Fiscalía y acusación particular mantienen la petición de penas para los procesados por el crimen de Juan Carlos Tejera

Los cinco acusados del homicidio de Juan Carlos Tejera, muerto a golpes en 2015 en Lanzarote, se enfrentan a peticiones de entre 14 y 25 años de cárcel, al mantener sus imputaciones de asesinato con ensañamiento la fiscal y la abogada de la familia de la víctima, pese a las alegaciones de sus defensas, que sostienen que no hay pruebas que los inculpen.

A juicio de las defensas, al presentar los presuntos indicios de culpabilidad, las acusaciones han "intentado hacer un traje a medida", pero sin éxito, porque "se le ven todas las costuras", según ha argumentado uno de los letrados en la séptima y última sesión del juicio celebrado ante un Jurado por la Audiencia de Las Palmas para dirimir si cometieron o no esos delitos.

Reclamando "la libre absolución" de sus representados, José Carlos C.H., Angelo D.D. y Juan Antonio D.R., el abogado ha afirmado que, después de que testigos, policías que investigaron lo ocurrido y forenses que efectuaron la autopsia al cuerpo de la víctima hayan comparecido día tras día para prestar declaración, la conclusión es que "no hay prueba alguna" que acuse a los enjuiciados.

"Y mucho menos prueba de cargo suficiente ni legítimamente obtenida de acuerdo al ordenamiento legal", ha apostillado.

Frente a sus tesis, la representante del Ministerio Fiscal ha planteado que la implicación de los cinco hombres fue quedando confirmada a partir del momento en que se produjo "un hito en la investigación", que fue "el hallazgo de una huella palmaria" de uno de ellos en una furgoneta todoterreno del fallecido donde su cadáver fue trasladado para esconderlo a una cueva remota en el entorno de un vertedero de basura.

Seguimientos de los movimientos que todos ellos llevaron a cabo en días previos y posteriores al momento en que se dio por desaparecida la víctima, "en la madrugada del 12 al 13 de marzo de 2015", permitieron recabar, según ha dicho, suficientes indicios de su culpabilidad.

Parece este que ha compartido la abogada de la acusación particular, ejercida por los allegados del muerto, aduciendo que información facilitada por empresas de transporte y de telefonía a las que se consultó los sitúa en el lugar del crimen mediante el rastro de la señal de sus móviles y confirma que viajaron a Lanzarote expresamente desde otras islas y que, a fin de evitar sospechas, lo hicieron "de forma escalonada" y no en el mismo día.

Las defensas han rechazado esos argumentos, alegando que uno de sus clientes que pensaba viajar junto a otros dos aplazó la partida en el último momento porque entonces ya pesaba sobre él una condena por hechos pasados que establecía que para desplazarse necesitaba una autorización judicial que no logró conseguir a tiempo.

Y ha señalado, en cuanto a los datos relativos a la situación de sus teléfonos esgrimidos por las acusadoras, que "no eran referidos a la situación exacta de los móviles, sino a la ubicación de las antenas" que recibían sus señales.

La razón es que al investigarlas "no se hizo la triangulación" de su rastro, empleando informaciones cruzadas de varios registros para determinar con precisión dónde estaban los dispositivos de cada uno, conformándose con verificar que se conectaban con la antena que da cobertura al área en que está la cueva usada para ocultar el cuerpo, cuando resulta que "se encuentra al lado de los juzgados de Arrecife" y que su radio de acción es mucho más amplio, de manera que no es algo concluyente.

Pese a la oposición de ese letrado y de los defensores de los otros dos imputados, Néstor David P.P. y Antonio Enrique G.G., fiscal y acusadora particular han insistido en atribuirles lo ocurrido y en calificar los hechos como delito de asesinato con ensañamiento, achacándoles además la segunda otro de detención ilegal porque las pesquisas policiales desarrolladas apuntan a que su propósito inicial era capturarlo vivo y retenerlo en la cueva donde se halló su cadáver.

Planes estos que se truncaron, sin embargo, al hacerles frente cuando fueron a atraparlo Juan Carlos Tejera, a quien acabaron por golpear hasta morir, decidiendo luego sepultarlo en la gruta que habían preparado para encarcelarlo, y en la que, a tal fin, habían preparado una estaca, una argolla fijada con hormigón al suelo, aparentemente para encadenarlo a ella, y hasta una tienda de campaña, según se descubrió cuando se encontró por fin el cuerpo, más de una semana después de estar buscándolo y con ayuda de guías caninos, de acuerdo con el relato de las acusaciones.

También se han mantenido los cargos para una mujer, Tania R.R., a la que se acusa de complicidad con los supuestos asesinos, porque la fiscalía y la familia de la víctima creen probado que ayudó en distintas gestiones y al tratar de encubrir el crimen.

Si son culpables o no lo decidirá ahora un Jurado constituido al efecto y cuyas deliberaciones arrancan tras haber concluido la fase de presentación de pruebas y alegatos del juicio.