La plataforma de afectados por la hipoteca Ahinor asegura que solo en el mes de abril se han realizado 23 desahucios en Lanzarote. “Lo de este mes ha sido una catástrofe”, afirma el presidente de la asociación, Francisco Santana, que apunta que están “desbordados de trabajo”.
Respecto a los meses anteriores, desde Ahinor tienen constancia de unos “10 o 12 desahucios” en cada uno de ellos. ”Cuando menos desahucios hubo en Canarias fue en el primer trimestre de 2021, y hubo 675 alzamientos. Imagínese que ha sido el mes que menos”, ha enfatizado.
Al problema del desahucio se le une la falta de vivienda en Canarias, que impide a muchas personas acceder a un alquiler o a una hipoteca. “No hay. Los alquileres ponen unos requisitos a las familias que son inalcanzables”, explica Francisco Santana.
Falta de asistencia jurídica gratuita
Francisco Santana explica que uno de los principales problemas que se encuentran las personas afectadas por desahucios es la falta de asistencia gratuita. “El Colegio de Abogados le cierra las puertas a la gente, y no le dan el derecho a la tutela judicial para que se puedan defender”, critica el presidente de Ahinor.
“El Colegio de Abogados no entiende que hasta el último auto, hasta el auto de lanzamiento, es un auto que tiene que firmar su señoría. Es un auto judicial, y tiene ese derecho de ser asistido y tutelado por la justicia y por el colegio de abogados”, asegura Francisco Santana, que añade que ante un caso de desahucio, desde el órgano colegiado “dan por cerrado el caso”.
“Nosotros hemos hecho escritos también al Colegio de Abogados, mostrando nuestra disconformidad, y a ver qué responde el decano del Colegio”, señala Santana, que añade que desde la asociación dan asistencia a las personas con sus abogados, pero que no pueden costear todo el procedimiento.
“También es necesaria la presencia de un procurador, y eso lo marcan los juzgados, y nosotros no tenemos medios económicos para pagárselos”, apunta Santana, que explica además que un procurador puede cobrar “hasta 80 euros por presentar un escrito”. “Hay familias que tienen ayudas de 450 euros, y no pueden pagarlo. Si nos dedicamos a pagar todos los procuradores a las familias vulnerables, no lo podríamos asumir”, añade.
“No hemos tenido ningún desahucio siempre y cuando lo cojamos a tiempo”
Ahinor existe desde el año 2009, coincidiendo con la crisis económica que se vivió entonces, y que supuso que muchas familias se quedasen sin hogar. A partir de ahí, la asociación ha trabajado para evitar los alzamientos, y Santana asegura que “en el 95%” de los casos han llegado a acuerdos con el banco.
“Desde 2009 no hemos tenido aún un desahucio, siempre y cuando lo cojamos a tiempo. Si los cogemos así nos tenemos que ceñir a los decretos del Covid, las moratorias de las personas vulnerables que no tengan alternativa habitacional o que vengan de desahucios por hipotecas”, explica el presidente de la asociación.
“Siempre buscamos una solución. Pero insisto, si los cogemos a tiempo. Si llegamos tarde, como se suele decir: salud y suerte. Lo intentamos por todos lados, pero este porcentaje de acuerdos es una responsabilidad para la asociación”, apostilla.
Muchas personas desconocen sus derechos en relación a la vivienda
A raíz de la pandemia, el Gobierno de España suspendió los desahucios que cumpliesen unos requisitos, tales como la pérdida de trabajo o de poder adquisitivo por culpa de un ERTE derivado de la pandemia.
“Hubo gente que veía reducidos sus ingresos en un 35% a causa de un ERTE por la pandemia. Pero si la pareja está en ERTE estamos hablando de una reducción del 70%, y si encima uno de ellos tenía la mala suerte de que lo parasen estamos hablando de un 135% menos”, señala Francisco Santana, que asegura que se están encontrando con gente "que desconoce sus derechos en relación a la vivienda".
El presidente de Ahinor también se refiere a la existencia de otros decretos, como el código de buenas prácticas, que podría ayudar a evitar el desahucio. “Si se coge el caso a tiempo, y teniendo la información suficiente, podemos llegar a acuerdos con el banco”, insiste.
“En la última parte del código de buenas prácticas se habla de la dación en pago, pero para llegar ahí hay que pasar por la carencia”, expone el presidente de Ahinor, que apunta que con la nueva ley hipotecaria de alquiler social, que es de siete años, “se da más respiro a la familia”.
“A lo mejor familias que tienen una hipoteca a 40 años y solamente ha pagado un año, igual el mejor comprador es hasta el banco, y podemos llegar a acuerdos y salir de la mejor manera”, apostilla Francisco Santana, que lamenta que muchas personas que atraviesan por una situación así desconocen sus derechos, y tampoco consiguen acceder a abogados de oficio.
