Una de las piezas principales del caso Unión, que lleva cerrada y lista para ir a juicio desde hace dos años y medio, ha sufrido un nuevo retraso. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial, que acababa de fijar las fechas para la vista oral a partir de próximo 2 de mayo, ha establecido un nuevo calendario que aplazará el juicio hasta septiembre, a petición de las defensas de algunos de los acusados.
Quienes pidieron que se suspendieran las fechas previstas o varias de ellas fueron el empresario Juan Francisco Rosa, el líder histórico del PIL, Dimas Martín, y su hija y trabajadora del Ayuntamiento de Arrecife, Elena Martín. En una nueva resolución, fechada el pasado 14 de febrero, la Audiencia accede a esta petición y fija un nuevo calendario entre el 4 de septiembre y el 11 de octubre.
Debido al número de acusados y al volumen de hechos que se juzgarán en esta pieza, centrada en el cobro de comisiones ilegales desde el Ayuntamiento de Arrecife en la legislatura 2007-2011, se han señalado 16 jornadas de juicio. La vista comenzará en Arrecife los días 4, 5, 6, 7,11, 12, 13 y 14 de septiembre. Después, del 18 al 21 del mismo mes continuará en Las Palmas de Gran Canaria, donde también se celebrarán las últimas jornadas del juicio los días 8, 9, 10 y 11 de octubre. Esto también supone un cambio respecto a lo establecido inicialmente, ya que en el primer señalamiento estaba previsto que el juicio terminara en Lanzarote, celebrando en Gran Canaria solo cuatro sesiones.
Diez años desde que arrancó la investigación
En esta pieza de la causa, centrada en hechos ocurridos mientras se instruía el caso Unión -que comenzó a investigarse en 2008 y estalló públicamente en mayo de 2009-, la Fiscalía formuló acusación contra 14 personas, aunque una de ellas ya ha fallecido. Para los otros 13, el fiscal pide penas de entre uno y 17 años y medio de cárcel, por delitos que van desde el cohecho y la malversación de caudales públicos hasta la asociación ilícita.
El escrito de acusación señala a Dimas Martín como el líder de esa asociación ilícita, presuntamente integrada por otros miembros del PIL y dedicada al cobro de comisiones ilegales. Algunos de ellos, como Matías Curbelo, el ex concejal Ubaldo Becerra y el ex edil ya fallecido José Miguel Rodríguez confesaron los hechos y algunos alcanzaron incluso acuerdos de conformidad con la Fiscalía, aceptando las penas que se solicitan para ellos.
Además de Dimas, otros acusados en esta pieza tienen ya otras condenas a sus espaldas en piezas del caso Unión que ya han sido juzgadas. Uno de ellos es el que fue durante años interventor del Ayuntamiento, Carlos Sáenz, que actualmente está en prisión cumpliendo pena. Y lo mismo ocurre con otro de los técnicos de Arrecife, el ex jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, que también está cumpliendo ya condena por la pieza de Proselan, centrada en el pago de casi 300.000 euros a esa empresa de electricidad por servicios no prestados.
En cuanto a los empresarios acusados, la mayoría lo está por haber cargado facturas falsas o infladas al Ayuntamiento de Arrecife, además de por haber pagado presuntos sobornos para conseguirlo. Por su parte, Juan Francisco Rosa está acusado de falsedad en documento público, por haber firmado un falso contrato de trabajo con Dimas Martín, para que éste pudiera acceder al tercer grado penitenciario. La lista de acusados se completa con el ingeniero Antonio Cárdenas, que está acusado de delitos de aprovechamiento de información privilegiada con grave daño para la causa pública y fraude a la administración.
