EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA EN CANARIAS HA SIDO DEL 50% SEGÚN EL TSJC

Jueces y fiscales de Arrecife se suman a la huelga nacional en reclamo de una mayor independencia

La jornada de paro ha provocado la suspensión de 243 actuaciones judiciales en Canarias, 175 de ellas en la provincia de Las Palmas

19 de noviembre de 2018 (17:56 CET)
Jueces y fiscales de Arrecife se suman a la huelga nacional en reclamo de una mayor independencia
Jueces y fiscales de Arrecife se suman a la huelga nacional en reclamo de una mayor independencia

Jueces y fiscales de Arrecife se han sumado este lunes a la huelga convocada a nivel nacional para reclamar mejoras en la administración la Justicia, un paro que en Canarias ha provocado la suspensión de 243 actuaciones judiciales, 175 de ellas en la provincia de Las Palmas, según ha confirmado el TSJC. 

En el conjunto del archipiélago, un total de 136 jueces y magistrados comunicaron oficialmente al Tribunal Superior de Justicia de Canarias su seguimiento de la jornada de paro convocada para este lunes por las asociaciones de jueces y fiscales, lo que supone el 50% de la plantilla, compuesta por 272 miembros.

Por provincias, en Las Palmas han secundado la protesta 63 jueces y magistrados de los 148 que componen la planta judicial (42,5%), mientras que en Santa Cruz de Tenerife han ido a la huelga 73 de los 124 jueces y magistrados, el 58,8%. De los 63 magistrados y jueces que apoyaron la jornada reivindicativa en Las Palmas, cinco lo hicieron trabajando en servicios mínimos. En éstas condiciones acudieron a las oficinas judiciales cinco jueces o magistrados de Santa Cruz de Tenerife,

La jornada de protesta ha supuesto la suspensión en las siete islas de 243 actuaciones judiciales, 175 en la provincia de Las Palmas y 68 en Santa Cruz de Tenerife. 

 

Reivindicaciones


En concreto, los jueces y fiscales, que ya realizaron una jornada de huelga en mayo y que han venido realizando concentraciones a lo largo de los últimos meses que también se han secundado en Arrecife, reclaman medidas "en aras de reforzar la independencia judicial", así como "modernizar la Administración de Justicia de modo que los ciudadanos puedan disfrutar de una mayor calidad y eficacia en el servicio". 

También solicitan "racionalizar la planta y demarcación judicial, mejora de las condiciones profesionales, derogar el sistema de plazos máximos en la instrucción en tanto no se dote de medios, atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado y reforzar la independencia del Ministerio Fiscal y autonomía presupuestaria".


 

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