El lanzaroteño Ángel Ramón Tejera de León, conocido como "Mon", fundó la mercantil Angrasurcor a finales de 2013, de la que era administrador único. Sin embargo, a pesar de tener la obligatoriedad, presuntamente no publicaba en el Registro Mercantil sus cuentas.
El empresario es uno de los cuatro investigados en la causa del caso Cuarteles, en la que se analizan los trabajos adjudicados a Ramón Tejera para rehabilitar diferentes acuartelamientos de la Guardia Civil.
Tal y como adelantó el diario La Provincia, y ha podido confirmar La Voz de Lanzarote, la empresa Angrasurcor fue sancionada con el cierre de su hoja registral en septiembre de 2019. Este tipo de sanción impide inscribir nuevos actos en el Registro Mercantil. La causa presuntamente habría sido el incumplimiento a la hora de depositar sus cuentas anuales en dicho Registro.
Angrasurcor era una de las cuatro mercantiles utilizadas por el empresario lanzaroteño para tramitar las adjudicaciones y facturar los trabajos realizados en los cuarteles del Cuerpo.
El cierre de la hoja registral no es una sanción permanente, puede paliarse resolviendo los motivos por los que se penalizó a la empresa. Sin embargo, el registro de Angrasurcor Sociedad Limitada continúa cerrado desde el 20 de septiembre de 2019. La no presentación de las cuentas anuales también puede llevar a una sanción económica, pero no conlleva la disolución de la empresa.
En ese periodo de tiempo, la empresa administrada por Ramon Tejera ya recibía contratos pagados con el dinero de todos los contribuyentes a través de las arcas de la Guardia Civil.
Entre 2008 y 2019, cuatro sociedades a su nombre embolsaron el grueso de 3,3 millones de euros por obras en los acuartelamientos del Instituto Armado alrededor del país.
En relación con su situación fiscal, Ramón Tejera tiene pendiente un juicio en el Juzgado de lo Penal número uno de Arrecife, acusado de un delito contra la Hacienda Pública. La vista tendrá lugar el próximo 12 de abril.
De acuerdo con la ley de Contratos del Sector Público, las empresas deben demostrar su solvencia económica. En algunos casos entregando el volumen anual de negocios, en otros basta con el justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales o el patrimonio neto y el ratio entre activos y pasivos al final del último ejercicio económico.
Caso Mediador
En el marco del caso Mediador, el Juzgado de Instrucción número cuatro de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado a los Registros de la Propiedad que bloqueen administrativamente dos viviendas a nombre del general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, adelantó la Agencia Efe. El alto cargo de la Benemérita es el único que continúa en prisión por la causa que investiga la presunta trama de corrupción que salpica a agentes del Instituto Armado, políticos y empresarios.
