"Parece el día de la marmota". Así ha resumido el fiscal Javier Ródenas lo ocurrido en la primera jornada de uno de los principales juicios del caso Unión, por el pago de sobornos y la malversación de caudales públicos en el Ayuntamiento de Arrecife, que ha comenzado este viernes con doce acusados en el banquillo incluyendo políticos, funcionarios del Consistorio y empresarios. Durante la sesión, las defensas han vuelto a plantear los mismos argumentos que ya han sostenido en otras piezas de la causa, invocando supuestas nulidades que ya han sido rechazadas incluso por el Tribunal Supremo, que ha declarado firmes varias sentencias de este procedimiento.
De hecho, tres de los doce acusados han llegado al juicio desde la cárcel de Tahíche, donde están cumpliendo ya condenas de otras piezas del caso Unión. El líder histórico del PIL, Dimas Martín, el ex interventor de Arrecife, Carlos Sáenz, y el que era jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, han entrado a la sala esposados y custodiados por agentes de la Policía Nacional, aunque al comenzar la vista les han quitado las esposas.
"Se ha frotado mucho la lámpara de la nulidad y ya no sale el genio", ha cuestionado Ródenas, al recordar los autos y las sentencias que han avalado ya la instrucción del caso Unión. Además, ha señalado que los argumentos de las defensas están llenos de "aspectos de fabulación" y de "hipótesis" para intentar que se invaliden pruebas y la causa entera. Sin embargo, ha recordado que los acusados en ningún momento han cuestionado el contenido de esas pruebas, incluyendo las conversaciones telefónicas interceptadas por la UCO, y han centrado su estrategia solo en buscar aspectos formales para que sean anuladas.
Un intento de "recusación tardía" de los magistrados
"El derecho de defensa no es una partida de póker", ha advertido Ródenas, que ha llegado a acusar a las defensas -y en particular a la letrada del ex concejal del PIL Antonio Machín, Juana Fernández de las Heras-, de actuar con "deslealtad profesional", entre otras cosas por intentar plantear al inicio de la vista una "recusación tardía" de los magistrados que componen la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, encargados de juzgar esta causa.
"Que esta parte no haya recusado a dos magistrados no es óbice para que ahora se abstengan en esta cuestión", ha empezado a señalar la abogada, que ha sido interrumpida por el presidente de la Sala, Emilio Moya. "No siga por ahí. Si usted y el resto de partes no han recusado a la Sala es que aceptan su idoneidad", ha zanjado el magistrado, ante lo que la letrada ha expresado su "más enérgica protesta".
Por su parte, la abogada de la acusación popular, ejercida por Transparencia Urbanística, ha recordado que Juana Fernández de las Heras es hija de Felipe Fernández Camero, que está acusado y pendiente de juicio en otra pieza de Unión, y ha cuestionado la estrategia conjunta que están siguiendo, entre otras cosas pidiendo y aportando nuevas periciales sobre asuntos que ya están resueltos.
"A ver qué conejo se sacan de la chistera", ha apuntado la abogada Irma Ferrer, recordando los reiterados intentos de que se anulen las actuaciones y añadiendo que, en este último caso, se estaba pasando de "un juego de magia" a "un juego de trileros", aludiendo a la relación familiar de esta abogada con uno de los acusados en otra pieza y a esos intentos de desacreditar la causa. Esto ha motivado una queja de Juana Fernández de las Heras, pidiendo que no se hicieran "referencias personales".
La "teoría de la conspiración"
"Pretenden elevar a categoría de verdad la teoría de la conspiración", ha sostenido la abogada de la acusación tras escuchar a las defensas, que han vuelto a insistir en cuestionar la grabación que dio origen al caso Unión, a raíz de la denuncia de Carlos Espino, y en alegar supuestas vulneraciones de derechos.
"Que hablen de indefensión me causa un poco de estupor", ha señalado por su parte el fiscal Javier Ródenas, que ha recordado que los acusados y su entorno han llegado a presentar hasta cuatro querellas contra el juez que inició el caso, contra uno de los fiscales, contra el secretario judicial y contra agentes de la UCO, y que todas han sido archivadas.
Pese a ello, y pese a todas las resoluciones que han avalado la instrucción en ésta y en otras piezas de la causa, las defensas han repetido frases ya escuchadas en otros juicios anteriores de Unión, como que "todo el procedimiento se encuentra viciado", que "se ha vulnerado el derecho de defensa" y el "derecho al secreto de las comunicaciones", que hay "infinidad de resoluciones en el procedimiento sin firma" y que "se ha vulnerado todas y cada una de las garantías del proceso".
Cuestionan hasta la hora en la que se puso la primera denuncia
Además, en este caso no solo han vuelto a hablar una vez más hasta de la grabadora que utilizó Carlos Espino cuando acudió a reunirse con Fernando Becerra después de haber denunciado el intento de soborno de Luis Lleó, sino que incluso han llegado a cuestionar la hora en la que se interpuso esa primera denuncia, afirmando que el entonces consejero de Política Territorial habló con los agentes a las ocho de la tarde. "Entendemos que a esa hora no está abierto el despacho", ha cuestionado la letrada.
