El juicio de la primera pieza del caso Montecarlo centrada en el Ayuntamiento de Arrecife ya tiene fecha. La vista se celebrará los días 1, 2, 3 y 4 de junio ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y sentará en el banquillo al ex interventor, Carlos Sáenz, al empresario José Vicente Montesinos, al actual gerente de Lancelot Medios, Javier Betancort, y al abogado Federico Toledo. Los tres primeros ya fueron juzgados y condenados en otra pieza de esta causa, en la que confesaron haber malversado casi medio millón de euros del Ayuntamiento de San Bartolomé.
Ahora, los cuatro deberán responder por otro presunto saqueo en Arrecife, a donde presuntamente habrían trasladado la misma trama que implantaron primero en San Bartolomé, donde Sáenz también era interventor y donde Javier Betancort fue concejal de Hacienda por el PP.
En total, la Fiscalía considera que defraudaron 310.000 euros al Consistorio de Arrecife con el pago de facturas por servicios no prestados y pide en esta pieza 15 años y medio de prisión para Carlos Sáenz y Montesinos por delitos continuados de malversación, prevaricación, falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales; 5 años y 10 meses de prisión para Javier Betancort por malversación, prevaricación y falsedad documental y cuatro años y diez meses para Federico Toledo, en su caso por deslealtad profesional y como cooperador necesario del delito de malversación.
En el caso de Sáenz, en todos los últimos juicios que ha afrontado en otras causas ha optado por confesar sus delitos ?por los que actualmente está en prisión-, y también lo hicieron Javier Betancort y José Vicente Montesinos en la otra pieza ya juzgada de Montecarlo. Ambos consiguieron así una rebaja de las penas, que en su caso les permitió eludir la cárcel, al ser la condena inferior a dos años. Ahora, a ellos se sumará en el banquillo Federico Toledo, y la duda es si buscarán de nuevo un acuerdo de conformidad para evitar la celebración del juicio.
La confesión del quinto imputado
En esta pieza que se juzgará en junio se investigaron pagos realizados a tres empresas vinculadas a Montesinos y a Javier Betancort, Gestecal, Progestril y Recingest, por supuestas labores de asesoramiento y de elaboración de pliegos, que según la instrucción realmente no se realizaron. De hecho, la quinta persona que estaba imputada en la causa y que falleció durante la instrucción, el ex concejal de Hacienda José Miguel Rodríguez, llegó a confesar que el trabajo nunca se realizó.
"He pagado por servicios no prestados porque no vi los pliegos", reconoció Rodríguez en su confesión, en la que explicó que aunque las empresas estaban a nombre de Montesinos, quien realmente las "llevaba" era Javier Betancort, que era también quien iba a realizar los supuestos pliegos para el Ayuntamiento de Arrecife.
La relación entre Montesinos y Betancort comenzó cuando el segundo era concejal de Hacienda de San Bartolomé, donde ambos han confesado ya que malversaron fondos públicos. Después, cuando Javier Betancort dejó el Consistorio, comenzó a trabajar en las empresas de José Vicente Montesinos y presuntamente extendieron la trama a Arrecife, de la mano también del interventor Carlos Sáenz, que ejercía ese puesto en ambos municipios (además de en el Ayuntamiento majorero de La Oliva, donde se centraba la pieza de Montecarlo que ya ha sido juzgada). En cuanto a Toledo, trabajó como abogado para el Consistorio en pleitos contra las empresas de Montesinos ?que terminó perdiendo el Ayuntamiento- y a su vez estaba relacionado empresarialmente con Javier Betancort, con quien entre otras cosas coincidió en su etapa en el Partido Popular.
"Le estaban haciendo un favor a Javier Betancort"
Respecto a cómo se realizó ese supuesto encargo, José Miguel Rodríguez afirmó que él se reunió con Javier Betancort "motivado por Carlos Sáenz, que fue quien les presentó, porque quería darle trabajo". Según su declaración, "en ese momento sabía que estaban haciendo un favor a Javier Betancort", que estaba en paro, y también que "los precios eran desorbitados" y que "no era necesario ningún pliego", aunque inicialmente pensaba que "los pliegos sí se iban a ejecutar". Sin embargo, al Ayuntamiento solo llegaron unos borradores que ni siquiera se presentaron en el registro oficial
Después, las facturas se giraron a nombre de las empresas de Montesinos, aunque Rodríguez insistió en que la "única persona válida" con relación a ese supuesto servicio y a esas facturas "era Javier Betancort". En cuanto a por qué autorizó los pagos, reconoció que poco después de entrar al Ayuntamiento como concejal llegó a un "entendimiento" con Carlos Sáenz del que se "beneficiaban mutuamente". De esta forma, según su declaración, el interventor "no ponía reparos" al pago de facturas a empresas de las que se "beneficiaban" el propio José Miguel Rodríguez y su partido, el PIL, y a cambio él "hacía la vista gorda" en otros temas, como el de los pagos de las facturas a las empresas de Montesinos.
Esta confesión de José Miguel Rodríguez se produjo en marzo de 2016, cuando pidió voluntariamente volver a declarar. "Estoy arrepentido y quiero aclarar los aspectos que me pregunten sobre la causa", afirmó el ex concejal, que recordó que en ese momento ya estaba acusado y condenado en distintas piezas del caso Unión. "Solo me queda colaborar con la Justicia. A nivel familiar y laboral lo tengo todo perdido", relató Rodríguez, que poco después falleció, tras haber mostrado su arrepentimiento y tras haber confesado en ésta y otras causas.
