en el Registro de la Propiedad-, el expresidente del Cabildo de Lanzarote solo ha señalado que “no es un trámite obligatorio y, por lo tanto, es legal no hacerlo".
Al respecto, se ha remitido a un informe de la UCO, asegurando que concluye que "esta falta de normalidad no incurre en ilegalidad". Además, ha añadido que el contrato de compra -que no ha hecho público-, "contiene una cláusula con una reserva de dominio que impide la elevación a público de la compraventa hasta que estuviera completamente abonada, cosa que no ocurrió hasta 2020”. Desde entonces, tampoco se ha realizado esa inscripción.
San Ginés también ha justificado que no incluyera esa propiedad en su declaración de bienes en el Cabildo de Lanzarote, a la que están obligados los cargos públicos de la Corporación. "Cuando hice la declaración en 2019, aún no la había pagado y, por tanto, según el propio contrato, no era de mi propiedad entonces y entiendo que solo tengo obligación de declarar mis bienes al principio del mandato y al final del mismo para determinar cuál ha sido mi incremento patrimonial”, ha defendido.
El expresidente, que en su declaración judicial respondió a su abogado, pero se negó a contestar a las preguntas del magistrado, considera que en esa comparecencia pudo "desmontar las conjeturas de los autos judiciales, aclarando muchas dudas y explicando con todo lujo de detalles cómo, cuándo y cuánto pagué por mi casa”.
