La Policía Local de Tías acudió el pasado sábado a precintar la antigua residencia 'Sol de Otoño', gestionada ahora por la Asociación para el respiro familiar y ayuda a la tercera edad Virgen de Los Dolores, después de que el Ayuntamiento decretara el 3 de agosto la suspensión de la actividad tras una inspección de Fiscalía en la que se detectaron "graves" irregularidades. Sin embargo, no pudo ejecutarse el precinto al continuar habiendo ancianos en su interior, según ha confirmado el alcalde del municipio, Pancho Hernández.
Hay que recordar que este centro ya fue clausurado en 2012 por orden judicial, después de que el programa 'Diario de' de Cuatro denunciara el trato que recibían los mayores. Sin embargo, nueve meses después, su director, Adolfo Acuña reabrió las puertas de la residencia bajo el nombre de 'Brisas del Atardecer' al archivar la Justicia la causa contra el centro, que ahora gestiona una asociación, en la que Acuña ejerce de "subdirector, tesorero, secretario y administrador"
El Ayuntamiento de Tías recibió el pasado 18 de julio un informe "de no menos de 20 folios" de la Fiscalía Provincial de Las Palmas en el que, entre otras cosas, se decía que la residencia "carece de cualquier habilitación o acreditación del Gobierno de Canarias que le permita funcionar como centro sociosanitario". En el mismo, se señalaba que los fiscales actuantes consideraban la situación escrita "de gravedad" y se concluía que "debía llevar consigo la decisión por parte de la administración competente del cierre inmediato del centro", en el que había "24 ancianos alojados y 14 trabajadores".
El alcalde solicitó entonces un informe técnico y otro jurídico "que vinieron a aconsejar que se procediera a tomar medidas provisionales suspendiendo la actividad" y "dándole un plazo de 10 días para presentar alegaciones" a sus gestores. "Las presentaron, se desestimaron y se les advirtió de que, de no proceder a la suspensión de la actividad, se procedería al precinto y clausura del centro", ha explicado Pancho Hernández. La asociación registró después un escrito en el Ayuntamiento asegurando "que habían remitido el decreto de precinto pidiéndoles que con urgencia se hicieran cargo de los ancianos" y que "no atendería más peticiones de ingresos", pero que "continuaría cuidando de los abuelos en dicha residencia hasta su salida del centro".
El alcalde mantuvo una reunión con el Cabildo para realojar a los ancianos
Trascurrido un mes, el alcalde firmó una providencia para que se procediera al precinto de la residencia. Sin embargo, cuando la Policía Local acudió el sábado a ejecutarlo, se encontró con que "en su interior continuaban alojados varios ancianos, la mayoría con problemas mentales, y otros que carecen de familiares al ser personas que no tienen nacionalidad española", por lo que no puedo llevarse a cabo.
A este respecto, Pancho Hernández afirma que, aunque Fiscalía también remitió su informe al Cabildo y al Gobierno de Canarias, contactó en su momento con la entonces consejera de Bienestar Social de la primera institución de Lanzarote, la socialista Lucía Olga Tejera, para tratar el asunto y el realojamiento de los ancianos allí alojados. Incluso, apunta que mantuvo una reunión con ella, en la que también estuvieron presentes el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, y el ahora exvicepresidente, José Juan Cruz. "Nos comentó que ella se había puesto en contacto con el viceconsejero del Gobierno de Canarias y que él se había comprometido a tratar el asunto en Fiscalía. Sé que esa reunión después se aplazó pero ya no sé si se mantuvo, porque además luego ha ocurrido que Lucía Olga Tejera ha dejado de ser consejera del área", ha precisado.
"Nosotros hemos llegado al punto que teníamos que llegar, que es clausurar y parar la actividad, pero como no se puede llevar a cabo, se ha informado a Fiscalía. Yo me informaré a través de los servicios jurídicos y técnicos de cuál es el siguiente paso", ha añadido el alcalde.
"No tiene médico" e "incumple la ley con respecto a los ingresos"
En el informe de Fiscalía no sólo se habla de la falta de autorizaciones y de carencias en sus infraestructuras, sino que se pone de manifiesto que la residencia "no tiene médico" ni otro personal como psicólogo, terapeuta ocupacional o trabajador social, según ha confirmado Pancho Hernández, que ha tachado de "escándalo" lo ocurrido en el centro.
Y es que, en el informe de Fiscalía también se afirma que "la asociación incumple la ley con respecto a los ingresos", pues los mismos fueron firmados por "algún familiar" sin que los ancianos prestaran su consentimiento. "Ninguna de las personas ingresadas cuenta con autorización judicial de internamiento a pesar de que casi todos los residentes muestra una patología de deterioro cognitivo que hace presumir su falta de capacidad para conocer su estancia en el centro y permitir la misma", se recoge en el mismo, se apunta, que "el propio subdirector tiene conocimiento de ello.
