El ex secretario general del PSOE en Lanzarote, Carlos Espino, ha vuelto a declarar este miércoles en los Juzgados de Arrecife, siete años después de que se abriera la causa por su gestión al frente de los Centros Turísticos entre los años 2007 y 2009, en la que se le imputa entre otros un presunto delito de malversación de fondos públicos. "Confió en demostrar que se ha tratado de una querella malintencionada y mi actuación siempre ha sido correcta", ha declarado tras prestar declaración durante cerca de dos horas y media.
Los hechos que se investigan en esta causa fueron denunciados por el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, y por la presidenta insular del PP lanzaroteño, Ástrid Pérez, en este caso en nombre del Consejo de Administración de los Centros. Al haberse presentado dos denuncias separadas, esto generó un problema de competencias, que dilató el procedimiento hasta determinar qué Juzgado debía asumir la causa.
Espino ya prestó de declaración en el año 2010 y ahora ha vuelto a hacerlo, ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife, Rafael Lis. "No me preocupa por qué se ha reactivado el procedimiento, sino todo el tiempo que ha estado parado de manera inexplicable", ha señalado Espino, subrayando que "en ningún caso, examinando el expediente, se podrá encontrar recurso o tácticas dilatorias que me sean atribuibles".
Dos acusaciones personadas
El propio juez Lis ha iniciado el interrogatorio, formulando preguntas durante cerca de una hora. Después ha llegado el turno de las acusaciones, representadas por el Cabildo y la asociación de Juristas Jiménez de Asúa. Inicialmente, el abogado de la Corporación insular en esta causa era Juan David García Pazos, que ha pertenecido a esa asociación, pero hace unos meses el Cabildo decidió cambiar de letrado en este procedimiento.
Junto a Espino, en la causa también se investigó inicialmente a la ex presidenta del Cabildo, Manuela Armas, contra la que también se dirigía la querella interpuesta por Ástrid Pérez. Sin embargo, hace ya más de cuatro años se archivaron las actuaciones con respecto a ella. Y también fue ‘desimputado’ el técnico del Cabildo José Manuel Páez. Actualmente, además del ex consejero continúan investigados el administrador de la empresa Climafrical, Antonio González Medina, el administrador de Carnes y Embutidos Chacón, Tomás Armas, y los administradores de V&Asociados, Gloria Valenciano y Mario Alberto Perdomo, que fue asesor de Espino en el Cabildo.
Presuntos sobrecostes en las obras de la cocina
Uno de los temas por los que ha tenido que responder de nuevo el ex consejero se centra en las obras que se realizaron bajo su mandato en la cocina de Jameos del Agua. Entre otras cosas, en la querella se sostenía que el trabajo se adjudicó a la empresa que presentó una oferta "más cara", y que pertenece a un afiliado del PSOE. A esto, Espino responde que la de Climafrical "era la única oferta que ya incluía el IGIC", por lo que en realidad era "la más económica".
"A la hora de hacer la querella, alguien no se había dado cuenta de eso. Supongo que sería por las prisas, no creo que fuera por no tener capacidad para darse cuenta", ha afirmado tras su declaración. En cuanto al "sobrecoste" que tuvieron esas obras, y al que se hace referencia en un informe pericial, el ex consejero alega que se tuvo que modificar el proyecto en dos ocasiones, lo que incrementó el precio.
El ex consejero ha atendido a los medios antes y después de prestar declaración.
"Desde que empezó la obra, o con la obra ya empezada, nos dimos cuenta de que el proyecto que existía en los Centros, con anterioridad a que yo me incorporara, no se ajustaba a la legalidad vigente en materia de sanidad e higiene", sostiene Espino, que afirma que "el ingeniero que hizo el proyecto no tuvo en cuenta" varios aspectos que después tuvieron que corregirse. "Si no, no cumplíamos con la norma", defiende.
Además, asegura que también hubo "sobreprecios" por "la propia configuración de los Centros", ya que "hay zonas que no son lineales ni ángulos rectos", que "quedaban columnas por medio" y que "no se puede valorar como un trabajo en un local comercial normal". A esto, añade que en las obras que se realizaron en las Montañas del Fuego "se estuvo trabajando en jornadas que empezaban a las 6 de la tarde y terminaban de madrugada, para no tener que cerrar el restaurante", lo que también incrementó el precio.
Compras y otros trabajos
Respecto a las compras de materia prima para los restaurantes a la empresa Chacón, Espino ha declarado ante el juez que "nunca hubo un trato de favor", que era la empresa "que daba el mejor precio" y también la que "mejor garantizaba el mantenimiento de la cadena de frío".
En cuanto a su ex asesor, Mario Alberto Perdomo, considera que la contratación estaba "dentro de sus competencias". Y sobre Gloria Valenciano, Espino defiende que realizó y entregó los trabajos por los que cobró de los CACT. En concreto, ha hecho referencia a uno "de recuperación de memoria histórica" de los Centros.
Tras esta nueva declaración, se reactiva la causa que se inició a principios del año 2010, cuando la entonces consejera de los Centros Turísticos, Ástrid Pérez, presentó esta querella en los Juzgados. Unos meses antes, en mayo de 2009, había estallado el caso Unión, del que fue denunciante el propio Carlos Espino. Y estando en la isla los agentes de la UCO, Pedro San Ginés también acudió a la Guardia Civil para denunciar al ex consejero.
