El consejero de Sanidad y Bienestar Social del Cabildo, Juan Manuel Sosa, se ha comprometido a mediar para que Fiscalía acepte la petición de los familiares de los ancianos de la antigua 'Sol de Otoño' de dar un tiempo a los gestores de la residencia para que subsanen las "deficiencias encontradas" y así no tener que cerrar sus puertas.
Sosa se desplazó este lunes junto a dos técnicas de Bienestar Social del Cabildo hasta el centro, ahora gestionado por la Asociación para el respiro familiar y ayuda a la tercera edad Virgen de Los Dolores, donde visitó las instalaciones y mantuvo una reunión con uno de los responsables del mismo y con los familiares. "Ante su situación de angustia de no tener donde realojarles, me comprometí a solicitar una entrevista con el fiscal para reclamar que no cierre la residencia, sino que dé un tiempo a la misma para que subsane sus deficiencias", ha declarado el consejero de Sanidad y Bienestar Social del Cabildo a La Voz tras el encuentro.
A este respecto, hay que recordar que los familiares registraron un escrito en Fiscalía el pasado 19 de septiembre, donde aseguraban estar sumidos "en una gran depresión, angustia y desasosiego" por no tener donde reubicar a los ancianos": "No podemos ocuparnos de ellos, qué más quisiéramos", señalaban los familiares, que pedían al Ministerio Fiscal que no dejara en "desemparo" a sus mayores cerrando la residencia, sino que diera un tiempo a la misma para subsanar las "irregularidades" detectadas por Fiscalía en las inspecciones realizadas al centro que motivaron que ordenara al Ayuntamiento de Tías que procediera a su cierre. Un precinto que la Policía Local intentó llevar a cabo el pasado 2 de septiembre, pero que no se pudo ejecutar al haber ancianos aún en el interior.
Según Sosa, desde que Fiscalía envió en julio un informe al Ayuntamiento concluyendo que se debía proceder al cierre inmediato de la residencia, tanto la anterior consejera de Bienestar Social del Cabildo como el Ayuntamiento de Tías se ofrecieron a "echar una mano" a los familiares para que cumplimentasen todos los trámites para conseguir que sus mayores sean ingresados en un centro público. Sin embargo, en todo este tiempo, según el consejero de Sanidad y Bienestar Social, sólo los familiares de seis de los 24 ancianos han conseguido la autorización judicial para que sus mayores puedan ser ingresados en una residencia y cumplimentado los trámites en Bienestar Social para que sea sean incluidos en lista de espera para hacerlo en una pública.
