Pedro San Ginés, investigado por pertenencia a organización criminal

También están imputados Ignacio Calatayud, su mujer, Juana Fernández de las Heras, y Adelfas 24 S.L., la sociedad de su suegro, Felipe Fernández Camero, que son señalados en la investigación como un "entramado criminal familiar"

Pedro San Ginés junto a Ignacio Calatayud Imagen de la investigación judicial
Pedro San Ginés junto a Ignacio Calatayud Imagen de la investigación judicial

La instrucción del conocido como Caso Pedro San Ginés continúa avanzando en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife, tras las acciones judiciales emprendidas por el Consorcio Insular del Agua y la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA) en marzo del pasado año.

Así, según recoge el auto de incoación, los delitos imputados inicialmente al ex presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, se concretan en prevaricación, malversación, fraude a la administración, falsificación documental, cohecho y blanqueo de capitales que se extienden a deslealtad profesional en el caso de Calatayud.

Sin embargo, el aspecto más llamativo de esta calificación provisional realizada por el magistrado es la inclusión del delito de "pertenencia a grupo u organización criminal". Un delito que supone, según el Código Penal, "la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos"

La "organización criminal" estaría compuesta, siempre según el auto de incoación, por Pedro San Ginés, Ignacio Calatayud, Juana Fernández de las Heras, esposa de Calatayud e hija del controvertido abogado Felipe Fernández Camero, pieza imprescindible y habitual en los mayores casos de corrupción desvelados en Lanzarote.

La acreditada presencia en el caso y el papel relevante de los integrantes del clan familiar liderado por Fernández Camero ha supuesto, incluso, la imputación en la causa como persona jurídica de su sociedad Adelfas 24 S.L. Una sociedad de sobras conocida en el mundo judicial y político insular pues es la sociedad con la que Camero facturó más de un millón de euros al Ayuntamiento de Yaiza, por su asesoramiento urbanístico en los contenciosos que enfrentaron al ayuntamiento sureño con el Cabildo. Adelfas 24 fue la sociedad que facturó y cobró al Ayuntamiento de Arrecife una minuta fuertemente cuestionada correspon-diente a la fallida defensa del ayuntamiento en el conocido como Caso Ginory.

Es, precisamente, la consideración como organización criminal de las personas investigadas la que justificó el rastreo de cuentas ordenado por el instructor y el registro llevado a cabo en sus viviendas el pasado 28 de marzo, al considerar los investigadores que "el entramado delictivo objeto de la presente causa fue diseñado y participado por personas con diversos conocimientos técnicos, en tanto ostentan la condición de letrados y presidentes de corporaciones y entes locales, lo que permite inferir que los datos hallados hasta el momento no reflejan la totalidad de los hechos, cuya reconstrucción pretende la instrucción penal y han podido ser ocultados para evitar cualquier tipo de comprobación por parte de los tribunales".

Respecto a Adelfas 24 S.L., señalaba que "fue utilizada por el entramado criminal familiar vinculado a la misma para hacer efectiva la entrega de un inmueble al investigado Pedro San Ginés Gutiérrez". El juez se refería así a la vivienda en la que San Ginés reside desde hace más de una década, y que sigue constando a nombre de Adelfas 24 en el Registro de la Propiedad.

El pago en negro del chalet de San Ginés

La investigación de la cesión de esta vivienda a San Ginés constituye un elemento central de las pesquisas del ECO ya que todos los datos obtenidos apuntan a que los pagos realizados por San Ginés están muy por debajo del precio real que alcanzaría en el mercado.

En ese sentido, la declaración de San Ginés reconociendo haber pagado casi cien mil euros en dinero efectivo es contemplada por los investigadores como un intento de eludir la acusación de cohecho. Un intento que parece condenado al fracaso toda vez que el representante de Adelfas 24, Felipe Fernández Camero, se negó a confirmarla en su comparecencia ante el instructor.

Mayor dificultad para San Ginés plantea la declaración voluntaria de Juana Fernández de las Heras, que como apoderada de la mercantil firmó varios de los contratos referidos a la vivienda, quien sostuvo de manera espontánea ante preguntas de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que el precio fue de "270.000 euros aproximadamente" y que "todos los pagos se realizaron mediante transferencias bancarias, y que consta en las cuentas anuales de la mercantil", una declaración que desmiente la supuesta confesión de San Ginés.

 

Inicio de la investigación

La denuncia se interpuso tras detectar la administración del Consorcio del Agua la apropiación indebida por parte de Ignacio Calatayud de costas judiciales pertenecientes a ambas entidades por un importe superior a 800.000 euros. Esta circunstancia fue puesta en conocimiento de la Asamblea del Consorcio e INALSA que acordaron iniciar acciones penales para recuperar los fondos públicos sustraídos a ambas entidades aprovechando los procedimientos incidentales que rodearon el concurso de acreedores en que se vio inmersa INALSA.

Calatayud, que se iniciaba en esos años en el ejercicio del derecho como profesional independiente, careciendo por tanto de experiencia acreditada o especialización que pudiera justificar su elección, fue contratado por Pedro San Ginés de manera irregular y sin más méritos que la intensa relación de amistad que sostenía con el que era en esa época presidente del Cabildo y de los entes públicos perjudicados.

Esta relación, que en la medida en que fue haciéndose pública y notoria llegó a ser reconocida públicamente por San Ginés sin que, paradójicamente, se abstuviera en las contrataciones en favor de su amigo, ha quedado acreditada por los investigadores que han tenido acceso, tras la intervención de varios dispositivos electrónicos, a cuantiosas imágenes que demuestran la intensidad de ese vínculo pues recogen momentos de especial intimidad, viajes compartidos y celebraciones privadas.

A lo largo de la investigación, que ha supuesto un año y medio de diferentes pesquisas a cargo del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil, se ha acreditado que la apropiación de estas costas, pertenecientes a ambos entes públicos, se llevó a cabo con pleno conocimiento y con la complicidad de Pedro San Ginés, quien complementó esos emolumentos con diferentes encargos que supusieron para su letrado íntimo unos ingresos por un importe de más de 1.500.000 euros.

Además, la investigación trata de acreditar, más allá del papel de facilitador desempeñado por San Ginés, la posible comisión de un delito de cohecho pues de las averiguaciones realizadas parece desprenderse que San Ginés pudo recibir parte del dinero presuntamente malversado, siendo auxiliado por Calatayud y su entorno familiar para blanquear ese dinero.

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