La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado el incremento de agresiones hacia efectivos del cuerpo en lo que va de año y lamenta que el Gobierno no tome medidas para evitarlo, tras el ataque de un turista inglés a tres agentes en el aeropuerto de Lanzarote el pasado jueves.
La AEGC considera que esta violencia está incentivada por las consecuencias penales “irrisorias” que enfrentan los agresores, por lo que pide la celebración de juicios rápidos, especialmente para aquellos casos que involucren a extranjeros.
“La mayoría de las veces no se pagan las multas por insolvencia del agresor o, si hablamos de las protagonizadas por turistas, ni se presentan en los juicios”, explica la Asociación. “La celebración de estos juicios rápidos sería una solución de paso hasta que el Gobierno lleve adelante el cambio de consideración jurídica de los miembros de las FCSE”.
Sin ir más lejos, señalan que el individuo inglés que dejó a los tres agentes en el hospital en Lanzarote ya está en su hotel disfrutando de sus vacaciones y en unos días volverá a su país “sin haber respondido ante la justicia”.
“Esta es la razón de que también reclamemos a Interior su compromiso de que todos los guardias civiles que sufran agresiones durante el transcurso de su servicio cobren las indemnizaciones sin tener que volver a recurrir a la justicia para que el Estado sea condenado subsidiariamente”, inciden.
Por otro lado, la AEGC también reclama que se les considere, de una vez por todas, como una autoridad, como lo son jueces, médicos, profesores o diputados. “Este cambio supondría un panorama pena más grave para los agresores que multas de 1.000 o 2.000 euros”, añaden.
“Este cambio es solo es cuestión de buena voluntad, se acaba de hacer con los vigilantes jurados y con los funcionarios de prisiones a los que ya se considera Agentes de la Autoridad”, explica la AEGC. “¿Por qué entonces no se puede hacer lo mismo con los miembros de las FCSE?”
No es la primera vez que piden que se tomen medidas al respecto, por lo que insisten en que siendo el “saco de boxeo al que todo el mundo puede golpear”. “Al final somos los guardias civiles los que tenemos que recurrir otra vez a los tribunales para denunciar al Estado y que subsidiariamente él nos resarza del daño sufrido”, aclara.
Además, señalan que este no es un problema exclusivo de la isla, ya que las agresiones han ido en aumento de forma generalizada a nivel nacional. Concretamente, en 2022 ya se han registrado hasta 60 agresiones a guardias civiles y 383 en el último semestre del año pasado.
