La cuarta causa penal a la que se enfrenta el ex presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, acaba de sumar dos nuevas investigadas. Las dos son trabajadoras de la Corporación insular y San Ginés se escudó en ellas el pasado 17 de junio, cuando prestó declaración en esta nueva causa abierta contra él por la explotación del centro de la cochinilla de Mala.
A raíz de esa declaración, el juez del Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife, Ricardo Fiestras, ha decido citar a la coordinadora de Contratación y directora adjunta de la Asesoría Jurídica del Cabildo, María Eugenia Torres, y a la técnico de la Agencia de Extensión Agraria dependiente de la Corporación, Tania Acuña González, que deberán comparecer el próximo 17 de septiembre.
En el caso de Eugenia Torres, en los últimos años ha firmado algunos de los informes más polémicos encargados por San Ginés, que recurrió a ella para rebatir los dictámenes elaborados por otros juristas de la Corporación y que le fue asignado cada vez más competencias, delegándole temas clave para sostener tesis que después fueron tumbadas por los tribunales.
Un proyecto que nada tiene que ver con lo que se adjudicó
Esta nueva causa que suma ya cuatro imputados se inició por la querella interpuesta contra Pedro San Ginés por una de las dos empresas que se presentaron al concurso para gestionar el centro de transformación de la cochinilla, que se construyó con fondos públicos con el objetivo de impulsar el sector. De hecho, el Cabildo aseguró en su día que en la adjudicación se había tenido en cuenta el proyecto presentado por la empresa ganadora, por la cantidad de cochinilla que se comprometía a comprar y procesar y lo que eso supondría para "potenciar una industria olvidada durante los últimos años".
Sin embargo, lo que terminó abriendo sus puertas hace un año nada tiene que ver con lo que se había adjudicado, y la anunciada industria de transformación se ha terminado convirtiendo en un museo y una tienda, sin que conste ninguna adquisición siquiera de cochinilla.
Precisamente esa vulneración de las propias bases del concurso fue lo que denunció la otra empresa aspirante, que llegó a solicitar que se celebrara un nuevo concurso con otros pliegos. Y es que una vez realizada la adjudicación, el proyecto se terminó modificando ante la imposibilidad de obtener licencia, dado que el Plan General de Haría no permite el uso industrial en el suelo donde se construyó este centro.
San Ginés alegó que debía "atender los dictámenes"
"Ante las reclamaciones de uno de los concursantes, por entender que se incumplía el pliego de condiciones y los usos previstos del suelo, se dio traslado a los servicios técnicos y jurídicos de la Institución, y atendiendo a las propuestas de dichos servicios, se decretó la desestimación de las pretensiones del denunciante. De lo contrario, se hubiera cometido la supuesta infracción al no atender los dictámenes e informes técnicos y jurídicos de la Corporación y del propio Ayuntamiento de Haría", defendió Pedro San Ginés tras declarar como investigado en los Juzgados.
Aunque ni hasta entonces había hecho públicos esos informes ni tampoco los dio a conocer a los medios en ese momento, San Ginés sí señaló a sus autoras ante el juez, que ahora ha acordado que comparezcan también en calidad de investigadas, sumándose así al propio ex presidente y al ex consejero de Agricultura Antonio Morales.
Así, se repite lo ocurrido en otras causas, como la que está a la espera de juicio por la incautación de la desaladora de Montaña Roja, donde trabajadores de Cabildo como el ex secretario, Francisco Perdomo, y el ex gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, se sentarán junto a él en el banquillo acusados de prevaricación por los informes que emitieron.
Años de trayectoria polémica
Una de las últimas intervenciones conocidas de María Eugenia Torres fue en uno de los pleitos de la Cueva de Los Verdes, donde reemplazó al abogado externo y amigo personal de San Ginés, Ignacio Calatayud, y ejerció de letrada de la Corporación en el recurso contra el fallo de primera instancia. En esa segunda sentencia, dictada el pasado 27 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó la nulidad de los acuerdos por los que el ex presidente incluyó la Cueva y Jameos del Agua en el inventario de bienes del Cabildo, rechazando de plano los argumentos planteados por la letrada de la Corporación y condenando a la institución a pagar las costas generadas con el recurso.
La misma jurista fue la que, según San Ginés, le asesoró "de cuerpo presente" sobre los aspectos que podían ser susceptibles de negociación en el proceso para adjudicar el agua a Canal de Isabel II, que la Justicia ha ordenado revisar precisamente porque se introdujeron "sorprendentes alteraciones" en los pliegos que no están permitidas por la ley y que fueron "en beneficio" de Canal, viendo así indicios de nulidad en la adjudicación. La oposición pidió en su día que esta jurista declarara en la comisión de investigación creada en el Cabildo para esclarecer lo ocurrido con ese contrato, pero ésta se negó a comparecer.
Autora de un 'contrainforme' en defensa del Plan de La Geria
En cuanto a una de sus más polémicas intervenciones, se remonta a la fase de instrucción del caso Stratvs, cuando la también jurista del Cabildo Joana Macías emitió un informe a petición del Juzgado y en calidad de perito, en el que entre otras cosas advertía de la nulidad en el Plan Especial de La Geria, en el que se basaba el empresario Juan Francisco Rosa para defender que su bodega había quedado "perfectamente legalizada" con este documento. Tras conocer ese dictamen, Pedro San Ginés solicitó varios contrainformes para rebatir a Macías, uno de ellos firmado por Eugenia Torres, y planteó incluso que los remitiría al Juzgado que instruía el caso Stratvs, lo que llevó a la juez Silvia Muñoz a advertirle de que "intentar influir" en los informes periciales puede ser delito.
Finalmente, el Plan de La Geria terminó siendo tumbado en los tribunales en la vía contencioso administrativa, confirmando así las advertencias que había realizado Joana Macías y otros juristas que también fueron apartados en su día por Pedro San Ginés, como Leopoldo Díaz.
Además, Eugenia Torres ha avalado con su firma informes elaborados por terceros que no tenían capacidad para emitirlos al no ser funcionarios de la Corporación. Y también ha rubricado otros, como el que hace unos meses le encargó el entonces presidente en plena campaña electoral para intentar desacreditar a su adversaria, la candidata del PSOE María Dolores Corujo, hablando de su supuesta participación en el proceso de adjudicación del ciclo del agua a Canal Gestión.
Como coordinadora del departamento de Contratación, María Eugenia Torres fue también la empleada del Cabildo a la que recurrió San Ginés tras la detención del entonces consejero Sergio Machín, para que emitiera un informe en el que defendió la legalidad de todos los contratos de la Corporación con la empresa Fitonovo, por los que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado cuatro años de prisión para Machín por el presunto cobro de sobornos por esas adjudicaciones.
