SEÑALA QUE SE CLAUSURÓ EL RESTAURANTE PORQUE NO TENÍA NI UN DOCUMENTO

Rosa llamó al jefe de la Oficina Técnica para parar la inspección del Ayuntamiento cuando iban a entrar a la bodega

Antonio Lorenzo, que ha declarado como testigo, niega que el empresario llamara a su móvil, pero confirma que habló con él y decidió marcharse de la propiedad, junto al resto de técnicos que se habían desplazado a Stratvs

Isabel Lusarreta
 Rosa llamó al jefe de la Oficina Técnica para parar la inspección del Ayuntamiento cuando iban a entrar a la bodega
Rosa llamó al jefe de la Oficina Técnica para parar la inspección del Ayuntamiento cuando iban a entrar a la bodega

“Nosotros dijimos que íbamos a inspeccionar el complejo” y “no hubo ningún problema hasta el momento de entrar en la bodega”. Ahí, según ha declarado este miércoles el jefe de la Oficina Técnica de Yaiza, Antonio Lorenzo, el empresario Juan Francisco Rosa contactó por teléfono con él para indicarle que pusieran fin a la inspección y abandonaran la propiedad. “Pero no llamó a mi móvil como usted dice”, le ha respondido Antonio Lorenzo al fiscal Ignacio Stampa. “No lo digo yo, lo dice el acta del policía local”, ha precisado el fiscal a Lorenzo, que declaraba como testigo en este juicio.

En cualquier caso, aunque el técnico ha negado lo que el agente que acudió a la inspección recogió en el acta, sí ha confirmado que la conversación telefónica se produjo. Y que fue justo cuando iban a entrar en la bodega, después de haber pasado ya cerca de una hora el complejo Stratvs, acompañados de un empleado de Rosa. “Llegamos y pusieron una persona a nuestra disposición”, ha relatado. Pero “al cabo de una hora”, según Lorenzo, “apareció un señor” con un teléfono y le dijo que Rosa quería hablar con él.

“¿Y por qué decide marcharse?”, ha preguntado. “Porque entendí que no podía entrar si no tenía permiso de la propiedad”, ha respondido el testigo. “¿Una inspección requiere autorización de la propiedad?”, ha insistido Stampa. “No lo sé”, ha terminado respondiendo el jefe de la Oficina Técnica de Yaiza, que ha añadido que él “puede tener un conocimiento jurídico equivocado” sobre si se necesitaba ese permiso o no. Y también ha confirmado que tras marcharse de Stratvs, no notificó a nadie del Ayuntamiento lo ocurrido ni que habían puesto fin a la inspección sin entrar siquiera a la bodega.

 

De imputado a testigo


En su declaración, el propio Antonio Lorenzo ha recordado que estuvo imputado en esta causa, aunque se terminaron archivando los cargos contra él. Y es que durante la instrucción, los miembros de la Junta de Gobierno de Yaiza declararon que Lorenzo estuvo presente en la reunión en la que se concedió la licencia de actividades clasificadas a Stratvs, pero el técnico pudo certificar después que en esa fecha se encontraba de vacaciones. En lo que sí intervino es en la inspección ordenada por la alcaldesa, Gladys Acuña, justo después de declarar como imputada en esta causa, y también en el inicio de los expedientes, aunque luego se terminó inhibiendo al pasar a estar también él investigado durante un tiempo.

A preguntas de la abogada de la acusación popular, Antonio Lorenzo ha afirmado que “no consultaron ningún documento” antes de acudir a inspeccionar Stratvs: ni los proyectos presentados por el empresario, ni las licencias, ni el expediente. Y después de la visita, ha señalado que estuvieron “mirando básicamente” uno, el proyecto de equipamientos e instalaciones, pero no el proyecto de la obra ni el proyecto de ejecución.

Sobre por qué el Ayuntamiento terminó ordenando solo la clausura del restaurante, en la línea con lo declarado el pasado lunes por Acuña, el técnico ha señalado que esa instalación no tenía ni licencia de obra, ni proyecto de ejecución, ni licencia de actividad, ni proyecto de puesta en funcionamiento. Es decir, ni un solo documento que avalara su construcción ni mucho menos su puesta en funcionamiento.

“¿Y la vivienda restaurada?”, le ha preguntado la abogada de la acusación popular, Irma Ferrer, en referencia a la casa protegida que Rosa pidió permiso para rehabilitar, y que según la instrucción terminó derribando y construyendo una mayor. Sobre ella, Lorenzo ha confirmado que albergaba una tienda y una “cafetería” –que también hubiera requerido una licencia específica de actividades clasificadas- y que tampoco tenía licencia de primera ocupación ni de puesta en funcionamiento, aunque el Ayuntamiento no llegó a adoptar medidas hasta que todo el complejo terminó siendo clausurado por el Juzgado de instrucción.

