El juez Rafael Lis, sancionado por el Consejo General del Poder Judicial por las dudas sobre su imparcialidad y pendiente de ser apartado temporalmente del cargo, ha dictado un nuevo auto en la causa que instruye desde hace años contra el ex consejero Carlos Espino por su gestión en los Centros Turísticos. En esa resolución, dictada el pasado 18 de abril, el magistrado impone una fianza de 1,5 millones a Espino, de 1,3 millones al empresario Antonio González Medina y de entre 95.616 y 49.428 euros a los otros tres investigados. Y lo hace pese a que en el mismo auto señala que "se está lejos de cerrar la instrucción" y, por tanto, de dictarse los autos de procedimiento abreviado o de apertura de juicio oral, que son los que habitualmente marcan la adopción de este tipo de medidas cautelares, en caso de considerarse necesarias.
Fue la polémica Asociación de Juristas Jiménez de Asúa, a quien Lis permitió hace años personarse en la causa contra Espino, quien solicitó que se adoptara esta medida. Este colectivo de abogados de Gran Canaria, acusado por la Audiencia Provincial y la Fiscalía de "mala fe" procesal y de actuar "como un caballo de Troya con intereses bastardos" en otras causas como Unión y Stratvs, planteó esta petición en diciembre de 2016. Sin embargo, el juez no la ha resuelto hasta casi un año y medio después, en la que podría ser además una de sus últimas decisiones antes de ser apartado de su cargo.
Fue en noviembre de 2016 cuando el CGPJ aprobó una sanción a Rafael Lis por una falta "muy grave" en el ejercicio de su cargo. Concretamente, Lis siguió instruyendo una causa que estaba siendo utilizada en su defensa por varios acusados de Unión, como Juan Francisco Rosa y Luis Lleó, a pesar de que ya había sido recusado por existir dudas sobre su imparcialidad, dado que la mujer del juez era abogada de Rosa. La sanción se hizo firme un año después, al rechazarse un recurso del juez ante el propio Consejo. Entonces, Lis acudió a los tribunales pidiendo medidas cautelares para que no se aplicara aún la sanción, por la que se le suspenderá durante seis meses de empleo y sueldo.
El Consejo ya ordenó al TSJC que apartara a Lis de su cargo
El Tribunal Supremo ya rechazó la solicitud del juez Lis el pasado 8 de marzo, en un auto en el que advertía que debía prevalecer el "interés general", subrayando que el "adecuado funcionamiento del Poder Judicial sería incompatible con la percepción social de que quienes ejercen ese poder, pese a ser sancionados por infracciones muy graves, lo siguen ejerciendo, aunque sea transitoriamente", hasta que se resuelva el fondo del recurso.
Dos semanas después de dictarse ese auto y de que fuera notificado, el Consejo General del Poder Judicial acordó remitirlo al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para que ejecutara la sanción y apartara a Lis de su cargo. Sin embargo, un mes después esto sigue sin hacerse efectivo. "El proceso está en trámite", han señalado a La Voz desde el TSJC, desde donde confirmaron que hace quince días ya recibieron la notificación del Consejo y que están pendientes de "consultas" sobre cómo ejecutar la suspensión.
Mientras tanto, Rafael Lis continúa en el Juzgado y ha adoptado esta medida a petición de la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa, que también ha sido acusada de defender los mismos intereses que algunos de los principales acusados en causas de corrupción en la isla, algunas denunciadas por Carlos Espino, como Juan Francisco Rosa y Luis Lleó.
Fianzas de hasta 1,5 millones
En el auto dictado el pasado miércoles por el juez Lis se solicita una fianza de más de 1,5 millones de euros para Carlos Espino, de 1,3 millones para el empresario Antonio González Medina y de 95.616 euros, 49.428 y 65.000 euros, respectivamente, para Mario Alberto Perdomo, Gloria Valenciano y Enrique Gutiérrez. Para ello, el juez se basa en una pericial realizada hace ya cuatro años, alegando ahora que debe asegurarse esas cantidades porque existe un "peligro" de no poder recuperar después ese dinero, en caso de que eventualmente llegue a juicio la causa y de que los investigados resulten condenados.
"Esta resolución persigue atajar el evidente riesgo de pérdida de los bienes o recursos de titularidad de las personas investigadas con los que pueda hacerse efectivo el pronunciamiento judicial que en su día recaiga en su vertiente económica", señala el auto, que no precisa qué circunstancias han cambiado para adoptar ahora esta medida, cuando el último año prácticamente no se han practicado diligencias en la causa y cuando la investigación va camino de cumplir una década, ya que se inició por una querella presentada en 2010 por la entonces consejera de los Centros Turísticos, Ástrid Pérez.
En cuanto al cálculo de estas sumas, el magistrado incluye la cantidad completa que recibieron estos empresarios de los Centros, aumentándola en un tercio y sin restar las obras que la misma pericial sí considera ejecutadas. En total, aunque la instrucción sigue abierta hasta el punto de que el juez señala que aún no ha determinado si hay otras operaciones o personas a investigar, el auto hace referencia a tres operaciones.
"Caso cocina", "caso Centro de datos" y "caso web"
Una de ellas la bautiza como el "caso cocina" e incluye tanto los trabajos realizados en la cocina de Jameos del Agua como otras obras adjudicadas a Climafrical y a otras dos empresas de Antonio González Medina. La segunda, a la que se refiere como "caso Centro de Datos y otros", afecta a Mario Alberto Perdomo y Gloria Valenciano como socios de la empresa V&A, que fue contratada para un servicio de asesoramiento y consultoría, cuya ejecución pone en duda el magistrado en su auto.
Además, señala otro contrato más con Mario Alberto Perdomo, al que el auto firmado por el juez Lis dedica un párrafo para describir su actividad. "Ha sido o es un periodista de dilatada trayectoria profesional en la prensa de estas islas, de sólida y elevada formación intelectual, afín a posicionamientos del Partido Socialista, y de brillante y afilada pluma", sostiene al referirse a Perdomo. "Al margen de otros cometidos, firmaba artículos de opinión en el periódico Canarias 7 y Diario de Lanzarote. Una lectura de artículos de opinión pone de manifiesto las loas que realizaba del Secretario General del Partido Socialista de Lanzarote y Consejero Delegado de los CACTS, Carlos Espino Angulo, e, igualmente, de las afiladas críticas que realizaba de los 'enemigos políticos' de aquel", añade.
En cuanto a la tercera operación, se refiere a ella como "caso página web" y afecta a Enrique Gutiérrez Farez, con el que se firmó un contrato para elaborar un portal web de la EPEL de los Centros por importe de 50.000 euros. "De los hechos investigados y de las diligencias hasta ahora practicadas se desprende que existen poderosos elementos indiciarios de la comisión de los delitos de prevaricación, malversación y fraude que por sí solos y a la espera de las últimas diligencias para finalizar la instrucción obligarían a la apertura de la fase de procedimiento abreviado", señala el juez, que al mismo tiempo reconoce que "aún se está lejos de cerrar la instrucción" y por tanto de llegar a esa fase de procedimiento abreviado, sin precisar qué diligencias son las que faltan hasta entonces ni las que se han realizado en el último año, en el que prácticamente no ha habido avances en la causa.
