El Departamento Tercero de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la demanda de la Fiscalía en la que solicita a las ex responsables municipales de Arrecife María Jesús Tovar (Partido Popular), Victoria Eugenia Sande (PSOE) y Eva de Anta (PSOE) el reembolso de 88.836 euros a las arcas públicas del Ayuntamiento.
Esta solicitud se realiza en una causa que investiga la concesión de subvenciones y las posibles deficiencias en su justificación durante el año 2020, en plena pandemia por coronavirus.
En un escrito fechado en el pasado 6 de mayo, la Fiscalía señaló que las tres eran presuntamente "responsables contables directas y solidarias" del "perjuicio" ocasionado a los caudales públicos. El Ministerio Público recuerda que todas ostentaron cargos municipales en los que fueron encargadas de la concesión de subvenciones y responsables de verificar su destino, así como de la prescripción para reclamar el reintegro.
Ante la investigación abierta en el Tribunal de Cuentas, el Ayuntamiento de Arrecife ha manifestado que no va a ejercitar acciones judiciales en esta causa y ha solicitado el archivo de las actuaciones. Sin embargo, la Fiscalía sí ha interpuesto una demanda de reintegro por alcance por 78.529,31 euros, más 10.307,05 de intereses.
El mayor reintegro, a cargo de María Jesús Tovar y Eugenia Sande
La Fiscalía solicita que la mayor parte del reintegro corra a cargo de Victoria Eugenia Sande y de María Jesús Tovar, exconcejala de Bienestar Social (2019-2023) y actual vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote. Así, solicita que ambas devuelvan a las arcas municipales un total de 66.442,03 euros de forma "directa y solidaria" como "responsables contables" del dinero. Por lo que cada una tendría que devolver 33.221 euros.
Al mismo tiempo, el Ministerio Público también solicita que Eva de Anta, Victoria Eugenia Sande y María Jesús Tovar devuelvan otros 12.087 euros de forma solidaria. Lo que equivaldría a 4.029 euros más cada una.
En esta solicitud de reembolso también se pide que se condene a las demandadas al pago de los intereses de demora y al pago de las costas procesales.
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