"Un buen argumento para echar abajo toda una investigación. Podría pasar a los anales", ha ironizado a continuación el fiscal Javier Ródenas. En cuanto a la grabación de la conversación entre Espino y Becerra, ha recordado el último auto del TSJC que respaldó su validez en la pieza central de la causa, que es precisamente la que investiga ese intento de soborno de Lleó, y ha añadido que incluso aunque esa grabación realmente fuera nula, no implicaría la nulidad de todas las actuaciones posteriores en ésa y en el resto de piezas, como pretenden sostener los acusados.
Además, en el caso de la que se está juzgando ahora, ha añadido que su origen no estuvo en esa grabación, sino en una denuncia posterior de un empresario, al que le estaban pidiendo un soborno de 95.000 euros para desbloquear el pago de cerca de un millón de euros de deuda que reclamaba al Ayuntamiento de Arrecife. Precisamente la entrega de ese maletín en el bar la Taberneta, que estaba siendo vigilada por los agentes de la UCO, fue la primera intervención pública de esta operación policial, desencadenándose a continuación el resto de detenciones.
"Es mentira que las resoluciones no estén firmadas"
En cuanto a la "infinidad de resoluciones" sin firma a la que ha hecho referencia la defensa, el fiscal ha subrayado que en esta pieza en realidad solo hay cuatro, que ninguna tiene que ver con el fondo de lo que se juzga y que además "es mentira que no estén firmadas", ya que eso quedó subsanado hace años.
Respecto a la supuesta indefensión por no haber podido acceder a todas las actuaciones, el fiscal también lo ha desmentido, subrayando que desde hace años, cuando fueron escaneados los últimos documentos, se puso a disposición de todas las partes todo el material obrante en la causa. Al respecto, ha subrayado que desde ese momento, algunos letrados dejaron de ir al Juzgado a pedir ver esa información. "La falta de pericia o la desidia de las partes no lo convierte en indefensión", ha señalado Ródenas citando una de las resoluciones de la Audiencia resolviendo esta cuestión. Además, ha señalado que lo que se está buscando es "un artificio de indefensión", una "apariencia de indefensión", para poder invocar supuestas nulidades y vulneración de derechos.
Los acusados piden no acudir al resto de jornadas del juicio
Tras escuchar a las partes, el presidente de la Sala ha rechazado suspender la vista, que continuará el próximo miércoles ya con la declaración de los acusados, y ha señalado que las supuestas vulneraciones de derechos alegadas por las defensas se resolverán en la sentencia, como se ha hecho en los anteriores juicios.
Además, ha accedido a la petición formulada por varios acusados, entre ellos Juan Francisco Rosa, que han pedido no tener que estar presentes en las próximas sesiones, a excepción de la que estén citados para declarar y la última jornada del juicio, donde tienen derecho a último turno de palabra. Incluso, en el caso de los tres acusados que están en prisión, ha adelantado que podrán ejercer ese último turno de palabra por videoconferencia desde la cárcel, ya que las últimas sesiones no se celebrarán en Lanzarote sino en Gran Canaria.
En cuanto a los nuevos documentos que han aportado las partes en esta jornada, ha señalado que se pronunciará sobre si los admiten cuando se reanude el juicio el miércoles. Además, también se ha solicitado por parte de la defensa de Dimas Martín la citación de un nuevo testigo, el arquitecto Carlos Morales, que es marido de Alexia de Grecia y primo político del Rey. Tal como ha recordado el fiscal, Morales estuvo imputado en la causa, aunque finalmente se archivaron los cargos contra él, por lo que tanto Ródenas como la acusación popular han considerado "innecesaria" su citación.
Dimas habla de "dilaciones indebidas" tras pedir una nueva suspensión
Durante la primera jornada del juicio, la mayoría de las cuestiones previas han sido planteadas por los abogados de Dimas Martín y de Antonio Machín, mientras que los demás se han limitado en su mayoría a "adherirse" a sus argumentos, incluyendo el abogado de Juan Francisco Rosa, José Antonio Choclán Montalvo, que casi no han intervenido en la primera jornada del juicio.
En cuanto al letrado de Dimas Martín, ya ha adelantado que en caso de condena reclamará que se aplique como atenuante las dilaciones indebidas, por el tiempo que afirma que "la causa ha estado paralizada". "Curiosamente", tal como ha subrayado la abogada de la acusación popular, el letrado ha hecho este anuncio justo después de haber pedido una nueva suspensión de la vista, que se suma a otras peticiones anteriores que sí prosperaron.
De hecho, este juicio debería haberse celebrado hace un año, pero se pospuso en dos ocasiones a petición de las defensas de Juan Francisco Rosa y del propio Dimas Martín, que este mismo viernes ha vuelto a hacer un nuevo intento nada más comenzar el juicio, pidiendo que se suspendiera. En esta ocasión se ha basado en la petición formulada por la Fiscalía, que ha pedido que se incorpore testimonio de unas cartas de Dimas Martín, que ya que analizaron en otra pieza de Unión. Según la defensa, no había podido conocer su contenido, por lo que ha comenzado pidiendo una nueva suspensión, pero la Audiencia ha rechazado sus pretensiones.
