La Audiencia ordena el ingreso en prisión de Javier Betancort y Montesinos para cumplir su segunda condena de Montecarlo

Rechaza suspender la pena de prisión porque ninguno ha pagado la responsabilidad civil, que implicaba devolver unos 300.000 euros que saquearon del Ayuntamiento de Arrecife

Los cinco acusados de Montecarlo confiesan el saqueo de 470.000 euros de San Bartolomé y aceptan las penas

El empresario José Vicente Montesinos y el ex concejal del PP San Bartolomé y actual gerente de Lancelot Medios, Javier Betancort, tendrán que ingresar en prisión de forma inminente. Así lo ha ordenado la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que ha rechazado suspender el cumplimiento de la pena a la que fueron condenados en uno de los juicios del caso Montecarlo, por saquear más de 300.000 euros del Ayuntamiento de Arrecife.

Los dos habían sido condenados ya en una primera pieza, centrada en el Ayuntamiento de San Bartolomé, donde Betancort era concejal de Hacienda y autorizó pagos por servicios no prestados a las empresas de Montesinos. Después, tras dejar la política, Javier Betancort empezó a trabajar para este empresario y trasladaron la misma trama al Ayuntamiento de Arrecife, que fue investigada y juzgada en otra pieza de esta misma causa.

En ambos juicios, José Vicente Montesinos y Javier Betancort confesaron los delitos y consiguieron rebajar las penas que solicitaba inicialmente la Fiscalía, tras alcanzar un acuerdo de conformidad. En el caso de Betancort, eso supuso rebajar la condena de cárcel a menos de dos años -concretamente a año y medio-, lo que abría la puerta a suspender la ejecución de la pena. Sin embargo, aunque con la primera condena lo consiguió, con la segunda no ha prosperado su intento.

El pasado 26 de octubre, la Audiencia ya rechazó su solicitud de suspender la ejecución de la pena de prisión, y ahora acaba de desestimar el recurso que presentó contra esa decisión. El motivo es que no ha pagado la responsabilidad civil que implicaba también esa condena, y que se había comprometido a abonar al aceptar el acuerdo de conformidad.

"No solo no se ha pagado dicha responsabilidad, sino que ya se anuncia que no se va a pagar”, señala la Audiencia Provincial sobre Javier Betancort. “El recurrente desde el principio no pretende pagar lo defraudado, puesto que ni siquiera habla de cumplimiento parcial. No consta que haya abonado cantidad alguna, o que haya ofrecido bienes para su pago, o haya tratado de obtener algún tipo de financiación para cumplir con la responsabilidad civil, o que de algún modo haya mostrado su disponibilidad al pago. Esta pasividad del penado simplemente revela su voluntad de no abonar nada en absoluto de los 287.175 euros de dinero público defraudado, y por ello no se cumple una de las condiciones necesarias para dejar en suspenso la pena”, señala el auto, fechado el pasado martes día 15.

En el caso de José Vicente Montesinos, su pena sí superaba los dos años de prisión -de hecho fue condenado a tres años y cuatro meses de cárcel-, pero también pidió que se suspendiera la ejecución, alegando que fue condenado por más de un delito y que ninguna de las penas superaba individualmente esos dos años. Sin embargo, la Audiencia también ha rechazado su pretensión, no solo porque tampoco ha cumplido con el pago de la responsabilidad civil, sino también por la gravedad de los delitos y por su reincidencia.

“No se han desvirtuado en absoluto los razonamientos que llevaron a denegar la suspensión de la pena impuesta”, señala el auto rechazando su recurso. Y esos razonamientos se basan en el Código Penal, que permite suspender la ejecución de condenas inferiores a dos años de prisión pero siempre que “las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen”.

Así, aunque la Sala admite que podría analizarse individualmente cada pena dentro de esa misma sentencia, añade que “en su contra” juega que la condena total era de tres años, tres meses y 14 días de prisión; y también sus antecedentes penales. De hecho, subraya que ésta esa su “segunda condena por delitos similares en poco más de un año”.

A esto añade que “la gravedad de la conducta de José Vicente Montesinos Ramírez es incuestionable, y así se refleja en el relato de hechos probados de la sentencia”, que fue reconocido por él mismo durante el juicio. Y también que -al igual que Javier Betancort- ni siquiera ha cumplido con el pago de la cantidad que se comprometió a devolver al Ayuntamiento de Arrecife.

Montesinos tenía que responder de la suma de 310.544 euros, y la Audiencia concluye que su “pasividad” de cara al pago “simplemente revela su voluntad de no abonar” ese dinero, que fue malversado del Ayuntamiento de Arrecife. Por eso, al igual que con Javier Betancort, rechaza su pretensiones, con un auto que ya es firme y contra el que no caben más recursos.

Junto a José Vicente Montesinos y Javier Betancort, en esta pieza de Montecarlo volvió a ser condenado también el ex interventor de Arrecife y de San Bartolomé, Carlos Sáenz, que ya estaba en prisión cumpliendo otras condenas anteriores del caso Unión. En su caso, tras confesar también los delitos, en esta pieza se le impusieron tres años, tres meses y ocho días de prisión, más de seis años y medio de inhabilitación y al pago de una multa de 150.000 euros por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento oficial, cohecho y blanqueo de capitales. Además, se le condenó a devolver de forma solidaria con los otros dos acusados el dinero malversado.

En esta pieza también estuvieron investigadas otras dos personas, el ex alcalde de Arrecife Cándido Reguera (PP) y el ex concejal de Hacienda José Miguel Rodríguez (PIL), pero ambos fallecieron durante la instrucción. Antes de fallecer, Rodríguez también confesó haber autorizado los pagos de esas facturas a sabiendas de que los servicios no se habían prestado realmente.

Además, detalló que aunque los pagos se hacían a nombre de sociedades de Montesinos, era Javier Betancort quien “llevaba esas empresas” y esos contratos con el Ayuntamiento de Arrecife, y que Carlos Sáenz fue quien les presentó, diciéndole que había que hacerle "un favor". Para ello, además de supuestos servicios de asesoramiento, le encargaron la elaboración de pliegos de concursos cuyos precios "eran desorbitados", y que ni siquiera eran necesarios ni llegaron a entregarse. “No vi ningún pliego. Nunca se realizaron. Solo vi dos borradores y eran iguales, solo cambiaba el objeto”, confesó Rodríguez durante la instrucción, dejando un testimonio que después fue confirmado con la confesión en el juicio de los tres acusados.

 

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