Dos años y medio después de que la Fiscalía presentara el escrito de acusación y de que se ordenara la apertura de juicio oral, la Audiencia Provincial de Las Palmas ha puesto fecha al juicio de una de las principales piezas del caso Unión. En total, en el banquillo se sentarán 13 acusados, entre los que se encuentran el líder histórico del PIL, Dimas Martín, ex concejales y técnicos del Ayuntamiento de Arrecife y empresarios como Juan Francisco Rosa.
El juicio comenzará el próximo 2 de mayo y correrá a cargo de la Sección Sexta de la Audiencia, que ha reservado 17 días para celebrar la vista oral. Para las primeras jornadas, entre el 2 y el 23 de mayo, la Sala se desplazará a Arrecife. Después, el juicio continuará durante 4 días en Las Palmas de Gran Canaria –los días 7, 8, 14 y 15 de junio- y finalmente concluirá en Lanzarote, donde volverá a desplazarse la Sección Sexta del 18 al 21 de junio, cuando está previsto que termine el juicio.
En esta pieza de la causa, centrada en hechos ocurridos mientras se instruía el caso Unión -que comenzó a investigarse en 2008 y estalló públicamente en mayo de 2009-, la Fiscalía formuló acusación contra 14 personas, aunque una de ellas ya ha fallecido. Para los otros 13, el fiscal pide penas de entre uno y 17 años y medio de cárcel, por delitos que van desde el cohecho y la malversación de caudales públicos hasta la asociación ilícita.
Confesiones y "asociación ilícita" en el PIL
El escrito de acusación señala a Dimas Martín como el líder de esa asociación ilícita, presuntamente integrada por otros miembros del PIL y dedicada al cobro de comisiones ilegales. Algunos de ellos, como Matías Curbelo, el ex concejal Ubaldo Becerra y el ex edil ya fallecido José Miguel Rodríguez confesaron los hechos y algunos alcanzaron incluso acuerdos de conformidad con la Fiscalía, aceptando las penas que se solicitan para ellos.
Además de Dimas, otros acusados en esta pieza tienen ya otras condenas a sus espaldas en piezas del caso Unión que ya han sido juzgadas. Uno de ellos es el que fue durante años interventor del Ayuntamiento, Carlos Sáenz, que actualmente está en prisión cumpliendo pena. Y lo mismo ocurre con otro de los técnicos de Arrecife, el ex jefe de la Oficina Técnica Rafael Arrocha, que también está cumpliendo ya condena por la pieza de Proselan, centrada en el pago de casi 300.000 euros a esa empresa de electricidad por servicios no prestados.
En cuanto a los empresarios acusados, la mayoría lo está por haber cargado facturas falsas o infladas al Ayuntamiento de Arrecife, además de por haber pagado presuntos sobornos para conseguirlo. Por su parte, Juan Francisco Rosa está acusado de falsedad en documento público, por haber firmado un falso contrato de trabajo con Dimas Martín, para que éste pudiera acceder al tercer grado penitenciario. La lista de acusados se completa con el ingeniero Antonio Cárdenas, que está acusado de delitos de aprovechamiento de información privilegiada con grave daño para la causa pública y fraude a la administración.
Esto pide la Fiscalía para cada acusado
Dimas Martín, líder histórico del PIL: 17 años y 6 meses menos un día de prisión, multa de 409.000 euros e inhabilitación de 24 años por delitos de asociación ilícita, cohecho, malversación, prevaricación, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración, información privilegiada y falsedad en documento público.
Ubaldo Becerra, ex concejal de Urbanismo de Arrecife: 17 años de prisión, multa de 406.000 euros e inhabilitación de 26 años por delitos de asociación ilícita, cohecho, malversación, prevaricación, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración, información privilegiada y fraude a la administración.
Antonio Machín, ex concejal de Parques y Jardines: 12 años y 6 meses prisión, multa 300.000 euros e inhabilitación de 22 años por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos de especial gravedad, prevaricación, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración y revelación de información privilegiada.
Matías Curbelo, ex administrador de campaña del PIL y mano derecha de Dimas: 1 año y 4 meses de prisión, multa de 96.800 euros e inhabilitación de 5 años por delitos de asociación ilícita, cohecho y financiación irregular.
Elena Martín, jefa de Contratación de Arrecife: 2 años de prisión y 20 años de inhabilitación por delitos de prevaricación administrativa y revelación de información privilegiada con grave daño a la causa pública y fraude a la administración.
Rafael Arrocha, jefe de la Oficina Técnica: 4 años de prisión y 11 años de inhabilitación por delitos de revelación de información privilegiada y fraude a la administración.
Carlos Sáenz, interventor de Arrecife: 7 años y 6 meses de prisión y 10 años de inhabilitación por un delito continuado de malversación de caudales públicos de especial gravedad, prevaricación, falsedad en documento mercantil y fraude a la administración.
Antonio Gómez Ruiz, administrador de Estudio de Arquitectura Paisajística La Palmita: 12 meses de prisión, multa de 20.000 euros y 3 años de inhabilitación por delitos de cohecho, malversación, falsedad en documento mercantil y fraude a la administración.
Manuel Gregorio Reina Fabre, administrador de Construcciones y Reparaciones Reina: 4 años y 4 meses de prisión, multa de 12.000 euros e inhabilitación de 11 años por delitos de cohecho, malversación, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración y prevaricación.
Jesús Manuel Martín Brito, administrador de Infogelan Construcciones: 15 meses de prisión, multa de 100.000 euros por delitos de cohecho e inhabilitación de 3 años por delitos de malversación de especial gravedad en concurso con falsedad en documento mercantil, con delito de fraude a la administración y prevaricación.
Samuel Lemes, administrador de Construcciones y Promociones Samyer: 5 años de prisión e inhabilitación de 6 años por delitos de malversación en concurso con falsedad en documento mercantil, fraude a la administración, prevaricación y estafa.
Antonio Cárdenas, ingeniero: 2 años y 4 meses de prisión e inhabilitación de 4 años por delitos de aprovechamiento de información privilegiada con grave daño para la causa pública y fraude a la administración.
Juan Francisco Rosa, promotor inmobiliario: 2 años y 3 meses de prisión y multa de 15.000 euros por un delito de falsedad continuada de documento público
