Uno de los miembros de una red criminal desarticulada por la Guardia Civil en Canarias en el año 2010 ha sido condenado a 12 años de prisión y a abonar una multa de 300 millones de euros por un delito contra la salud pública, al dedicarse a introducir droga en España y a distribuirla después dentro del país, especialmente en Tenerife y Lanzarote. El condenado es natural de Cádiz, aunque residía en la isla tinerfeña.
Esta sentencia de la Audiencia Nacional, fechada el pasado 20 de mayo, es la tercera que se dicta contra distintos miembros de esta banda, que han sido juzgados en procedimientos distintos. Hasta ahora, otras diez personas han sido condenadas ya a penas de entre 3 y 18 años de cárcel, en función de la participación de cada uno en la organización criminal.
En el caso de este último condenado, la Audiencia Nacional considera que su participación "está acreditada" y además, en "un grado de lugarteniente de la organización", al ser "la persona de mayor confianza" del otro cabecilla de la red. Según la sentencia, todo ello "consta acreditado por la testifical de los funcionarios el Eco Canarias y Edoa Canarias, que efectuaron las vigilancias y seguimientos, investigaciones patrimoniales, detenciones y tomas de declaración unidas al continuo tránsito de llamadas, que acreditan la realidad de la perpetración de los hechos".
Según la sentencia, el nuevo condenado y el líder de la organización, que ya tenía antecedentes penales por hechos similares, se dedicaban juntos desde hace años al tráfico de drogas, "actuando como intermediarios entre distintas personas, a su vez dedicadas unas al suministro de hachís desde Marruecos, otras al transporte clandestino de dicha sustancia desde Marruecos a España y finalmente, otras, (una vez ya descargado en suelo español el alijo), como distribuidoras de la sustancia en España".
Una "mecánica distinta" para cada operación
La Audiencia Nacional precisa en su sentencia que "cada operación tenía una mecánica propia y distinta". Por ejemplo, "algunas de las agrupaciones suministradoras contaban con barcos y hombres encargados del transporte" y otras, eran los dos principales acusados "los que se encargaban de buscar lanchas, barcos y hombres para hacerse cargo del trasporte hasta las islas, o entre las distintas islas, de dicha mercancía, haciéndose cargo en todos los casos de su alijado, desembarco, cargamento y custodia desde su llegada a las costas españolas hasta la distribución entre los distribuidores territoriales, valiéndose para ello de hombres que trabajaban para ellos habitualmente o contratados ad hoc para la operación".
Además, al menos desde el mes de marzo de 2010, "decidieron ampliar el negocio, aprovechando los conocimientos y contactos que tenían del hachís para dedicarse también al tráfico de cocaína, contactando para ello con productores de cocaína en Colombia, quienes se encargaban de poner el cargamento de cocaína en un punto del Atlántico cercano a las Islas Canarias, desde donde se encargarían de recogerlo" los dos principales acusados (uno de ellos condenado en esta sentencia y otro en una dictada anteriormente).
En su defensa, varios acusados intentaron sostener que las escuchas telefónicas, realizadas por la Guardia Civil con autorización de un Juzgado de Tenerife, se realizaron de forma ilegal. Sin embargo, al igual que en las sentencias dictadas anteriormente, la Audiencia Nacional ha rechazado ese argumento respondiendo que las autorizaciones de esas escuchas estaban debidamente motivadas y justificadas por la juez que llevó la instrucción.
Dos detenidos en Lanzarote
Aunque la investigación se inició en Tenerife, dos de las personas detenidas en la operación de la Guardia Civil residían en Lanzarote. Uno de ellos es natural de Melilla pero vivía en la isla desde hacía tiempo y el otro es natural de Uruguay y residía en Tinajo. Los dos habían sido condenados por otra sentencia, que ya fue confirmada tras rechazarse los recursos de los acusados.
En el caso del primero, su papel era el de vender la droga que traía hasta Lanzarote esta red, con la que estaba en permanente contacto. Por ello le impusieron una pena de 11 años de prisión, así como dos multas de 150.000 euros cada una. En cuanto al otro detenido en Lanzarote, su aparición en esta red se produjo cuando la Guardia Civil ya le seguía la pista a la banda. Concretamente, participó en la operación para introducir en las islas dos toneladas y media de cocaína procedente de Colombia.
La droga llegaba en barco y debían ir a buscarla a un punto en medio del océano, para lo que compraron un velero de más de 100.000 euros. A bordo iba a viajar uno de los miembros habituales de la banda pero, además, necesitaban a alguien con conocimientos náuticos, por lo que sumaron a esta nueva persona a la operación. Sin embargo, no lograron su objetivo y en junio de 2010, fueron detenidos cuando estaban con la droga ya en el velero. A este vecino de Tinajo, la Audiencia Nacional le impuso una pena de 9 años de prisión y dos multas de 150.000 euros.
Otro matrimonio arrestado cuando sacaba droga de la isla
Además de esta operación para intentar introducir cocaína en las islas, la sentencia consideraba probadas y acreditadas al menos otras dos. Una de ellas, la introducción de casi 1.200 kilos de hachís desde Marruecos por mar. La otra, el envío de 44 kilos de hachís desde Lanzarote a Tenerife.
Para ese envío utilizaron una línea regular de transporte marítimo entre ambas islas. La droga viajaba dentro de un vehículo que compraron y acondicionaron, creando "unos habitáculos secretos". Para esta operación habían "contratado" a un conductor que viajaba con su esposa, pero en este caso la droga tampoco llegó a su destino, ya que también fue interceptada. El matrimonio que viajó con la droga desde Lanzarote fue juzgado en una causa paralela y también ha sido ya condenado, él a tres años de cárcel y ella a año y medio.
