La polémica Asociación de Juristas Jiménez de Asúa (AJJA), que ya ha actuado tratando de entorpecer y dilatar otras causas de corrupción abiertas en la isla, se ha personado también como acusación popular en la nueva causa abierta contra Juan Francisco Rosa por la ocupación de zonas verdes públicas en Playa Blanca. No obstante, tanto el juez instructor como la Audiencia Provincial le han advertido que si actúa "más como defensa que como acusación", su "expulsión del procedimiento será fulminante".
"Existen antecedentes de otros procedimientos en los que se ha comportado no muy ortodoxamente, o por decirlo más claro, de forma contraria a derecho", señaló la Sección Sexta de la Audiencia Provincial en un auto dictado el pasado mes de junio. Así, aunque no anuló la personación de AJJA en la causa, sí rechazó su pretensión de que se rebajara la fianza de 3.000 euros que le exigió el juez instructor.
"No se puede mantener seriamente que la fianza de 3.000 euros es excesiva, antes bien, es muy comedida y moderada", señaló la Audiencia, haciendo referencia a esos "antecedentes" de la asociación en causas como el caso Unión. Al respecto, recordaba que este colectivo ha recusado a jueces para intentar apartarles de otros procedimientos y ha sido sancionada con multas "por su temeraria recusación", por lo que concluía que "la muy prudente fianza, sin duda, debe mantenerse".
Año y medio personada y sin actuar como acusación
Jiménez de Asúa pidió personarse en esta nueva causa a principios de 2018, poco después de que los denunciantes de este caso, los ex consejeros de Podemos en el Cabildo, hicieran público que su querella había sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife. Además, también se personó entonces el propio Rosa, que en ese momento ni siquiera estaba formalmente imputado, ya que ha sido ahora cuando se le ha citado a declarar para el próximo 13 de febrero, junto con el ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes, el ex secretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes, y el empresario Juan Luis Lorenzo.
Desde entonces, Juan Francisco Rosa ha presentado varios recursos tratando sin éxito de anular la causa. Por su parte, la Asociación de Juristas no ha registrado ni un escrito ni ha solicitado una sola diligencia para investigar los delitos que afirma querer perseguir, pese a que el juez instructor admitió su personación hace año y medio. Lo único que ha hecho AJJA hasta ahora es recurrir ese auto del magistrado, para reclamar que se rebajara la fianza le exigió y que se eliminara la decisión que le obligaba a ejercer la acusación popular junto a los querellantes, que también están personados en el procedimiento.
Éstos, por su parte, también recurrieron ese auto, primero ante el Juzgado y después ante la Audiencia Provincial. En su recurso, la acusación ejercida por Carlos Meca, Pablo Ramírez y Griselda Martínez recordaba que esta asociación ha sido "acusada de fraude procesal"; que "actúa de modo torticero"; que ha sido sancionada con dos multas de 1.000 euros cada una por presentar recusaciones contra jueces que fueron desestimadas; y que" en otro procedimiento se han comportado más como defensa que como acusación".
De hecho, en la pieza del caso Unión contra Luis Lleó, AJJA llegó a pedir que se anularan pruebas contra el empresario y tras fracasar en sus intentos, se retiró de la causa justo antes del juicio. Un juicio que finalmente no llegó a celebrarse porque el empresario, vinculado a Juan Francisco Rosa, confesó finalmente los delitos y alcanzó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía aceptando la condena. "Se ha quitado la careta", dijo entonces la Fiscalía de esa asociación, a la que llegó a comparar con un "caballo de Troya con intereses bastardos". Y es que pese a personarse como supuesta acusación, en otras causas ha terminado defendiendo las mismas tesis que acusados como Lleó o el propio Rosa, y no solo ha intentado apartar a jueces con recusaciones, sino que incluso llegó a presentar una querella contra el primer instructor de Unión, César Romero Pamparacuatro, que también fue rechazada.
"Evitar abusos ilegítimos"
Tras analizar el recurso de los querellantes y concluir que efectivamente AJJA ha tenido actuaciones "temerarias" y "contrarias a derecho", la Audiencia acordó no obstante "respetar de momento la personación acordada por el juez" que instruye esta causa. "No existe norma alguna que excluya a la citada asociación de personarse como acusación particular en cualquier tipo de procedimiento, si bien debe tenerse en cuenta que ningún derecho es ilimitado", advertía el auto de la Audiencia, que subrayaba que hay mecanismos previstos en la ley para "evitar abusos ilegítimos" en ese ejercicio de la acusación.
"Carece de sentido y es una burla a la justicia personarse como acusación particular y por ejemplo pedir el archivo de la causa, actuando más como defensa que como acusación, por lo que, en el mismo sentido que se ha declarado por el juez, se advierte a la dirección legal de esta asociación que, si así ocurriera, la expulsión del procedimiento será, a buen seguro, fulminante", añadía el auto.
Así, solo estimaba parcialmente los recursos de los querellantes y de la propia Asociación de Juristas Jiménez de Asúa, anulando la obligación de que compartieran "la misma dirección letrada y representación" y permitiendo que "litiguen de forma separada". Desde entonces, al igual que ha hecho en otras causas, AJJA no ha dado un solo paso tendente a ejercer esa supuesta acusación.
Quien sí ha continuado pidiendo diligencias es el Ministerio Fiscal, que considera que hay indicios de criminalidad para seguir investigando y pidió que la causa fuera declarada compleja y que se prorrogara la instrucción. Este procedimiento penal se centra en el desarrollo del Plan Parcial Costa Papagayo, donde se ubican los dos hoteles ilegales de Rosa, y concretamente en el convenio que este empresario firmó en 2004 con el entonces alcalde de Yaiza, que entre otras cosas le permitió construir el Kikoland en suelo que pertenecía a los vecinos del municipio. En virtud de ese convenio, que ya ha sido declarado ilegal por los tribunales en la vía contencioso administrativa, el Ayuntamiento le cedió 30.000 metros cuadrados de suelo público destinado a zonas verdes durante 50 años y sin pagar siquiera un canon.
