De nuevo otro segundo domingo de mes, más de 30 caravanas de coches se pusieron en marcha en España para exigir a los gobiernos que se sancione con fijeza "el abuso de temporalidad cometido con los trabajadores temporales en todas y cada una de las Administraciones Públicas españolas".
En el caso de Lanzarote, una quincena de coches adornados con globos negros y amarillos partió del Recinto Ferial de Arrecife para recorrer la ciudad en una nueva protesta en defensa de los trabajadores temporales públicos "en fraude de ley".
La manifestación fue nuevamente convocada por la Plataforma de Trabajadores Públicos Temporales en Fraude de Ley, que valora los acontecimientos "muy favorables" de las últimas dos semanas, como "la aprobación en el Parlamento asturiano, por primera vez en España, de una Propuesta No de Ley (PNL) en favor de la paralización de las OPE y de la regularización administrativa de los temporales en abuso" y más de una decena de sentencias "de fijeza" de los juzgados de Alicante y Bilbao.
Asimismo, resalta el "contundente informe de Constitucionalidad de la fijeza de los trabajadores en abuso elaborado por la ex-presidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas"; la "amenaza de Bruselas de seguir bloqueando los fondos destinados a España si no cumple con lareducción de la temporalidad"; la comparecencia del ministro Iceta "admitiendo pública y explícitamente el abuso que se comete sobre los trabajadores temporales y su voluntad de solucionarlo" y "las declaraciones de algunos sindicatos mayoritarios, que rectifican de palabra reconociendo el abuso y la necesidad de una solución para estos trabajadores", entre otros hechos.
Sin embargo, desde la Plataforma de Trabajadores Públicos Temporales en Fraude de Ley afirman que "nada de esto ha hecho cambiar el rumbo de las políticas del Gobierno". "Continúan obcecados en el camino emprendido de las OPE, hablando de lo complicado que es solucionar este problema y maquinando nuevos cambios en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) que no llegan nunca y que mucho nos tememos sean poco eficaces y favorables a la hora de resolver esta enquistada problemática", apuntan, señalando que mientras "las comunidades autónomas se limitan a decir que no pueden hacer nada y que esperan al cambio legislativo nacional".
Ante ello, indican que "las comunidades autónomas pueden, y es su deber inexcusable, hacer cumplir la directiva, invocándola directamente para realizar los cambios legislativos que consideren adecuados para estabilizarnos". "No es complicado, ni debe serlo en democracia, hacer cumplir las leyes. Se escudan en la falta
de legislación nacional cuando ya hace tiempo que Europa ha dicho que sus sentencias tienen que acatarse y que están por encima de cualquier norma interna o ley nacional, incluida la Constitución", añaden.
Asimismo, apuntan que "no hay que pactar nada con los entes sociales y las organizaciones sindicales mayoritarias" porque "la ley no se pacta, se cumple". Por todo ello, esta plataforma exige "una inspección para declarar inmediatamente el abuso de la temporalidad de todos los afectados, así como la exclusión de sus plazas de cualquier proceso selectivo, manteniéndolas paralizadas hasta haber determinado una solución acorde a derecho comunitario para su fijeza o estabilidad.
Amenazan con "recrudecer" sus acciones
Sin embargo, consideran que ha quedado "demostrada la falta de voluntad política para ajustarse a la ley y terminar con este problema enquistado de la temporalidad publica abusiva". "¡Quieren echarnos a la calle con procesos selecivos para mantener sus chiringuitos!¡Ya basta de tomarnos el pelo y darnos larga!", indican.
Así, afirman que no les está quedando "otro remedio" que "recruceder" sus acciones: "ir a la huelga, interponer demandas individuales masivas, impugnar todos los procesos selectivos, querellarnos contra los responsables de nuestras contrataciones ilegales para que paguen por ello, y denunciar ante Europa este atropello y rebeldía del Gobierno español para que los fondos no lleguen a su destino por incumplimiento reiterado, en un acto de desobediencia sistemática jamás visto en otro Estado", detallan.
Por último, exigen "con carácter de urgencia" una reunión con el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, para ofrecerle "las únicas soluciones acordes con Europa y con la Ley, advirtiendo que en caso contrario no pararán. "Ya no tenemos más paciencia", concluyen.