 

Confirma que el complejo no tenía licencia de puesta en funcionamiento


Sobre por qué no se actuó sobre el resto de las instalaciones, la alcaldesa y uno de los ex concejales de Urbanismo acusados, José Antonio Rodríguez, alegaron que por falta de técnicos, ya que tanto Antonio Lorenzo como Andrés Morales –también acusado en la causa- se inhibieron en los expedientes, y el ex secretario fue apartado del cargo por otra condena judicial. Además, señalaron que el caso del restaurante era “clarísimo”, al no tener un solo papel, pero que en el resto era necesario responder a las alegaciones de la propiedad.

No obstante, el jefe de la Oficina Técnica ha confirmado este miércoles que aunque para parte de la construcción sí había una autorización del Gobierno de Canarias -concretamente para una bodega de 900 metros y para la rehabilitación de la casa preexistente-, lo cierto es que tampoco se presentó el proyecto de ejecución ni el certificado final de la obra, que terminó ocupando unos 12.000 metros cuadrados. Y tampoco tenía licencia de puesta en funcionamiento, que es la que tendría que haberse otorgado tras la licencia de actividad, cuya concesión es la que se está juzgando en esta pieza del caso Stratvs. “¿Sin todo eso se puede abrir?”, le ha preguntado la letrada de la acusación popular. “No”, ha respondido el técnico.

Antonio Lorenzo también ha tenido que responder al magistrado que preside la Sala del TSJC, que entre otras cosas le ha preguntado si sabía por qué se tardó “tanto tiempo” en realizar una visita de inspección después de otorgarse la licencia de actividad clasificada. Y es que esa licencia, otorgada en diciembre de 2008, establecía entre otros condicionantes que no podría iniciarse la actividad hasta que se realizara una visita de inspección –cuyo cometido es comprobar que lo construido se ajustaba al proyecto presentado- y se obtuviera la licencia de puesta en funcionamiento, lo que nunca ocurrió.

Y pese a ello, Stratvs estuvo funcionando incluso antes de obtener el permiso condicionado en diciembre de 2008. De hecho, la alcaldesa y varios ediles de su junta de Gobierno acudieron siete meses antes, en mayo de 2008, a la fiesta de inauguración de la bodega. Un evento al que ellos se refirieron como fiesta de “presentación”, asegurando que no sabían que ya estuviera funcionando y que tampoco detectaron que existieran un restaurante y una tienda además de la bodega.

“No, no lo sé”, ha respondido Lorenzo a la pregunta del juez sobre el porqué de ese “retraso” en realizar una inspección, que en realidad llegó cinco años después y tras la imputación de Gladys Acuña. “La visita de comprobación se hace después de que el propietario aporte una serie de documentación. Se puede hacer antes, pero no se suele hacer”, ha agregado el técnico. “¿Estuvo usted invitado a la inauguración de Stratvs?”, le ha preguntado por su parte la abogada de la acusación popular. “No lo recuerdo. Creo que no”.

 

“La documentación tiene que tener registro de entrada, como mínimo”


El jefe de la Oficina Técnica también ha respondido a preguntas relacionadas con temas que ya se pusieron sobre la mesa durante la primera jornada del juicio. Entre otras cosas, ha señalado que “la documentación que forma parte del expediente tiene que tener un registro de entrada, como mínimo”. Algo que choca frontalmente con lo ocurrido con el expediente para otorgar la licencia de actividad a Stratvs, en el que se incorporaron informes que habían sido remitidos por fax desde el Grupo Rosa y que ni siquiera pasaron por el Registro del Ayuntamiento ni se verificaron, según confirmaron los propios acusados en sus declaraciones.

Además, el fiscal también le ha preguntado por otro de los acusados que también fue concejal de Urbanismo cuando se concedió la licencia de actividad, Leonardo Rodríguez. “¿Es normal que en su despacho se encontraran solicitudes de Rosa presentadas nueve días antes, relacionadas con otros expedientes?”, ha preguntado Stampa. “No, en principio no”, ha respondido el técnico, que previamente había explicado que un edil puede tener un expediente en su despacho si lo solicita por algún motivo.

Por último, Lorenzo ha hablado también de la situación urbanística de ese suelo, confirmando lo que ya había reflejado en un informe que trasladó a la alcaldesa y que fue incautado por la UCO durante un registro dentro del caso Unión. En ese informe, en el que se ha ratificado, señalaba que “lo que no está en el Plan Insular no existe”, también con “relación a actividades permitidas y toleradas”. Y en el caso de la bodega Stratvs, no está recogida ni permitida por el PIOT, que es el que determina los usos en el suelo rústico. “Es un instrumento supramunicipal y no se puede ir contra ese documento”, ha subrayado Lorenzo. “¿Y el Plan General en vigor estaba adaptado al Plan Insular?”, le ha vuelto a preguntar el magistrado que preside la Sala. “No”, ha respondido Lorenzo, que incluso, a preguntas de otro abogado, ha señalado que ni siquiera el Plan General permitía la construcción de una bodega en ese suelo.

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