"Nada que declarar. Y muchas gracias al Tribunal". Con estas palabras de Juan Francisco Rosa ha terminado el primer juicio del caso Stratvs, que durante toda la semana ha sentado a 10 personas en el banquillo de los acusados y que pasadas las 17,30 horas de este viernes ha quedado visto para sentencia. Antes se habían escuchado las conclusiones de los abogados de la defensa, que han pedido su libre absolución de sus clientes y la condena en costas a las acusaciones particular y popular.
Pese al orden establecido durante el juicio, el primero en intervenir ha sido el abogado de Rosa, José Antonio Choclán Montalvo. Al parecer, el letrado había obtenido el consentimiento de las otras 9 defensas para cederle el turno, pero no había consultado este cambio ni con las acusaciones ni con la Fiscalía, aunque ha sido aceptado por el Tribunal,.
El motivo que ha alegado es que debía coger un vuelo, aunque después ha permanecido varias horas más en la sala. Y allí ha podido escuchar los elogios que le han dedicado varios abogados del resto de acusados, que se han adherido a lo manifestado previamente por Choclán. Este abogado, contratado por Juan Francisco Rosa hace dos años, ha representado a algunos de los cabecillas del caso Gürtel y del caso Púnica y, entre otros, representó también a Rita Barberá.
"Espero que quede para los anales"
Al igual que Rosa, otros ocho acusados también han renunciado a hacer uso de su último turno de palabra al final del juicio. Solo ha querido ejercer ese derecho el técnico de Actividades Clasificadas del Cabildo, Manuel Jesús Isidro Spínola. "Me gustaría morderme la lengua, pero a veces no se puede", ha comenzado diciendo el acusado, al que durante todo el juicio se le ha visto haciendo gestos de desaprobación cuando intervenían el Ministerio Fiscal y las acusaciones. Incluso, en la última jornada ha llegado a dirigirse a la letrada de la acusación popular, primero interrumpiendo cuando presentaba sus conclusiones finales y después señalando hacia ella e increpándola, según ha advertido la abogada a la Sala.
"Espero que quede para los anales que el jefe de Actividades Clasificadas del Cabildo ha sido acusado de prevaricación urbanística", ha señalado Spínola cuando ha llegado su último turno de palabra. Y es que tal como hizo el pasado lunes durante su interrogatorio, este viernes ha insistido en sostener que su intervención en el expediente para conceder la licencia de actividad a Stratvs no estaba relacionado con el urbanismo.
"Jamás pensé que me sentaría en el banquillo"
"Solo quiero decir que estoy cerca de la jubilación y jamás pensé que me sentaría en un banquillo", ha afirmado el ingeniero del Cabildo, para quien la Fiscalía pide en esta causa una multa de 18.000 euros y 9 años de inhabilitación. Además, Manuel Jesús Isidro Spínola tiene también otro juicio pendiente, en una de las piezas principales del caso Unión, centrada en las tramas de Urbaser y FCC. Según la instrucción de ese procedimiento, Spínola compartía varias empresas con el jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha, y a través de ellas realizaban proyectos privados para empresas, que luego dependían de su visto bueno para firmar contratos con la administración.
En cuanto a los otros ocho acusados -Gladys Acuña, Leonardo Rodríguez, José Antonio Rodríguez, Juan Lorenzo Tavío, Evaristo García, Andrés Morales, Vicente Bartolomé Fuentes y José Francisco Reyes- todos han renunciado a agregar nada tras terminar de escuchar las conclusiones de sus abogados. También la acusación popular ha presentado su informe final este viernes, mientras que la Fiscalía y la acusación particular, que representa a la familia Negrín como perjudicada, lo hicieron en la tarde del jueves.
Tanto la acusación popular que ejerce Transparencia Urbanística como la particular se han adherido a las penas solicitadas por el Ministerio Público en este primer juicio del caso Stratvs, que se centra en una pequeña parte de la causa principal. Concretamente, en la relacionada con la concesión de la licencia de actividad clasificada en el año 2008, que es en la que intervino la alcaldesa de Yaiza y parlamentaria regional, Gladys Acuña. El motivo es que tras el aforamiento de Acuña, el TSJC decidió asumir solo los hechos relacionados con su intervención en el procedimiento. El resto de los delitos, por los que la Fiscalía pide 15 años de prisión para Juan Francisco Rosa, están pendientes de juzgarse ante la Audiencia Provincial.
